Este 26 de abril de 2022, el Día del Periodista en el Paraguay adquiere un significado más que especial. Por primera vez en más de tres décadas, desde que sicarios de la mafia del crimen organizado y del narcotráfico asesinaron al periodista Santiago Leguizamón, el 26 de abril de 1991, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, la viuda del comunicador, Ana María Morra, junto con sus hijos, empiezan a respirar un nuevo aire de reparadora justicia, habiendo logrado derrotar parte de la criminal impunidad en el país, gracias a la acción de organismos internacionales.
Los miembros de la familia Leguizamón, con el acompañamiento de gremios de periodistas y de derechos humanos, han tenido que atravesar duros episodios de amenazas, de silencio impuesto, de miedo, de mucho dolor, para llegar hasta aquí, pero en todo este tiempo no se han resignado a callarse ni a bajar los brazos, ni aun sabiendo que los cómplices de los asesinos manejaban el mismo Poder Ejecutivo en muchos periodos de gobierno del país, así como sectores del corrupto sistema judicial y del aparato legislativo.
Reivindicar justicia para Santiago es también reivindicar el sueño de una mejor sociedad, un nuevo tiempo de libertad y de institucionalidad democrática para el Paraguay.
El sueño de una radio “pequeñita pero libre”
Nacido el 26 de marzo de 1950, en Villa Hayes, Chaco, Santiago Leguizamón fue un periodista que descubrió su vocación libertaria y democrática, al formar parte de la primera promoción de estudiantes de comunicación social en la pionera facultad creada por un grupo de heroicos sacerdotes jesuitas, en las aulas del antiguo Colegio Cristo Rey, a finales de los años 60 y principios de los 70, en plena dura época de la dictadura del general Alfredo Stroessner.
Las lecciones impartidas por el legendario Pa’i Francisco de Paula Oliva o su querido profesor, pa’i José Miguel Munárriz, sobre la función social del periodismo, calaron hondo en el espíritu de aquel joven que había estudiado mecánica de aviación en Panamá, pero que anhelaba algo más que arreglar avionetas para que oscuros potentados pudieran surcar los cielos en viajes de placer o actividades ilícitas.
“¿Cómo vamos a ser periodistas, si no hay libertad en el país?”, se cuestionaba Santiago. Todos los días había gente presa, torturada, desaparecida, pero ningún periódico o radioemisora lo informaba, por miedo o por censura. “Alguna vez voy a tener mi propia radio, en algún lugar del país… y nadie podrá censurarme”, le decía a su novia y compañera de facultad, Ani Morra. Cuando ella le preguntaba en dónde, él decía que no sabía aún, solo que sería “una radio pequeñita pero libre, en algún lugar lejos, en la frontera…”.
Tras muchas dificultades, logró cumplir su sueño, en diciembre de 1975, cuando en una pequeña casa de madera, en medio de un gran terreno baldío, en las afueras de la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, Amambay, empezó su transmisión la emisora ZP 31, Radio Mburucuyá, “con el nombre de la flor más linda del Paraguay”, como le gustaba pregonar.
Se había casado con Ani, con quien llegó a tener cuatro hijos: Dante, Sebastián, Raquel y Fernando. Por razones prácticas y de seguridad, los miembros de su familia residían en Asunción, pero él viajaba a verlos casi cada fin de semana, como también ellos acudían a visitarlo cada tanto en Pedro Juan.
La «voz de los sin voz»
Desde que se instaló en la frontera seca con Brasil, Santiago convirtió a su radio emisora en receptáculo de las inquietudes comunitarias, con un contenido sumamente crítico ante las acciones de la mafia fronteriza.
Su programa de todas las mañanas, “Puertas Abiertas”, era el más escuchado en toda la región. Ante el micrófono, hablaba sin miedo y sin censura sobre los hechos de corrupción y nombraba a los principales narcotraficantes y contrabandistas.
Se escandalizaba cada vez que uno de sus reporteros informaba a través de los móviles sobre el hallazgo de un cadáver que amanecía en la línea fronteriza, producto de los “ajustes de cuenta” entre mafiosos, o simplemente víctimas de algún tiroteo. Les recriminaba por informar sobre el caso “como quien informa sobre el estado del tiempo”. En una de las muchas charlas que tuvimos al aire, en el estudio de la radio, me dijo: “No podemos resignarnos a aceptar el crimen en Pedro Juan como parte de la vida cotidiana. Cada asesinato tiene que seguir siendo un motivo de escándalo”.
