A las cinco y veinte de la tarde ingresamos al territorio prohibido, entre largas hileras de plantas de marihuana que impregnan el aire con su característico y penetrante aroma, mientras bailan con el viento bajo las luces del atardecer.
Al contemplarlas, no podemos olvidar que, por el solo hecho de estar aquí, la policía podría llegar a arrestarnos y hasta podríamos acabar condenados a varios años de cárcel, como presuntos miembros de un esquema de narcotráfico, según la arcaica legislación paraguaya.
Los cultivos se encuentran en medio de una chacra, el tradicional kokue campesino, junto a parcelas de mandioca y maíz, a poca distancia del centro urbano de la Colonia Karapa’i, en el Departamento de Amambay, a unos 90 kilómetros de la frontera seca con Brasil, en medio de un fértil valle.
Hemos llegado hasta aquí a través de un polvoriento camino de tierra desde la Ruta PY11 “Juana de Lara”, que une a Puerto Antequera con la fronteriza Capitán Bado. Los campesinos que nos guían y son los dueños de la plantación, nos han permitido ingresar con toda confianza, a cambio de que no divulguemos en el reportaje sus identidades ni seamos muy precisos en señalar la ubicación geográfica del lugar.
—Les pedimos discreción, no tanto por nuestra seguridad, sino por la de ustedes —nos explica en guaraní uno de ellos, a quien llamaremos Anastasio—. Aquí la gente sabe que plantamos marihuana, como muchos otros campesinos, porque es la única manera de no morirnos de hambre, pues con la mandioca, el poroto o el sésamo, siempre tenemos pérdidas. Los policías lo saben bien. Nos cobran coimas millonarias para dejarnos cultivar, pero les va a molestar que vengan periodistas a ver nuestras plantaciones, porque va salir a luz su práctica de corrupción. Además, como represalia les pueden llevar presos a ustedes, acusándoles de ser cómplices del tráfico de drogas.
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Mientras observamos la plantación de marihuana, una mujer y dos niñas pasan muy cerca por un sendero, estirando la soga de un burro cargado con bolsas.
La mujer saluda desde la distancia y los marihuaneros responden levantando la mano:
—Adió mante, ña Marcela!
Ese saludo entre vecinos, un aparentemente trivial episodio cotidiano, constituye de por sí un acto que desmiente todo el discurso oficial que la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y los organismos estatales vienen repitiendo desde hace décadas.
“Los cultivos de marihuana en el Paraguay son ilegales y clandestinos”, dicen las autoridades del Gobierno.
“Cada vez que la SENAD descubre una plantación de marihuana, las destruye inmediatamente”, aseguran.
Es mentira. Las plantaciones que los agentes vestidos como Rambo destruyen a cada tanto, constituyen solo una mínima parte de todo y casi siempre es solo un show montado para los medios periodísticos y la televisión.
¿Cómo podrían existir 8.000 o 20.000 hectáreas de marihuana ocultas en un pequeño país, sin ser detectadas? En la mayoría de los casos, los cultivos presuntamente prohibidos y clandestinos están a la vista, a la vera de las poblaciones. Los moradores de las zonas de producción los conocen perfectamente, al igual que las autoridades.
—Los policías de la comisaría de Karapa’i nos cobran siete millones de guaraníes en cada cosecha de marihuana, para no molestarnos —denuncia Anastasio.
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Esta vez, algo ha cambiado.
En alianza con nuevas organizaciones civiles, los campesinos se muestran decididos a intentar romper el arraigado cerco del miedo, la coima y la corrupción, para pelear por el derecho a plantar legalmente la marihuana como si fuera cualquier otro rubro agrícola, con la certeza de que es tal vez el único cultivo que les puede dar una mejor renta económica.
El camino para ello es ampararse en las nuevas leyes que respaldan la producción del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, junto con una corriente internacional que promueve el crecimiento del mercado de la marihuana legal a nivel global, forzando a un paulatino cambio en la cultura de satanización de la marihuana.
