Hubo una época en que Puerto Casado fue un próspero establecimiento industrial, luego de que el empresario argentino Carlos Casado del Alisal adquirió más de 6.500.000 hectáreas en el Chaco paraguayo y fundó en 1883 la empresa Carlos Casado SA, iniciando el funcionamiento de la primera fábrica de extracto de quebracho (tanino) de América.
La industria se convirtió en una de las más grandes del mundo, produciendo hasta 2.400 toneladas mensuales, que eran exportadas principalmente a Europa y Estados Unidos. La fábrica funcionó hasta el año 1996, cuando el tanino dejó de ser un bien preciado en el mercado internacional, sustituido por productos sintéticos.
El trato paternal que brindaba la empresa hispano-argentina a los pobladores no les hacía darse cuenta de la necesidad de contar con tierra propia, hasta que un día, en el año 2000, los Casadeños vieron llegar en una avioneta a los administradores de Carlos Casado SA, junto con los empresarios coreanos de la Secta Moon (como se conoce al grupo religioso de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, fundada en Corea en 1951 por el reverendo Sun Myung Moon, con intereses políticos y económicos en diversos países del mundo), para que estos últimos tomen posesión de sus propiedades, compradas con todo lo plantado y clavado en el pueblo, con toda la gente adentro.
La noticia no fue buena y cayó como un balde de agua fría para los miles de habitantes que exigían una explicación, sin resignarse a tener un nuevo dueño feudal. Inmediatamente exigieron que las tierras pasen a ser de propiedad de los vecinos, por el derecho que les correspondía, de haberlas habitado durante varias generaciones.
Los representantes de la Secta Moon pidieron a la gente que abandonen sus casas. A cambio, ofrecieron como donación el cementerio. Los ofuscados pobladores retuvieron el avión en que habían llegado los empresarios y exigieron la presencia de un representante del Gobierno. No estaban dispuestos a aceptar que se haya vendido a la Secta Moon todo lo plantado y clavado, incluyendo las casas, la iglesia, los establecimientos educativos, el juzgado, la comisaría, las plazas, en fin, todo lo que había en la ciudad.
Fue el inicio de una lucha tenaz. En esa ocasión de ruptura nació la Comisión de Tierra, creada para defender la causa de los pobladores de Casado, que desde entonces se convirtió en una causa nacional y de soberanía.
Han pasado 22 años desde el inicio de esa lucha, tiempo en que se produjeron también confrontaciones entre los propios vecinos, ya que se formaron bandos de pobladores que pasaron a defender los intereses de la Secta Moon, la que consiguió adherentes a cambio de ofertas laborales, pero existe un sector histórico que persiste en defender la causa del pueblo, la larga lucha para que los casadeños tengan por fin su propia tierra.
Marchas y contramarchas
El recordado dirigente Francisco Dick llegó a encabezar la gran Marcha Casadeña hasta Asunción en el 2005, para reclamar la expropiación de 152.000 hectáreas. Fue el primer pedido que luego se redujo a 52.000 hectáreas, llevada hasta el Congreso Nacional, mediante un proyecto defendido por los entonces senadores José Nicolás Morínigo y Bader Rachid Lichi.
El primer resultado fue obtener una media sanción al proyecto de expropiación de 52.000 hectáreas, que luego maratónicamente fue derogado y tachado de inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, una resolución que quebrantó las expectativas de los pobladores, que ya comenzaban a tomar posesión de los inmuebles en poder de la Secta Moon, la que presentó una férrea oposición a la lucha por la tierra, mientras mantenía divididos a sectores de la comunidad.
Luego hubo otro giro, en donde los dirigentes de la secta propusieron la donación de 30.000 hectáreas de tierras, mediante una ley de donación presentada en el 2007, que hasta la fecha no fue transferida a los casadeños. Tampoco hubo traspaso de dicha propiedad al Estado, ni las tierras fueron inscriptas en el Registro de Propiedades. La situación se complicó aun más con las disputas internas entre los herederos del reverendo Sun Myung Moon, fundador de la Secta Moon, en el ámbito judicial.