Empezó a recibir amenazas de muerte, a las que no hacía mucho caso. Una sus frases favoritas era la que se atribuye a San Juan Crisóstomo y que estampó con letras visibles en el primer número de Mburucuyá Revista, el medio periodístico impreso que también editó y dirigió en los últimos años, antes de ser asesinado. La frase dice: “Hay que temer más el escándalo que produce el silencio y no el escándalo que proviene de la verdad revelada”.
Él pregonaba que su emisora radial debía convertirse en “la voz de los sin voz”, en el contexto de las persecuciones y arbitrariedades cometidas por la dictadura contra quienes no agachaban la cabeza al autoritarismo. Abrió el micrófono de su emisora a todos los sectores que no tenían otros medios para expresarse, defendió y cobijó a campesinos que buscaban organizarse en demanda de tierras, a indígenas desalojados de sus territorios ancestrales, construyó un galpón en la radio que convirtió en un teatro para que los músicos y cantautores de protesta vengan a actuar y transmitió en vivo por la radio sus festivales.
Se desempeñó como corresponsal de medios periodísticos de la capital, ABC Color, Última Hora, El diario Noticias y Canal 13. Enviaba reportes denunciando la corrupción de autoridades y funcionarios públicos, la tala de bosques, el contrabando, el narcotráfico y los muchos asesinatos.
El asesinato que quedó impune
El motivo de que envíen sicarios a asesinarlo fue la suma de sus acciones periodísticas de denuncias contra la mafia, que venía ejerciendo desde la instalación de su emisora radial, pero principalmente, como se diría, “la gota que colmó el vaso” fue una serie de reportajes investigativos sobre tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando de soja y robo de vehículos en Amambay, publicados en El Diario Noticias en marzo de 1991, por los periodistas enviados desde Asunción, el reportero José Gregor y el fotógrafo José Pastor Benítez.
Los periodistas realizaron las notas con la colaboración directa de Leguizamón, usando sus reportes, y así lo hicieron constar. Las notas hablaban de una presunta complicidad entre los capos del crimen y el gobierno del entonces presidente de la República, general Andrés Rodríguez, mencionando como uno de los principales jefes del tráfico al entonces poderoso empresario fronterizo, Fahd Yamil, más conocido como “El Turco” (actualmente preso en una cárcel brasileña).
Las notas causaron mucho revuelo y mucha incomodidad en los ámbitos de la mafia. Los autores principales de los reportajes habían regresado a Asunción, donde estaban resguardados, pero habían dejado a su suerte al corresponsal que les ayudó, en plena frontera, donde no existían ni existen garantías de seguridad. Los directivos del medio no se preocuparon por protegerlo, ni buscaron algún respaldo de las autoridades policiales y judiciales para brindarle mayor seguridad (aunque hubiera sido difícil, pues las autoridades eran cómplices de los mafiosos).
Cuando se produjo el trágico asesinato de Santiago, el 26 de abril de 1991, un mes después de que se hayan publicado las notas en El Diario Noticias, quienes conocíamos muy de cerca la situación nos preguntamos si acaso no fueron esas publicaciones las que sellaron su suerte o solo precipitaron la ejecución de una condena ya decretada de antemano, como represalia contra tanta pasión informativa, tanto coraje periodístico, tanta lucha democrática, tantos sueños por hacer posible un país diferente.
El Paraguay llevaba muy poco tiempo de haber salido de una larga dictadura militar, la del general Alfredo Stroessner (1954-1989) y emprendía un desafiante proceso de transición democrática, tutelado por el Partido Colorado, el mismo que había sostenido al dictador. Quien había derrocado a Stroessner, su propio consuegro, el general Andrés Rodríguez, acusado de estar relacionado con el narcotráfico y el crimen organizado, era quien se presentaba como “el salvador de la democracia” y ocupaba el cargo de presidente de la República. Luego se conocería que Rodríguez era compadre y socio comercial de Fadh Yamil, el capo narco a quien se atribuye haber ordenado el asesinato de Leguizamón.