—Unos años atrás, no nos hubiéramos animado a desafiar al Estado represivo, pero los avances logrados por organizaciones como Mamá Cultiva y Granja Madre, hoy nos muestran que esta lucha social es posible —asegura Anastasio—. Tenemos que cambiar la mentalidad de la gente. Está demostrado que la producción del aceite de marihuana ayuda a salvar vidas de muchas personas que tienen enfermedades graves. Su cultivo no daña al medio ambiente, como si lo hace la siembra extensiva de la soja, por la gran deforestación y el uso masivo de agrotóxicos, pero gran parte de la sociedad considera que la soja es “el oro verde”, todo lo bueno y que la marihuana es “la hierba maldita”, todo lo malo, cuando debería ser al revés.
Un vivero defendido por luchas campesinas
Sobre la calle principal del centro urbano de Aguerito, a 277 kilómetros al norte de Asunción, a dos cuadras de la ruta PY11, en medio de las principales casas y edificios comunitarios, se puede observar un gran invernadero, con su estructura de lona plástica blanca casi transparente, donde se alcanzan a ver varias plantas cultivadas en el interior, como también en el patio y en canteros especiales.
Si acaso las formas palmadas de las hojas o el intenso aroma característico dejasen alguna duda, en la entrada hay un gran cartel que informa inequívocamente de qué se trata:
Cultivo cooperativo y orgánico
Movimiento de Resistencia Campesina (MRC), Granja Madre, Asociación de Desarrollo Comunitario Aguerito (Adeca), Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial
CANNABIS MEDICINAL
A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 6007/17 Y POR LA DESCRIMINALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN YA!
El invernadero empezó a funcionar el 1 de mayo 2021, con la instalación de una parcela demostrativa, en un acto público que contó con la presencia de algunos periodistas y autoridades locales. Para cuidarse las espaldas ante posibles acusaciones de que estaban haciendo algo ilícito, los directivos de las organizaciones radicaron una “auto-denuncia” ante la Fiscalía regional.
Es decir, se denunciaron a sí mismos de que iban a plantar marihuana.
La acción tuvo su efecto. En más de un año, el invernadero viene funcionando sin interrupciones. En octubre de 2021, más de cien campesinos de Aguerito procedieron a la primera cosecha de flores, con toda tranquilidad. Lo recogido se utilizó para fabricar aceite artesanal de marihuana, cremas y otros productos, sin negar que alguna parte también se proporcionó para “fines recreativos”, como se denomina a la práctica de fumarla, inhalarla o consumirla por puro placer, lo que la legislación represiva sigue considerando “drogadicción”.
—Llamativamente, los de la SENAD y la Fiscalía nunca aparecieron por aquí, como si lo hicieron en nuestros locales de Granja Madre, donde destruyeron nuestros invernaderos y cultivos, y a mí me llevaron preso como si fuera un traficante delincuente —relata el abogado y empresario Juan Carlos Cabezudo, principal directivo de Granja Madre, quien el 21 de mayo de 2021 ya había sufrido un aparatoso allanamiento fiscal policial en dos establecimientos en Luque y Areguá, cuando agentes antidrogas con fusiles de asalto irrumpieron en las fincas, destruyeron las plantas e incautaron todos los equipos, presentando la acción como un operativo contra el crimen organizado.
En esa oportunidad, Mamá Cultiva, la organización de madres que reclaman el libre uso del aceite de cannabis medicinal para salvar la vida de sus hijos, cuestionó el procedimiento y el arresto del activista social.
“Juan Carlos Cabezudo siempre trabajó a cara descubierta, a favor de las personas que requieran el aceite medicinal. Nuestra solidaridad con él y GranjaMadre. Mientras el Ministerio de Salud y el Ejecutivo nos cerraban la puerta, el ‘aceite artesanal casero’ ha salvado a nuestros hijos. Quizás para muchos es ilegal, pero es más ilegal ver sufrir a nuestros hijos, padres, hermanos, seres queridos y no hacer nada. ¿Qué harías si fuera tu hijo el que convulsiona 50 veces al día? No más presos por plantar esperanza para la salud. Nuestra lucha es clara: Autocultivo, Cultivo Comunitario para todas las personas que requieran la medicina”, aseguró en un comunicado.
