Daniel Aquino, líder de Puerto María Elena, una comunidad indígena del pueblo Tomáraho, se enfrenta a serios desafíos en su lucha por la dignidad y los derechos de su gente.
Situada a orillas del río Paraguay, entre Fuerte Olimpo y Bahía Negra, esta comunidad es el único asentamiento de los Tomáraho, que pertenecen al grupo Yshyr de la familia lingüística zamuco.
El autor de este artículo tuvo la oportunidad de visitar esta aislada comunidad en marzo de 2023, en el marco de un convenio entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la organización Tierraviva denominado “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay”.
El único modo de llegar a Puerto María Elena es por el río Paraguay.
Aunque cuentan con un título de propiedad de aproximadamente 2.800 hectáreas, el acceso terrestre es imposible debido a la estancia Las Margaritas, cuya propiedad bloquea el camino público que conecta Fuerte Olimpo con Bahía Negra.
Según Aquino, su propietario, Axel Bendlin, niega el paso, aislando de facto a la comunidad.
A pesar de esta adversidad, los habitantes han mostrado una gran resiliencia. Durante 50 años, el barco Aquidaban ha servido como medio de transporte y mercado flotante para las comunidades ribereñas del Alto Paraguay.
Sin embargo, el 31 de diciembre de 2023, el Aquidaban dejó de operar, debido a problemas financieros y a la falta de apoyo estatal, dejando a Puerto María Elena sin acceso a bienes y transporte.
Esta situación ha repercutido negativamente a lo largo de 2024, forzando a los residentes a recurrir a costosos y escasos botes privados, dificultando la movilidad de personas y provisiones.
Movilización en busca de ayuda
Frente a esta crisis, Aquino y otro líder, Pedro Vera, organizaron un viaje a Asunción para buscar ayuda.
El 25 de septiembre de 2024, solicitaron formalmente al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) su apoyo para obtener una servidumbre de paso que permita a la comunidad salir y entrar libremente.
La servidumbre de paso es un concepto legal que se utiliza para referirse a la situación en la cual una persona, propietaria de un terreno o finca, está obligada a permitir el paso o tránsito a través de su propiedad a favor de otra persona, incluso si esto implica una restricción en el uso y disfrute de su propiedad.
El 27 de septiembre, visité a Aquino y su grupo en la sede del INDI, donde encontré a la delegación en condiciones alarmantes, con varios niños en situaciones de higiene y nutrición muy deficientes.
Además de hablar sobre el grave aislamiento, Aquino denunció que, en agosto, Bendlin cortó de manera indiscriminada la línea eléctrica que suministraba energía a Pitiantuta, dejándola sin electricidad durante casi un mes.
Larga espera sin respuesta
Después de días de espera sin respuesta, el 2 de octubre de 2024, el grupo se vio forzado a abandonar la sede del INDI y comenzar su largo camino de regreso a Puerto María Elena.
Las condiciones de vida padecidas por la comunidad e inducidas por la postura de la Estancia Las Margaritas violan no solo elementales principios de Derechos Humanos Internacionales, sino varios artículos de la Constitución Nacional de Paraguay (Capítulo V – De los pueblos indígenas (Art. 62 al 67); art. 140.).
En particular el Artículo 66 recita “(…) Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural”.
A pesar de la existencia de tratados internacionales que protegen los derechos indígenas, el país enfrenta una falta de políticas públicas efectivas que aseguren la integridad de estos pueblos como titulares de derechos plenos.
La noción de patrimonio cultural se reduce a un vestigio del pasado, mientras que la carencia de políticas concretas perpetúa la discriminación y la desigualdad estructural que afecta a las comunidades indígenas en Paraguay.