En ese contexto, tras años de abierta censura, de periodistas perseguidos y encarcelados por publicar notas críticas, de diarios y radios que fueron clausurados arbitrariamente, la prensa paraguaya podía conocer una inaudita libertad. Por primera vez se publicaban artículos que incomodaban a los poderosos de la mafia y a sus cómplices políticos en el poder.
El asesinato de Leguizamón, el primero de una racha de hasta ahora 19 asesinatos de periodistas en el país, evidentemente tenía un claro propósito aleccionador, de atemorizar y tratar de frenar que la prensa siga investigando y publicando sobre las actividades mafiosas y sus nexos con los poderes del Estado. No en balde los asesinos eligieron con mucho simbolismo la fecha para ejecutar el crimen: el 26 de abril, en que se celebra el Día del Periodista en el Paraguay, como también eligieron la hora y el lugar, al mediodía, en la llamada “tierra de nadie” (la doble avenida fronteriza que divide a la ciudad de Pedro Juan Caballero, Paraguay de la brasileña Ponta Pora).
Por fortuna, el intento de crear temor no surtió efecto, sino que generó una ola de indignación ciudadana, y un importante sector de periodistas y de medios siguieron investigando y desnudando a la mafia, exigiendo al mismo tiempo que el asesinato de Santiago —y de los otros colegas que luego también cayeron— sea debidamente investigado, esclarecido y que los asesinos sean llevados ante la justicia, algo que lamentablemente no ocurrió en tres décadas.
En 1992, un año después del asesinato de Leguizamón, la Policía Federal brasileña detuvo a los sicarios brasileños José Tiro Certo Araulho, José Aparecido de Lima y Bras Vaz de Moura, quienes confesaron haber asesinado al periodista paraguayo “por encargo de Daniel Álvarez Georges (hijo de Fadh Yamil) y su primo Luis Enrique ‘Tulú’ Rodríguez Georges”.
A pesar de que esa información se hizo pública y era de carácter oficial en el Brasil, la Justicia paraguaya no movió un dedo para utilizar esa confesión. Por el contrario, el juez paraguayo Albino Aquino Amarilla convocó en setiembre de 1996 al prófugo Luis Enrique ‘Tulú’ Rodríguez Georges a prestar declaración en una sesión casi en secreto y en seguida lo dejó en libertad. Su argumento fue que la confesión de los sicarios ante la Justicia brasileña, de haber asesinado a Leguizamón por encargo de Tulú y su primo, era “una simple fotocopia de una declaración brindada en 1992 ante la Policía brasileña y no estaba traducida al español”.
Desde entonces, el voluminoso expediente número 70 del Juzgado del Crimen del Amambay sobre el asesinato de Leguizamón empezó a crecer como los vegetales y acumular telarañas en los anaqueles de los archivos judiciales.
Paralelamente, el asesinato de Santiago, más que producir temor, siguió motivando que se continúe investigando al narcotráfico y al crimen organizado, con valientes publicaciones periodísticas en los principales medios paraguayos.
La reparación en la CIDH y la Corte IDH
Fue el extraordinario esfuerzo de la viuda de Santiago, Ani Morra, como el de sus hijos, especialmente de Dante Leguizamón, hijo mayor de Santiago, actualmente uno de los mejores abogados expertos en derechos humanos en el país, los que hicieron posible reparar el olvido y la injusticia de más de tres décadas, derrotando a la impunidad.
Los miembros de la familia Leguizamón, con apoyo de organizaciones de periodistas, presentaron la demanda contra el Estado paraguayo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La misma estudió detalladamente el caso y decidió remitirlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el 13 de febrero de 2021, resaltando “la falta de adopción de medidas adecuadas y oportunas por parte del Estado” para proteger al periodista y prevenir la ocurrencia de su asesinato. Destacó especialmente “la falta de una investigación efectiva y diligente por estos hechos, consistente con los estándares internacionales aplicables y a la impunidad en la que se encuentra el caso”.
Según la CIDH “el Estado conoció del riesgo en el que se encontraba Santiago Leguizamón y que, a pesar de ello, no realizó un análisis de la situación, no le ofreció información oportuna sobre las medidas disponibles, en especial ante la desconfianza por parte del periodista sobre la efectividad de las medidas que podría adoptar el Estado, ni tomó medidas de protección oportunas y necesarias en beneficio del periodista para prevenir su muerte. Por lo anterior, la CIDH concluyó que el Estado de Paraguay es responsable internacionalmente por la muerte del periodista debido a que no actuó de conformidad con su deber de prevención y protección, y no garantizó su derecho a la libertad de expresión”.