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Probablemente, todo el escándalo que generó el procedimiento represivo y la gran solidaridad ciudadana que se despertó ante la acción represiva, tuvieron efecto para que la SENAD y la Fiscalía no vuelvan a realizar un operativo similar contra el otro invernadero de marihuana que Cabezudo estaba montando en la misma fecha, en Aguerito.
O quizás las autoridades temían enfrentar a los pobladores del asentamiento y a su renombrado jefe, Eulalio López, uno de los más controvertidos y populares dirigentes campesinos en el Paraguay.
Considerado un líder cívico para los movimientos sociales, un invasor de tierras y delincuente para los sectores de empresariado rural, Eulalio López había sido arrestado por primera vez en 1990, a los 19 años de edad, por dirigir la ocupación de tierras de una estancia ganadera en Concepción, con un numeroso grupo de familias campesinas desarraigadas.
Tras una larga lucha por obtener la expropiación de parte de las tierras que pertenecieron a la célebre empresa yerbatera latifundista La Mate Laranjeira, la ex estancia Aguerito, López y su gente conquistaron en 1992 la cesión de 3.000 hectáreas, en el extremo este del distrito de Santa Rosa del Aguaray, en donde se instalaron las familias, estableciendo una comunidad de tipo asociativo, considerada un modelo ejemplar de organización social.
—Somos reconocidos por nuestras luchas y por nuestros logros trabajando juntos, no solamente en Aguerito, sino en otras comunidades vecinas, como Tava Guarani —explica López—. Ahora estamos encarando esta nueva etapa, de conquistar el derecho a cultivar legalmente la marihuana. Lo hacemos de manera abierta, transparente, aun sabiendo que pueden venir a reprimirnos, pero no les tenemos miedo. Estamos acostumbrados a resistir ante el Estado represivo, pero también a demostrar que somos una comunidad laboriosa, que sale adelante con el esfuerzo y el trabajo agrícola. Estamos convencidos de que legalizar la marihuana será una manera de derrotar a la pobreza, a la corrupción y al narcotráfico, para que los campesinos puedan mejorar sus ingresos económicos y el Paraguay tenga nuevas oportunidades de negocio.
Contra las leyes que no se cumplen
Paraguay es el mayor productor de marihuana de América del Sur: abastece a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay de cannabis prensado, sostiene el periodista e investigador uruguayo Guillermo Garat, en su estudio “Paraguay: la tierra escondida. Examen del mayor productor de cannabis de América del Sur”, realizado en 2016.
El informe indica que el cultivo comenzó en los años 60 y se extendió para abastecer la creciente demanda regional. En ese momento se plantaban entre 6.000 y 7.000 hectáreas en tres cosechas anuales que permitieron las mejoras genéticas al cannabis. (Hoy la propia Senad habla de unas 8.000 hectáreas cultivadas y de una producción de 48.000 toneladas de marihuana al año, que emplean a unas 20.000 personas, mientras Granja Madre y otras organizaciones civiles estiman que los cultivos llegan a 20.000 hectáreas).
“Un clúster mafioso permea la actividad política, social y económica. Las tasas de homicidios en la frontera paraguayo-brasileña son escandalosamente altas y muestran el accionar de grupos de traficantes que disputan territorios hacia las rutas brasileñas. Aun cuando Paraguay no cuenta con planes de desarrollo alternativo ni con demasiados indicadores sobre cuáles han sido los resultados de sus políticas de drogas, todo indica un fracaso. Creció el uso, el abuso, el tráfico y la penetración de los grupos narcotraficantes en los tres poderes del estado, las empresas privadas y, también, entre porciones crecientes de la sociedad”, refiere Garat.
