El pasado 29 de mayo, en plena etapa poselectoral, la diputada Kattya González, senadora electa por el Partido Encuentro Nacional (PEN), se reunió con el ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, Gustavo Santander Dans, para hablarle sobre el caso de Itaipú.
Durante esa reunión le urgió que resuelvan un amparo constitucional, de enero de 2022. El mismo había sido presentado que ella, junto con su colega Édgar Acosta Alcaraz, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
La acción judicial se realizó en contra de la negativa de la Entidad Binacional Itaipú a entregar datos. La información requerida era acerca de abogados externos contratados por un monto de 400 mil dólares. Sin embargo, cabe recordar que la entidad cuenta con un departamento jurídico con numerosos profesionales del derecho.
La reiterada negativa de Itaipú
Una vez más, como ya ha ocurrido en diversas ocasiones, los directivos de Itaipú se negaron a brindar los datos requeridos. La entidad presentó ante la Justicia, a través del abogado Oscar Bogado Rolón, una “acción de excepción de constitucionalidad”. Itaipú alegó que no puede considerarse una “fuente pública” de información.
Al respecto, la diputada Kattya González había declarado: «La respuesta de la Itaipú fue realmente insultante», indicó.
Resaltó que ellos hablan de que no son sujetos obligados de la ley de información pública. Asimismo, dijo, que Itaipú afirma que no le responde al Estado paraguayo . Por ende, que la documentación que hay en la entidad no es de interés de terceros.
«No podemos dejar este precedente y que ellos digan ‘yo soy soberano, no me debo a nadie’. A pesar de que el propio director es designado por el Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Es un funcionario público y las leyes domésticas se aplican cotidianamente a las demandas laborales, civiles y ambientales de la Itaipú. Ellos realizan actos contractuales en Paraguay, sin autorización del Brasil”, puntualizó.
Fiscalía, en favor de que Itaipú rinda cuentas
En febrero de 2022, en nombre del Ministerio Público, el fiscal adjunto Federico Espinoza sentó postura a favor del pedido de los diputados. Aconsejó a la Corte rechazar la excepción de inconstitucionalidad promovida por Itaipú.
El agente del Ministerio Público consideró que en las leyes vigentes no se encontró ningún argumento que impida la entrega de los documentos públicos solicitados. Contó que analizó los tratados de Itaipú y sus Anexos. En ese punto, afirmó que no fue capaz de localizar una norma que regule el manejo de la información de la empresa.
«Ni mucho menos, una norma que contemple la imposibilidad de otorgar información a los Estados, si no se cuenta con autorización de la otra parte”, sostiene el alegato del fiscal Espinoza.
Sin embargo, a pesar de esta clara postura de la Fiscalía, hasta ahora, este conflicto judicial sigue sin resolverse.
Corrupción y secretismo desde la dictadura
La cruzada por transparentar Itaipú ante varios casos de corrupción es una pulseada que diversos sectores vienen impulsando desde hace décadas.
La represa hidroeléctrica fue administrada como un coto cerrado de negociados, durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989). Esto favoreció a que varios jerarcas del régimen, conocidos popularmente como “los barones de Itaipú” se enriquecieran ilícitamente.
Durante ese periodo, manejaron licitaciones y fondos sociales. igual situación se replicó en la construcción de la represa de Yacyretá, entre Argentina y Paraguay. La irregular situación no cambió tras la caída de la dictadura. Por el contrario, se mantuvo con mecanismos más perfeccionados de corrupción.
Evidencias periodísticas y pedidos de información negados
En 2007, la periodista Mabel Rehnfeldt, publicó en el diario ABC Color, una serie de reportajes investigativos. Estos materiales demostraron cómo el entonces director paraguayo de Itaipú, Víctor Bernal, se enriqueció ilícitamente. El hecho ocurrió durante el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos. Igual situación se dio con muchos otros directivo y funcionarios.
La entidad negó los datos solicitados por la periodista. De igual manera, el reportaje se pudo realizar. El material resultó ganador del Premio a la Mejor Investigación Periodística de un Caso de Corrupción. Dicho galardón fue otorgado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Perú.
En abril de 2021, la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) realizó un pedido de información pública. La nota fue dirigida a Francisco Coronel, Defensor General de Itaipú. Firmaron el documento, los directivos de la SCP, Rubén Penayo y Beatriz Pompa.
A través de este documento solicitó que se informe acerca de la cantidad de reuniones del Consejo de Administración de la entidad en un periodo determinado. Además de requerir el orden del día desarrollado en todas las reuniones ordinarias y extraordinarias.
Pidieron también los resultados de estas reuniones y la posición de cada uno de los consejeros paraguayos. Asimismo, solicitaron el sentido de cada voto, y las argumentaciones esgrimidas en función al voto emitido.
Lo que buscaban era investigar la acción de los consejeros, quienes ganan millones. Sin embargo, cuestionaban la falta de evidencias de que realicen trabajos o asistan a las reuniones periódicas.
Proveyeron datos, pero no los solicitados
En una respuesta oficial, dada a conocer el 28 de abril, la Binacional proveyó algunos datos menos importantes. No obstante, se negó a brindar información sobre las reuniones de los consejeros.
Itaipú alegó que la información no está disponible ni para terceros u otros órganos del Estado paraguayo. Argumentó, como siempre, que se trata de una entidad binacional, que no estaría sujeta a las leyes nacionales.
“La doctrina y la jurisprudencia niegan el carácter público de la información de Itaipú, en razón de su naturaleza binacional”, destacaba la comunicación de la entidad.
El comunicado señalaba que Itaipú es una persona jurídica de derechos internacionales, constituida por un instrumento jurídico internacional. Por ende, aseguraba que está sujeta a las normas específicas contenidas en los tratados internacionales.