Después de aquella histórica primera marcha a pie hasta la capital Asunción, en el 2005, en busca de una solución, hubo otras peregrinaciones, sumando así cuatro en total.
Colonización de hecho… y de desecho
Los dirigentes de la Comisión de Tierra consiguieron en el 2012 la seguridad jurídica mediante la “colonización de hecho”, a través de una resolución otorgada por el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), durante el interinato de la presidencia del abogado Emilio Camacho, para proteger a los ocupantes de parcelas ante los acosos, a través de demandas judiciales y órdenes de desalojos, que entablaba las firma Atenil SA, que administra las 300.000 hectáreas aproximadamente del latifundio que adquirió la secta Moon.
Esa “colonización de hecho” fue anulada en el 2015 por el entonces presidente del Indert, Justo Cárdenas, y luego restituida en el 2020 por otro ex presidente Mario Vega, pero de nuevo anulada en el 2021 por la actual presidenta del Indert, Gail González Yaluf, lo que dejó a los habitantes desprotegidos jurídicamente. Los dirigentes que encabezan la lucha social casadeña siempre denunciaron la fuerte influencia que posee la Secta Moon en el plano político y judicial para frustrar el derecho a acceso a la tierra propia.
En todo este tiempo han sucedido situaciones llamativas, como los problemas judiciales entre miembro de la Secta Moon, que disputan las tierra en los estrados judiciales, las negociaciones que no prosperaron con la comisión de tierras, una donación de títulos de propiedad gratuitos que la firma Atenil intenta realizar a ocupantes de domicilios ubicados en los diversos barrios de Casado, que sigue pendiente y cuestionado por las nuevas autoridades municipales.
Por último, ha causado alarma la aparición de presuntos paramilitares en propiedades de Atenil, ligada a la Secta Moon, a los que se ha presentado como guardias de seguridad para resguardar a las tierras de la empresa, pero los pobladores han hecho varias denuncias sobre casos de amedrentamientos que han recibido de estos hombres armados, tanto en zonas rurales como en el mismo casco urbano de Casado.
El último intento de avanzar hacia el objetivo de que los casadeños accedan a la tierra propia se truncó otra vez en diciembre del 2020, cuando se presentó un nuevo proyecto de expropiación de 35.000 hectáreas en la Cámara de Senadores, pero el tratamiento quedó otra vez postergado.
La solución definitiva en manos del gobierno
La definición de esta problemática de tierras, por parte del Gobierno y los demás organismos del Estado, aún está pendiente. Los casadeños reivindican que la posesión del sitio en que varias generaciones de familias residen por más de un siglo, les corresponden en forma legítima y les deben ser adjudicadas.
La dirigencia de la Comisión de Tierra, presidida actualmente por Raúl Lagraña, un ex intendente que tomó la posta después del fallecimiento de Dick, junto con los miembros de la organización social, reclaman una solución integral y no aceptan promesas de pequeñas donaciones.
Por su parte, el obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, Monseñor Gabriel Escobar, fue tajante al sostener: “Es hora de que el Estado paraguayo solucione el problema de tierras y les otorgue a los ciudadanos de Puerto Casado lo que les pertenece”. Este comentario lo hizo tras las denuncias de incursiones de paramilitares, contratados por los miembros de la Secta Moon.
A 22 años de iniciada la lucha ciudadana, a pesar de la falta de respuesta de las autoridades, de los intentos de dividirlos y enfrentarlos por parte de los directivos de la empresa ligada a la secta Moon, de los ataques de personas armadas y de las traiciones de muchos políticos, un gran número de pobladores y pobladoras se mantienen en pie, sin dejar de movilizarse por lo que creen es su legítimo derecho de vivir en tierra propia. Quienes habitan en la zona rural trabajan en sus chacras con el rubro de pequeña ganadería y animales menores, mientras lo que viven en la zona urbana se mantienen en sus casas con diversas actividades, reclamando ante la deuda histórica de sucesivos gobiernos.
La experiencia de lucha de los pobladores de Puerto Casado es un admirable ejemplo de organización, solidaridad y resistencia ciudadana.
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