A pesar de numerosas modificaciones e intentos por actualizar las leyes que reprimen el tráfico de drogas, el Paraguay mantiene una política autoritaria acerca del cultivo de la marihuana, pero a la vez permite que el narcotráfico se sostenga como una actividad criminal creciente, con fuertes nexos en los partidos y poderes del Estado. La ley 1340/88, “que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines” es de la época de la dictadura stronista y responde a esa misma mentalidad.
—Con esa ley, los agentes de la SENAD o de la Fiscalía pueden entrar hoy a mi casa, y si encuentran que tengo una planta de marihuana para ayudar al tratamiento de mi hija, que sufre de epilepsia refractaria, me pueden llevar presa como una vulgar traficante —destaca Cynthia Fariña, presidenta de la organización Mama Cultiva Paraguay.
Desde hace años, junto a otras madres y padres de niños y niñas con diversas enfermedades graves —entre ellas cáncer, epilepsia refractaria, fibromialgia, endometriosis, depresión, esclerosis múltiple, párkinson, diabetes—, Cynthia viene luchando incansablemente por la libertad y la legalidad para producir y usar el aceite de marihuana, convencidas de que su aplicación es de alta efectividad médica para sus seres queridos.
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Las movilizaciones de Mama Cultiva y de otras organizaciones civiles han logrado que el Congreso apruebe en diciembre de 2017 la Ley 6007, que crea el Programa nacional para el estudio y la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, pero gran parte de lo que allí está establecido aún no se aplica en la práctica.
Principalmente, el Estado no cumple con el compromiso de proveer gratuitamente el aceite de cannabis a los pacientes que lo necesitan. Solo ha autorizado a algunos grandes laboratorios medicinales a fabricar el aceite, a un costo muy elevado, con la irónica contradicción de importar la marihuana de otros países, cuando el Paraguay es el principal productor de la región, aunque supuestamente en forma ilícita y clandestina.
Tampoco se cumple con el compromiso de realizar las investigaciones científicas necesarias para ayudar a una producción más accesible del aceite de marihuana. “Científicos señalan a la burocracia y limitaciones legales como el principal lastre, mientras pacientes y activistas deben afrontar los altos costos de los aceites producidos legalmente o bien la criminalización del autocultivo”, destaca en un artículo el medio Ciencia del Sur, aliado de El Otro País.
Aceite casero versus aceite de laboratorios
Hasta la actualidad se otorgaron trece licencias a diferentes laboratorios farmacéuticos para la producción del aceite medicinal, que vencen en el año 2025.
De los habilitados, Laboratorios Lasca fue el primero en presentar oficialmente el aceite de cannabis medicinal importado de Estados Unidos.
Son dos tipos de aceite de marihuana; El que contiene CBD (Ccannabidiol), elaborado en base al cristal de cannabis importado, especialmente para tratar la epilepsia, a 1.800.000 guaraníes el frasquito y el que contiene THC (Tetrahidrocannabinol), destinado principalmente a pacientes oncológicos, a 1.310.000 guaraníes.
La diferencia de costo con el aceite artesanal producido por Granja Madre y sus asociados, con la marca Kokuesero, es muy grande, ya que ofrecen cada frasquito a 50.000 guaraníes, y en su mayoría lo distribuyen gratuitamente a las familias con menos recursos.
Ante los fuertes reclamos, Lasca empezó a producir aceite a un precio mucho menor: El CBD Cannabidiol, el frasquito de 10 ml a 150 mil guaraníes, y el aceite de cannabis de 30 ml a 264.000 guaraníes.
Un informe de la Cámara de Senadores, dado a conocer en setiembre de 2022, sostiene, sin embargo, que “hasta la fecha, lo que hacen estos laboratorios, es importar el aceite y procesarlo en el país, es decir, todavía no hay un laboratorio que esté produciendo el aceite del cannabis en el país”.
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Las integrantes de Mamá Cultiva y los propulsores de la legalización de la marihuana reclaman que también se les permita producir legalmente el aceite casero de cannabis, bajo normas de calidad, que puedan ser distribuidos gratuitamente a quienes no tengan posibilidades de adquirir, y a un precio más accesible que los laboratorios, como fuente de ingreso para ayudar a las familias.
