La histórica ciudad de Caraguatay se parece a la mayoría de los otros pueblos y ciudades del Departamento de Cordillera, un territorio en donde la población convive en forma armónica con un bello entorno natural, un lugar de gente laboriosa y amigable, de pobladores que en su mayoría se conocen entre sí y se saludan con amabilidad al encontrarse en la calle o en los cuidados espacios públicos. En su mayoría es gente tranquila, que al concluir sus tareas todavía disfruta de sacar los sillones en la vereda, compartir con sus vecinos, confiando en el respeto mútuo y en que nadie se apropiará indebidamente de lo que no es suyo, ni agredirá a los demás.
Los pobladores de Caraguatay viven orgullosos de lo que fué su máxima epopeya, exhibiendo los restos de los barcos que pelearon en la Guerra de la Triple Alianza (1884-1870) y hoy se guardan como reliquias en el Parque Nacional Vapor Cué, que atrae a turistas y apasionados por la historia. Les cuesta comprender que, en otros sitios distantes del país, como en los pueblos y ciudades de la frontera con el Brasil, exista gente que se mate a balazos por un cargamento de cocaína o de marihuana, o que amanezcan cadáveres tendidos en las calles o en los cementerios clandestinos, como una forma de ajustar cuentas por transacciones delictivas.
“Aquí no pasan esas cosas, aquí somos civilizados y vivimos en paz, todavía podemos dejar nuestras pertenencias en el patio durante la noche sin que nadie venga a robar”, nos decía, con cierto orgullo, don Samuel, un sacrificado comerciante que ha hecho estudiar a sus hijos con las rentas de su pequeña despensa.
Quizás por eso, el pasado martes 20 de setiembre, los caraguatenses sintieron que el diablo metió la cola en su paraíso, causando un generalizado shock en la población, dividiendo la hasta entonces apacible vida rural en un antes y un después.
Poco después de las 16, cuando un hombre, luego identificado como Braulio José Cano Vargas, de 37 años, alias José Curepa, presunto miembro de la banda criminal Clan Rotela, descendía de un ómnibus en el centro de la ciudad, fue atacado a tiros por otro hombre, a quien después la policía individualizó como Amalio Enrique López Arce, de 25 años.
José Curepa quedó tendido en el suelo, agonizando, mientras su atacante huía del lugar, a bordo de una moto. Tras escuchar los disparos y los pedidos de auxilio, la gente empezó a concentrarse en el lugar. Al ver que la víctima del ataque aún vivía, lo alzaron en una patrullera policial y lo trasladaron al centro de salud local, pero ante la gravedad de sus heridas, decidieron trasladarlo al hospital distrital de Caacupé, capital departamental distante a 42 kilómetros.
Rápidamente se organizó el traslado en una ambulancia del cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad. La capitana Alice Cabrera y otro bombero, quien hizo de chofer, fueron acompañados por un médico y un familiar del paciente. Lo que no sabían es que el atacante, López Arce, al enterarse de que su víctima no había fallecido, siguió a bordo de la moto a la ambulancia.
En el kilómetro 66 de la ruta, antes de llegar a la ciudad de Isla Pucú, el perseguidor los alcanzó y empezó a disparar contra el vehículo, buscando terminar el “trabajo”. La ambulancia recibió varios disparos en la parte de atrás del fuselaje. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes fue alcanzado por los balazos, pero el chofer tuvo que hacer varias maniobras bruscas con el volante para impedir ser heridos, lo que probablemente agravó aun más el estado del hombre malherido. Cuando finalmente llegaron al Centro de Salud de la ciudad de Eusebio Ayala, lo médicos del lugar certificaron que José Curepa había fallecido en el camino.
El narcotráfico como trasfondo
El violento episodio conmocionó tanto a los pobladores de Caraguatay, como a las poblaciones vecinas, poco acostumbrada a episodios de sicariato y a ajustes de cuentas entre delincuentes en plena calle. “Ya nos estamos convirtiendo en Pedro Juan Caballero”, destacó un periodista radial de Cordillera, haciendo alusión a la ciudad capital del Amambay, en la frontera con Brasil, que desde hace años se ha convertido en escenario de guerras entre bandas del crimen organizado y el narcotráfico.
“Los bomberos y las bomberas estamos siempre expuestos a muchos peligros, pero nunca me imaginé que pasaríamos por una situación como en las películas, en que un asesino nos persiga en moto para intentar matarnos”, relató la capitana del cuerpo de bomberos voluntarios de Caraguatay, Alice Cabrera, todavía afectada por el susto que pasaron.
Más que un hecho de sicariato, el comisario Blas Vera, director de Policía del departamento de Cordillera, sostiene que el caso se trató de un ajuste de cuenta entre bandas rivales por el control del mercado del tráfico de drogas, en plena expansión en la región.
Lo ocurrido en Caraguatay es un ejemplo de cómo el narcotráfico y el crimen organizado se va expandiendo a más territorios del país, cambiando las formas de vida de poblaciones que hasta hace poco se sentían seguras y protegidas.
Lo que en décadas anteriores estaba restringido principalmente a zonas de frontera seca entre el Paraguay y Brasil, donde se manejaba el contrabando de mercaderías y el tráfico de drogas, especialmente en ciudades como Pedro Juan Caballero y Capitán Bado, en el departamento de Amambay, se ha extendido a varias otras regiones del Paraguay, como Canindeyú, Alto Paraná, Concepción, San Pedro, Itapúa, Ñeembucú, Caazapá, Central, departamentos del Chaco y actualmente también ya golpea a zonas que habían estado fuera del esquema, como Cordillera.
Los casos cada vez más frecuentes de sicariato en Asunción y el Área Metropolitana, o ciudades veraniegas como San Bernardino, donde en un concierto multitudinario de grupos musicales en enero de 2022, se produjo un ataque a tiros entre bandas rivales, que también causó como efecto colateral la muerte de la conocida modelo e influencer Vita Aranda. La situación tiene que ver con el rol que va cumpliendo el Paraguay como la nueva meca de la cocaína, tal como hemos resaltado en anteriores newsletter de EL OTRO PAÍS.
En 2021, el Índice Global de Crimen Organizado (The Global Organized Crime Index), una organización que evalúa los niveles de delincuencia en el mundo, situó al Paraguay como segundo en América del Sur, con el porcentaje más alto de criminalidad, por debajo de Brasil; cuarto entre los 35 países de América Latina y 16 entre los 193 países del mundo. En un año, la situación se ha ido agravando más.
La conmoción ciudadana que hoy viven los pobladores de Caraguatay lleva a exigir a los gobiernos municipales y departamental, como al gobierno Central, que actúen para detener la escalada de violencia y de inseguridad, pero existen pocas posibilidades de que la situación pueda ser revertida por autoridades que están muy complicadas con la corrupción y la narco-política.
Solo una mayor acción ciudadana, que se haga sentir y lleve adelante proyectos de organización en torno a la seguridad, y que además tenga efectos en una mejor participación electoral, eligiendo a mejores candidatos, con propuestas serias y creíbles, puede evitar que el Paraguay se convierta en un narco-Estado o un narco-país.
