Sin aviso previo, miles de pobladores que cotidianamente se trasladan por la ruta asfaltada que une a la ciudad de Caacupé con Atyrá, de 14,75 kilómetros, a través de la compañía Candia, se encontraron en la mañana del jueves 13 de julio con que unos bloques de cemento, en medio de la nueva autopista conocida como Variante Caacupé, parte de las obras de ampliación de la Ruta PY02, les cortaba el paso y les obligaba a dar un rodeo de casi dos kilómetros para poder cruzar el tramo de apenas media cuadra.
La situación generó mucha indignación, más aún cuando se enteraron que el intempestivo cierre obedecía a la intención de inaugurar la nueva variante al día siguiente, viernes 14, ya que el presidente Mario Abdo Benítez deseaba lucirse con sus “obras de progreso”, antes de entregar el gobierno a su sucesor, Santiago Peña, el día 15 de agosto.
El problema es que la habilitación al tránsito por la nueva variante se realizaba antes de que la empresa constructora, el consorcio Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, concluya el paso a nivel o mini viaducto que había prometido para que quienes usan la ruta Caacupé – Candia – Atyrá puedan cruzar por encima de la nueva autopista.
De este modo, los usuarios de esa ruta transversal quedaron con el tráfico cortado y numerosos pobladores de importantes barrios de Caacupé, ubicados a ambos lados de la nueva autopista, quedaron separados por un nuevo muro vial.
La arbitraria acción gubernamental generó mucha indignación en los pobladores, que rápidamente crearon un grupo de WhatsApp, denominado “Cruce Caacupé Atyrá”, para formar una coordinadora ciudadana. De ese modo, se convocó a una primera manifestación de protesta, realizada el martes 18, desde las 10 de la mañana, en el mismo lugar del conflicto.
Un grave problema social
Desde El Otro País venimos acompañando desde hace más de un año la lucha de los pobladores afectados por las obras de ampliación de la Ruta PY02, denunciando que “el afán de lucro y las pretensiones de réditos políticos electorales se imponen por encima de los intereses comunitarios”.
En nuestras anteriores publicaciones, reclamábamos que “el Estado debe garantizar que ‘el progreso’ no arrolle con una topadora los derechos adquiridos de la gente”.
En nuestro caso, los editores de este medio periodístico, El Otro País, también somos directamente afectados, ya que la sede de nuestra redacción, Ñe’ẽ Raity Espacio Creativo, se encuentra en la fracción San Francisco de la compañía Candia, Atyrá, a dos kilómetros del cruce cortado. Utilizamos diariamente esa ruta para ir a realizar gestiones en la ciudad de Caacupé.
Los más perjudicados, sin embargo, son los usuarios de unidades del transporte público que diariamente viajan desde Atyrá a Caacupé y Asunción, y viceversa, que ahora deben dar un largo desvío para poder continuar viaje, al igual que los camiones de carga que transportan piedras de las canteras vecinas, ladrillos y materiales de construcción de las olerías, productos de los horticultores locales, distribuidores de mercaderías a los comercios vecinos. Es decir, el arbitrario corte de a ruta perjudica directamente a la economía y al desarrollo.
Pero existe un problema mayor, ya que pobladores de barrios y compañías importantes de Caacupé, como Las Colinas, Santa Ana, Loma Guasu, Costa Pucú, Mberity, Ypucu, Ytuguasu, Ytumi, Pikisyry, deben enviar a sus hijos e hijas a escuelas y colegios que se encuentran al otro lado de la nueva autopista, sin que existan sistemas de paso peatonal en el entorno cercano.
El arbitrario corte de la ruta por parte de las autoridades del Gobierno y la empresa Rutas del Este se produjo en plenas vacaciones del invierno, pero el problema se presentará el lunes 24 de junio, cuando se tengan que reanudar las clases. ¿Son conscientes las autoridades el peligro a que se exponen niños y niñas escolares, para cruzar la autopista trepando sobre los bloques de cemento y sorteando vehículos en un sitio donde la velocidad límite es de 110 kilómetros por hora? Es un riesgo mortal.
“Yo no voy a enviar a mis hijos a la escuela Santa Ana, que queda al otro lado de la autopista desde el lugar donde vivimos, hasta tanto no nos ofrezcan una manera segura de cruzar. Prefiero que pierdan las clases, antes que pierdan la vida” nos dijo la pobladora Dora, durante una entrevista en vivo que realizamos durante la movilización del martes 18.
Reportaje de Andrés Colmán Gutiérrez – imágenes de Desirée Esquivel Almada
Un reclamo organizado
Sin una estructura organizada, los pobladores empezaron a autoconvocarse a través del grupo de WhatsApp para realizar una manifestación contra el cierre de la ruta Caacupé – Candia – Atyrá. Algunos referentes de las comunidades asumieron el liderazgo de hecho, como la concejala municipal de Atyrá, Yves Tanis, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pobladora de la compañía Candia.