Gustavo Lucantonio es uno de esos padres de familia que, para ayudar al tratamiento de su hijo Estefan Arcángelo, quien sufre de parálisis cerebral mixta, se mudó de la ciudad, adquirió una pequeña granja en la zona de Patiño, Departamento Central, donde mantiene una huerta de productos orgánicos, con una pequeña plantación de marihuana y un laboratorio doméstico para la producción del aceite medicinal.
“Tuve que aprender a fabricar el aceite. A 33 semanas de haber nacido, a mi hijo le diagnosticaron parálisis cerebral mixta. Con la medicina tradicional no hubo avances. En lugar de progresar, retrocedía su situación. En el 2008, cuando mi hijo tenía 8 años, en una internación con alto riesgo, me dijeron que prácticamente ya no podría seguir viviendo. Buscando otras soluciones, nos recomendaron tratarlo con el aceite de marihuana, combinado con un cambio de hábito a una vida natural, en el campo, con aire puro y una alimentación sana. Muy pronto, sentimos la diferencia”, destaca Gustavo.
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Obtener el aceite fue toda una odisea. En el Paraguay no se conseguía. Gustavo tuvo que acudir a los narcotraficantes. Un inmigrante coreano le ofreció un pequeño frasco de 10 cc de aceite de marihuana por siete millones de guaraníes, que en ese momento era una fortuna inalcanzable para él, pero aceptó a riesgo de perder sus posesiones.
“Le aplicábamos a mi hijo una dosis pequeña bajo la lengua. En dos días de administrarle el aceite, notamos que despertaba su apetito y su movilidad. No regresó nunca más la epilepsia desde entonces, pero el costo era muy alto. Pudimos pagarle la mitad al coreano, pero luego tuvimos que escondernos de él, porque ya no teníamos más dinero”, relata.
Hoy Gustavo se volvió un experto en fabricar aceite casero de cannabis de buena calidad, además de cremas para fricciones en partes doloridas del cuerpo. Le acompaña su esposa y su otro hijo varón en la cruzada. Cultivan sus propias plantas de marihuana, cuidando que tengan un buen desarrollo orgánico, sin ningún tipo de contaminación. Utilizan la misma marca Kokuesero, que inició Granja Madre. Venden los frascos de aceite a 50 mil guaraníes, pero también los distribuyen gratis a quienes no tienen forma de pagar.
Gustavo sabe que lo que hacen puede ser considerado ilegal, pero cree que las autoridades comprenderán que no les queda otra opción.
“Lo hacemos por la salud de nuestros hijos, por salvarles la vida. Si el Estado no nos puede proveer gratuitamente el aceite que necesitamos, como dice la nueva ley, tenemos que fabricar nosotros. Hoy ya no me siento solo, porque hay mucha gente apoyando esta lucha”, indica.
Un camino abierto a la legalización
En pocos años el panorama de la marihuana en el Paraguay ha ido cambiando, gracias a la lucha y la resistencia de sus propiciadores.
De ser estigmatizados y perseguidos como traficantes, han conseguido que el presidente del Congreso Nacional, Oscar “Cachito” Salomón les reciba en su despacho y acepte públicamente de regalo las flores de marihuana cosechadas en Aguerito, como una muestra del proceso de creación de la primera Cooperativa Paraguaya de Cannabis.
Hasta ahora ya han conseguido que varios municipios y gobernaciones del norte del país otorguen un respaldo institucional a las asociaciones de cultivadores de marihuana que van formando.
El 10 de julio de 2022, la intendencia y la junta municipal de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray emitieron una ordenanza, la número 10, que declara de interés municipal el uso medicinal del cannabis y dispone los recursos para establecer “un cultivo experimental cooperativo y orgánico de cannabis medicinal”.