En ese misma línea, aseguraba que cuenta con la capacidad de producir actos propios e independientes de los estados contratantes. Finalmente afirmaba que la información y los documentos de Itaipú Binacional pertenecen a la propia entidad. «Por consiguiente, no se llana a libre disposición de terceros interesados ni de organismos estatales”, remarcaba el texto.
Insistencia de solicitud, ante negativa de transparentar actuaciones
La Sociedad de Comunicadores reiteró su pedido de información, el 30 de abril del mismo año. Itaipú respondió dicha solicitud en términos similares, el 10 de mayo. Por ello, la SCP decidió ir a estrados judiciales. Recibió el apoyo de la Clínica Jurídica para la Promoción del Acceso a la Información Pública. Esta instancia opera en la Facultad de Derecho de la UNA, bajo apoyo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
En primera instancia, el Juez aceptó la petición de la organización. En la segunda, el tribunal la rechazó. Finalmente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ni siquiera investigó la cuestión de fondo, rechazando “in limine” la petición.
Itaipú pidió al juez que realice una consulta constitucional a la Corte Suprema de Justicia, en el amparo promovido por la SCP. La Sociedad de Comunicadores entendió que, con esta acción, Itaipú estaba pidiendo declarar inconstitucional la Ley 5282/14, “De Acceso a la Información Pública”. Los comunicadores consideraron esta solicitud como una aberración jurídica.
En mayo de 2022, la Sociedad de Comunicadores del Paraguay denunció la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El argumento se basó en que se han transgredido varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entre ellos, se mencionan el de la libertad de pensamiento y de expresión. Entretanto, el caso sigue en proceso.
Otros casos de ocultamiento de información
Otro hecho significativo de la negativa de la entidad binacional Itaipú de transparentar sus cuentas, al igual que la entidad binacional Yacyretá, es la pelea judicial para evitar que la Contraloría ingrese a auditar las cuentas. El pretexto es el mismo: es una entidad binacional y no una institución pública como las demás.
En agosto de 2022, los docentes e investigadores Victorio Oxilia y Fabián Cáceres comunicaron que Itaipú les respondió. La binacional afirmó que no informará sobre los detalles del acuerdo de la tarifa 2022, los gastos de explotación y otros datos.
La entidad remitió una nota a los solicitantes, en la cual indica: “Comunicamos que Itaipú es una persona jurídica de derecho internacional, constituida por un instrumento jurídico internacional y, por ende, sujeta a las normas específicas contenidas en los tratados internacionales, contando la misma con capacidad para producir actos propios, independientes de la voluntad de los Estados contratantes”, expresa la nota.
Agrega que “la doctrina y la jurisprudencia niegan el carácter público de la información de Itaipú, debido a su naturaleza jurídica binacional, por lo que la información y los documentos de Itaipú Binacional pertenecen a la propia entidad y, por consiguiente, no se hallan a libre disposición de terceros interesados ni de organismos estatales”.
Es exactamente el mismo argumento que se repite en todos los casos en que se solicitan datos públicos a la entidad.
Por qué es engañoso el argumento de Itaipú
“Los derechos humanos son anteriores a los Estados, preexistentes a los Estados. Lo que ellos pretenden es no cumplir con el derecho de cualquier persona de acceder a información de Itaipú”, opinó el abogado y periodista José María Pepe Costa, experto en derecho a la libertad de expresión, apoyando la demanda de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay a que se hagan públicos los datos de la binacional.
“Hay que preocuparse: ¿Por qué tanta persistencia en no abrir las compuertas? Creo que todos tenemos la repuesta: cuánto más secreto sea todo, mejor para la parte más poderosa”, destacó Costa durante un panel en el medio ABC Color.
Rubén Penayo, directivo de la Sociedad de Comunicadores, destacó: “Si hay una correcta interpretación de la legislación, cualquier instancia del Poder Judicial debe resolver a favor del acceso a la información. Estado de derecho sobre estado de derecho”.
¿Cuál es el temor de mostrar los documentos?
Con respecto a los fundamentos esgrimidos por la Binacional para no entregar los datos públicos solicitados, la opinión de la mayoría de los juristas y expertos es que resultan engañosos.
“Si todo transcurriera en el marco de la transparencia, los directivos de la binacional no se hubieran negado de proveer toda la información requerida. “¿Cuál es el temor de mostrarnos esos documentos?». Esto fue lo que se preguntó el ingeniero Fabián Cáceres, exgerente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande). El mismo fue uno de los solicitantes de datos públicos a Itaipú, que nunca recibió.
“Es terrible todo esto. El secretismo impide que la ciudadanía tenga información verdadera y así no podemos seguir. Cómo se elabora el presupuesto de la binacional; cómo se gasta ese presupuesto, no solo en el lado paraguayo, sino cómo lo aprovecha el socio; son cuestiones trascendentales”, indicó al respecto el diputado del PLRA, Fernando Oreggioni, presidente de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, de la Cámara de Diputados.
El mismo, en abril último organizó una conferencia magistral con el experto Miguel Carter, autor de varias investigaciones sobre la hidroeléctrica, quien está elaborando el gran libro “Itaipú: Causa Nacional”.
“Hay que insistir en el tema de la transparencia. Los lugares donde se utilizan recursos naturales, como el agua, para producción de energía, allí se produce mucho dinero y no puede ser que la información se guarde bajo siete llaves, que nadie pueda saber nada de lo que ocurre”, afirmó Oreggioni.
Por todas estas consideraciones, calificamos al argumento de Itaipú para ocultar datos de interés público como engañoso.
Este chequeo fue realizado en colaboración con La Precisa.
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