La Municipalidad de Caacupé, que ya viene sosteniendo un largo conflicto judicial con el consorcio que construye la ruta, ha declarado asueto distrital el lunes 17 para que la población pueda manifestar sus reclamos.
Es una situación similar a la que también viene sucediendo en otras ciudades afectadas por las obras, como Coronel Oviedo, Eusebio Ayala e Itacurubí de las Cordilleras, en donde también se construyen «variantes» (tramos de desvíos de la ruta, para que no pase por el centro de la ciudad, pero cortando la comunicación diaria entre comunidades) y paseos centrales de separación que no permiten que se pueda cruzar la vía de un costado a otro. En esos lugares, los pobladores debieron salir a manifestarse, cerrando la ruta, con el apoyo de sus autoridades comunales, para lograr algunas soluciones.
En el caso de Caacupé, los vecinos de las comunidades de Ytumí, Villa Ytú, Ytú Guazú, Ypuku, Fracción Las Colinas I y II y Potrero Po’i reclaman que los cruces peatonales se incluyan en los accesos principales de la zona Ytú, Las Colinas y Potrero Po’i, debido a que las tres áreas quedarían totalmente aisladas. También los productores de viveros de plantas y flores de la compañía Cabañas declaran que la falta de más accesos afectará gravemente su esquema productivo y económico. Los organizadores reiteran que no están en contra del progreso, no se oponen a la ampliación de la Ruta PY02, solo piden que la intervención se haga con participación de los pobladores, teniendo en cuenta sus derechos al trabajo y a una vida digna.
Esta situación es arrastrada desde hace tiempo, sin que hasta ahora se hayan ofrecido soluciones. A medida en que avanzan las obra viales, el conflicto se profundiza.
Para entender mejor la cuestión, reiteramos un artículo que habíamos publicado en El Otro País en abril pasado, y que sigue plenamente vigente:
El costo del Progreso
Las manifestaciones de protesta de pobladores, en Caaguazú y Cordillera, contra las obras de ampliación de la Ruta Py02 revelan que el afán de lucro y las pretensiones de réditos políticos electorales se imponen por encima de los intereses comunitarios. El Estado debe garantizar que «el progreso» no arrolle con una topadora los derechos adquiridos de la gente.
Doña Sebastiana Vega, propietaria del vivero Cuatro Hermanas, ubicado en el floreciente barrio Yvoty de la compañía Cabañas, en la ciudad de Caacupé, está muy preocupada.
La construcción de la llamada «variante Caacupé», que es parte de la ampliación de la Ruta PY02, a cargo del consorcio de empresas Rutas del Este (conformado por Sacyr Concesiones, junto a Ocho A), la está dejando a ella y a más de doscientos productores de la región, dedicados a la venta de plantas frutales, forestales, jardinería, pastos, abonos y planteras, sin el espacio que solían usar todos los años, sobre la avenida Gaudioso Núñez, que une a la compañía Cabañas con Caacupé, más conocida como Tape Tuja, sin el amplio espacio que solían utilizar para realizar anualmente la Feria Yvoty Rape, que les permitía encontrarse con miles de visitantes y turistas compradores.
En el lugar, el consorcio de empresas está construyendo actualmente un viaducto para que la variante Caacupé de la PY02 pueda cruzar el Tape Tuja, cumpliendo un desvío de 10,3 kilómetros, desde el kilómetro 49,6 de la actual ruta hasta el kilómetro 59,2, dando un amplio rodeo al centro urbano de la capital departamental.
“No estamos en contra del progreso, siempre que no nos perjudique a quienes trabajamos en este rubro, que es el que nos permite sustentar a nuestras familias. Lo que nos molesta es que ni siquiera nos avisaron que iban a despojarnos del único sitio en donde hacemos nuestra feria y tampoco nos ofrecieron un lugar alternativo. Además, la obra no contempla un paso peatonal, ni tampoco una opción para que los camiones medianos, que son los que transportan nuestros productos, puedan salir por este lugar a la nueva ruta. No somos los únicos afectados, hay muchos pobladores a quienes la ampliación de la ruta les está dejando totalmente aislados, sin ofrecerles medios de conexión”, nos explicó Ña Sebastiana, mientras organizaba una manifestación de cierre de la ruta con sus colegas dueños de viveros en Cabañas.