El 26 de julio se realizó en el Congreso Nacional la primera audiencia pública para debatir las nuevas políticas que permitan una mayor apertura al cultivo del cannabis. El expresidente de la República, el senador Fernando Lugo, explicó que la intención es “demostrar la importancia de establecer un modelo innovador, que sea favorable en la transformación de la medicina y en el aporte a la lucha contra el narcotráfico”.
En esa misma línea, los senadores Patrick Kemper y Víctor Ríos presentaron un proyecto de ley, que pretende modificar los artículos 30 y 33 de la ley 1340/88 que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, buscando “despenalizar el cultivo, la cosecha y el procesamiento del cannabis o marihuana, siempre que sea para uso medicinal, en inmuebles autorizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)”. El proyecto aún está en estudio.
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Desde el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez se otorgó un gran respaldo a la producción del cáñamo industrial. El objetivo es convertir al Paraguay en “el primer país carbono neutral de la región”, mediante el cultivo de unas 100.000 hectáreas de cultivo de cáñamo.
Aunque el plan despierta polémicas, las autoridades se encargan de explicar muy bien las diferencias que existen entre la marihuana prohibida y el cáñamo industrial.
“La diferencia está en que el cannabis psicoactivo es la marihuana, que tiene una sustancia química que es el THC. Es la droga que da los efectos que todo el mundo conoce. Esa sustancia química no la tiene el cáñamo o cannabis no psicoactivo. Y si la tiene, la tiene en un valor insignificante que lo podrías comparar de la siguiente manera: si te fumás un cigarrillo de cáñamo, es como si fuera que estás fumando un cigarrillo de ka’a he’ẽ o de yerba mate. No te va hacer absolutamente nada porque no tiene el componente psicoactivo”, indicó Marcelo Demp, CEO de Healthy Grains y presidente de la Cámara de Cáñamo Industrial del Paraguay (CCIP), en una entrevista con el diario La Nación.
La empresa Healthy Grains ya empezó a exportar productos fabricados con cáñamo industrial a Estados Unidos y Europa, mientras se están habilitando nuevas franquicias para el rubro.
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En septiembre de 2022, el precandidato presidencial Euclides Acevedo y su vice, el senador Jorge Querey, visitaron el invernadero de marihuana en Aguerito y también ofrecieron un respaldo público al proyecto, al que Acevedo calificó como “un nuevo modelo económico y sanitario”.
Los dirigentes políticos se cuidan, sin embargo, de aclarar que solo apoyan la producción del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, pero no la legalización de la marihuana “para uso recreativo”.
Juan Carlos Cabezudo se ríe y aclara que ellos no ven la diferencia: “La marihuana recreativa no existe en la ley, la planta es la misma, cuyas flores se usan para el tratamiento médico como para fumar, inhalar o consumir para obtener placer y bienestar. Nosotros preferimos que sea un producto orgánico, de buena calidad, bien cuidado en todo el proceso de cultivo y cosecha, que la marihuana prensada, muy contaminada, que venden los narcotraficantes”.
Cabezudo, al igual que Cynthia Fariña, Gustavo Lucantonio y Eulalio López, saben que la legalización absoluta todavía será larga y difícil, porque se enfrentan a poderosos intereses políticos y empresariales, ligados a las mafias, pero confían en que al final podrán cambiar la mentalidad represiva.
“No somos narcos, solo buscamos la salud de nuestros hijos”, reza un cartel en manos de una madre de familia de la organización Mamá Cultiva.
Otro cartel, en manos de un niño con fibromialgia, lo complementa: “El dolor no puede esperar. ¡Autocultivo ya!”.
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(Este reportaje se publicó inicialmente en el libro impreso Marihuana Ñemity – Los mejores reportajes de El Otro País, presentado públicamente el 6 de enero de 2023, en Mainumby Café Literario, en Itaugua. Fue distribuido primeramente a los suscriptores y suscriptoras de nuestro medio digital. En el libro, a través de un Código QR al final del reportaje, se puede acceder a la película documental. El libro también se puede adquirir en librerías y en Ñe’ẽ Raity – Espacio Creativo, a 40 mil guaraníes el ejemplar)