La Comisión también sostuvo que “la investigación y el proceso penal no cumplieron con los estándares de debida diligencia ni con el plazo razonable, ni siguieron una línea lógica de investigación vinculada con el ejercicio de la labor periodística de la víctima que buscara identificar e investigar a todos los posibles autores materiales e intelectuales del crimen. Además, se resaltó la falta de debida diligencia y retrasos injustificados en las solicitudes de cooperación internacional dirigidas a Brasil, debido a que el asesinato se produjo en una zona fronteriza y varios de los presuntos autores materiales se encontrarían en el país limítrofe, sin posibilidad de ser extraditados”. Concluyó que “el Estado de Paraguay violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la familia de Santiago Leguizamón”.
Con estos antecedentes, la Corte IDH admitió el reclamo y avanzó con el proceso jurídico internacional. El 18 de agosto de 2021, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez comunicó: “Tras el trabajo de análisis de nuestra Procuraduría General de la República, del caso Santiago Leguizamón Zaván y familia, que se tramita ante la CorteIDH, hemos tomado la decisión de que el Estado paraguayo se allane a la demanda”.
De este modo, el gobierno paraguayo aceptó oficialmente su responsabilidad de inacción y encubrimiento en el caso del asesinato del periodista y desistió de contestar a la demanda. El Ejecutivo se abría a un proceso de diálogo para cumplir las reparaciones exigidas por la familia Leguizamón, tratando de evitar más repercusiones internacionales del caso, pero no hubo acuerdo en algunas de las peticiones, principalmente en que se reabran las investigaciones de todos los demás casos de periodistas asesinados (de los 19 asesinatos de periodistas, desde la caída de la dictadura hasta ahora, solo el del corresponsal Pablo Medina, en octubre de 2018, tuvo un buen seguimiento judicial, con el arresto y condena de quien ordenó la muerte, el entonces intendente municipal colorado de Ypehú, Wilmar Neneco Acosta; la mayoría de los demás casos quedaron en la impunidad).
El pasado 25 de marzo de 2022, la viuda de Santiago, Ani Morra, al igual que su hijo, Dante, declararon ante la Corte IDH. La audiencia se hizo en la modalidad virtual, en el marco de la demanda contra el Estado paraguayo por omisión de protección y falta de esclarecimiento del crimen. Otros testigos también brindaron su declaración ante escribanía. El procurador general de la República, Juan Rafael Caballero González, participó en representación del Estado paraguayo, pero no contestó a las acusaciones, manteniendo la actitud de allanarse ante el pedido de los familiares.
En su declaración, Ani Morra sostuvo que el propio presidente de la República en ese entonces, el general Andrés Rodríguez, fue quien habría dado luz verde para que asesinen al periodista. Según su relato ante la Corte IDH, Rodríguez dijo en un almuerzo en Pedro Juan Caballero, en compañía de su compadre y socio Fadh Yamil y otras personas: “con este muchacho hay que hacer algo”, refiriéndose al molesto periodista.
El mejor homenaje a Santiago
En momentos de escribir este artículo, aun no se conocía la sentencia final de la Corte IDH. Ani Morra explicó el lunes 25 de abril que la familia Leguizamón acabó de presentar los alegatos y las observaciones ante el organismo, y que no existe una fecha precisa para que la Corte dicte su sentencia final, algo que se espera ocurra en las próximas semanas. Sea cual sea el veredicto (agregaremos los detalles, apenas se conozcan), es claro que el juicio se encamina a reparar una injusticia cometida por el Estado paraguayo durante más de tres décadas.
El resultado de este proceso es un hecho histórico, que derrota la impunidad, gracias a la valiosa e importante lucha de los miembros de la familia Leguizamón, junto a organizaciones de periodistas y de derechos humanos.
Es un valioso precedente, que abre posibilidades de reparar otros casos de comunicadores asesinados, mejorando la protección a los periodistas en su labor.
Esta es la mejor noticia que podemos compartir, para celebrar el Día del Periodista en Paraguay —junto con el nacimiento de nuestro medio El Otro País —, rememorando además el martirio de Santiago, como uno de los mejores homenajes en su memoria.