Este no es el único caso de conflicto que revela la otra cara de la promocionada “obra de progreso” que el Gobierno lleva adelante como la gran solución a los atascos de tráfico en la región.
Los trabajos de ampliación de la PY02 han encontrado también nudos conflictivos con pobladores en Caaguazú, Coronel Oviedo, Itacurubí de las Cordilleras, Eusebio Ayala, retrasando el cronograma de construcción de las «variantes» en dichas localidades, debido a manifestaciones de protestas de los pobladores afectados, en muchos casos porque las obras impiden los accesos y las salidas de sus comunidades, pero también porque afectan a recursos naturales y patrimonios culturales.
El escenario más conflictivo, sin embargo, es el distrito de Caacupé, donde el intendente Diego Riveros, decidió el pasado 19 de marzo suspender la construcción y operación de la obra variante en el municipio, por inconvenientes con el diseño y el incumplimiento de normas ambientales.
«Los directivos de estas empresas no tienen ningún tipo de control y hay una ausencia total de fiscalización de esta obra. Pareciera que están acostumbrados a llevarse todo por delante”, se quejó el intendente caacupeño en una entrevista con Radio Monumental. Los reclamos tenían que ver con daños causados a la naciente del arroyo Yakaré y a la falta de respuesta a pedidos de la municipalidad de contemplar varias obras de mitigación para que los pobladores no se queden sin poder conectarse a ambos lados de la nueva autopista. La respuesta de la empresa fue que la mayoría de esos pedidos no estaban contemplados en el contrato de construcción de la ampliación de la vía. El intendente cuestionó que los constructores tenían mucho apuro en terminar la obra sin atender los reclamos de los afectados, «para poder alzar el precio del peaje en Ypacaraí de 5.000 a 15.000 guaranies por cada vehículo liviano, así como ya lo hicieron en Coronel Oviedo, sin siquiera terminar la variante en esa región».
La situación derivó en una guerra jurídica y política, con una orden de paralizaciones de obras a través del Juzgado de Falta de la Municipalidad de Caacupé, seguido de una apelación del Consorcio Rutas del Este ante tribunales, una investigación abierta en la Fiscalia por presunto daño ambiental, un comunicado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de que las obras no habían parado y un pedido del intendente Riveros a la comunidad de denunciar en caso de que vean a algun obrero prosiguiendo las obras en el área de Caacupé. ¿En qué desembocará todo?
En el fondo, persiste la incertidumbre y la falta de transparencia de quienes ejecutan una importante obra vial que afecta a los entornos de las comunidades. Hasta ahora, quienes residimos en inmediaciones del Palacio de Justicia de Caacupé (es el caso de la sede de Ñe’e Raity – Espacio Creativo, desde donde se edita este nuevo medio, El Otro País) no sabemos cual será la manera en que cruzaremos la nueva ruta ampliada y desviada a través de la ruta asfaltada Atyrá-Candia-Caacupé, ni como se unirá la sede regional del Ministerio de la Defensa Pública con el local del Palacio de Justicia, ya que la variante atravesará en medio y al parecer no existe ninguna conexión prevista.
Es lo que ocurre cuando el afán de lucro y las pretensiones de réditos políticos electorales se imponen por encima de los intereses comunitarios. ¿Acaso debemos resignarnos a que esto sea el irremediable «costo del progreso»?
Desde El Otro País, acompañamos y alentamos las movilizaciones de los pobladores afectados por las obras de la ampliación de la ruta PY02. ¡Es justo que sean tenidos en cuenta sus legítimos reclamos!