“Lo que hicieron las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, junto con la empresa Rutas del Este, es un acto criminal, porque al cerrar el paso por una ruta que todos usábamos, exponen a mucha gente, principalmente a los niños, a ser atropellados por los vehículos que circulan a altas velocidades al intentar cruzar esta nueva autopista, trepando sobre el muro de cemento”, indicó la concejala Tanis, en diálogo con El Otro País.
El martes, desde muy temprano, los pobladores empezaron a llegar al cruce interrumpido. Un grupo de mujeres encendieron una fogata y empezaron a preparar tortillas para el desayuno, mientras organizaban una olla popular para el almuerzo, con víveres donados por comerciantes locales en apoyo solidario.
Para las 10 de la mañana ya había más de cien personas reunidas en el lugar, con banderas, pancartas y carteles.
“Queremos paso libre – Zona Candia”, “MOPC Criminal”, “Manejo turbio del dinero del pueblo”, rezaban algunas de las pancartas.
Ante una fuerte presencia policial, los manifestantes dialogaron con el comisario que estaba a cargo de la custodia para realizar el cierre de ambos lados de la ruta por diez minutos, luego liberar el paso y volver a cerrar en forma intermitente, lo cual se cumplió hasta después del mediodía.
El gobernador de Cordillera, Carlos María López, se hizo presente en el lugar, ofreciendo su solidaridad a los manifestantes, ofreciendo intermediar con el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, en busca de una solución. También algunos concejales municipales de Atyrá y Caacupé llegaron para apoyar, pero los manifestantes reclamaron la ausencia de los intendentes de ambas ciudades: Diego Riveros (Caacupé) y Juan Ramón Martínez.
Promesas incumplidas
La movilización del martes 18 produjo un gran impacto, con cobertura en medios periodísticos y redes sociales. Esa misma tarde, en la sesión de la Junta Municipal de Caacupé, los concejales decidieron acompañar la lucha de los vecinos e incluso recurrir a instancias judiciales para que la empresa Rutas del Este cumplan con sus promesas hasta ahora incumplidas.
“Lo que pedimos es que se vuelva a impedir el tránsito por la nueva Variante Caacupé, que se siga usando la ruta que pasa por el centro de la ciudad y se reabra nuestra ruta Caacupé – Candia – Atyrá, hasta tanto nos ofrezcan un paso seguro, con un viaducto y pasos peatonales”, indicó la concejala Yves Tanis.
Tras la manifestación, el Ministerio de Obras Públicas respondió en sus redes sociales: “Las obras complementarias del enlace Atyrá-Candia (paso superior) y pasarela del sector dentro de la variante Caacupé, recientemente habilitada al tránsito, estarían finalizando dentro unos meses más”.
Al principio había dicho que el paso a nivel “tipo cajón” o mini-viaducto estaría concluido en dos meses, pero apenas se inauguró la variante, los obreros y las máquinas desaparecieron y la obra del mini-viaducto, junto al cruce cortado, quedó paralizada. Ni siquiera los terrenos aledaños por donde debería pasar la ruta de desvío para conectar con el paso a nivel han sido liberados aún. Uno de los propietarios del lugar nos dijo que los responsables de la obra ni siquiera le visitaron para preguntarle si sus tierras están disponibles.
Es decir, ese “unos meses más” de la respuesta oficial puede extenderse por un largo tiempo, a no ser que sientan la presión de la movilización de los pobladores y decidan dar respuestas más urgentes.
A pesar de que el MOPC asegura que se cumplieron los acuerdos firmados con el municipio de Caacupé sobre las obras complementarias, la realidad es otra, como lo demuestran los reclamos vecinales.
Lo llamativo es que el mismo gobierno de Mario Abdo Benítez, que ahora cierra la ruta Caacupé – Candia – Atyrá es el que en diciembre de 2018 inauguró con mucha pompa esa obra construida luego de una larga lucha de los pobladores, con un costo de 34.452.513.061 guaraníes.
Es decir, en ese momento era una obra vial fundamental, pero ahora ya no.
Ante esta situación, los pobladores seguirán con sus movilizaciones. Está previsto un viaje a Asunción para realizar una manifestación frente al local central del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de manera que el reclamo tenga mayor visibilidad.
Hay que destacar la capacidad de la ciudadanía de organizarse y de reclamar por lo que consideran su legítimo derecho, mientras hay que cuestionar la falta de sensibilidad de las autoridades, tanto de algunas figuras municipales que se hacen los ñembotavy ante una problemática que afecta directamente a sus municipios y compueblanos, como también de las instancias del Gobierno central, que solo miran el lucro y la pose para la foto oficial.
