El 26 de abril de 1991, Día del periodista paraguayo, un vehículo gol negro cerró el paso al auto del periodista Santiago Leguizamón Zaván, director de Radio Mburucuyá, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Dos hombres armados lo acribillaron con 21 balazos, en represalia por las publicaciones periodísticas que realizaba sobre las acciones del crimen organizado en la frontera del Amambay.
En 2022, Mabel Portillo, periodista del medio digital Guairá Press, publicó un reportaje en el que denunciaba que la intendenta municipal de la ciudad de Yataity, Gloria Duarte, había mandado construir un muro de contención que en muy poco tiempo fue arrastrado por una lluvia, dando a entender que se trató de “una obra mal hecha e insegura”.
Molesta por los informes periodísticos sobre presuntas irregularidades de su gestión, la intendenta denunció ante la justicia regional a la comunicadora, alegando una supuesta violación de la ley 5777, “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, afirmando que la periodista estaba cometiendo “violencia de género” contra ella y le provocaba “maltrato sicológico” con sus publicaciones.
La jueza de paz de Yataity, Rosa Alderete, a través de una orden judicial prohibió a Portillo acercarse a la jefa comunal “en un radio de 500 metros”, y determinó que no la mencione en sus textos, lo cual no solo implicó una abierta censura, sino que obligó a la periodista a tener que mudarse de su domicilio, ya que su residencia, en la pequeña comunidad, está a solo 70 metros de la casa de Duarte.
Ataques al periodismo
Estos dos episodios, separados en el tiempo y la distancia, constituyen ejemplos paradigmáticos de ataques contra los y las periodistas en el Paraguay, que han ido aumentando en los últimos años.
En el primer caso, el crimen de Santiago Leguizamón inició una racha de muertes por encargos, desde la caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), que se ha cobrado la vida de 21 comunicadores, con atentados cometidos por sicarios del crimen organizado, con la complicidad de autoridades y referentes del poder político, buscando detener las investigaciones y coberturas sobre casos de corrupción, narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y otras acciones delictivas.
La mayoría de estos crímenes de periodistas no han sido esclarecidos por los agentes de la Justicia, debido a una impresionante desidia ante los hechos, que ha permitido dejarlos en la impunidad.
En el caso Leguizamón, el Estado paraguayo, en lugar de investigar y descubrir a los asesinos, se abocó a encubrirlos.
El entonces presidente de la República, general Andrés Rodríguez —el mismo que en 1989 derrocó a su consuegro y jefe político, el dictador Alfredo Stroessner, iniciando la transición a la democracia—resultó ser compadre y socio del principal acusado de ordenar el asesinato del periodista, el condenado por narcotráfico en Brasil, Fadh Jamil Georges, a quien el mandatario favoreció con la complicidad estatal.
Ante esta situación, familiares de Leguizamón, junto a organizaciones periodísticas y de derechos humanos, acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre de 2022 condenó al Estado paraguayo de ser “responsable por el homicidio del periodista Santiago Leguizamón Zaván y, en consecuencia, por la violación de sus derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión en sus facetas individual y colectiva”.
El segundo caso, el de las acciones judiciales contra la periodista Mabel Portillo, demuestra la perversa manera en que desde el actual poder político se instrumentaliza y manipula al sistema judicial para perseguir y acallar a periodistas, cuyas publicaciones resultan incómodas para los miembros y amigos del poder.
Según el observatorio de la Mesa para la Seguridad de Periodistas, aparte de los 21 casos de asesinatos desde el fin de la dictadura, se han registrado más de 600 casos de diversas formas de ataques contra comunicadores y medios de prensa.
Un criminal manual operativo
Hombres armados que esperan en la esquina de una calle fronteriza o en la desolación de un camino rural. Sicarios que llegan raudamente a bordo de una motocicleta, con el rostro oculto por cascos con visores oscurecidos y que con mortal eficacia desenfundan escopetas y pistolas automáticas.
Las escenas son siniestramente parecidas, como calcadas de un criminal manual operativo. En la mayoría de los casos hubo amenazas previas, a través del teléfono o de mensajes de textos. En otros fue simplemente la sorpresa de un fugaz instante, una frenada brusca, el click metálico que antecede a los fogonazos mortales.
Ante las consultas de organismos internacionales, las autoridades y los políticos responden siempre que existe “un respeto irrestricto a la libertad de prensa en el Paraguay” y que, si acaso se producen ataques, estos provienen de la mafia, no del Gobierno.
Este argumento es una falacia, porque en la mayoría de los casos de asesinatos y ataques a periodistas se han encontrado nexos directos entre mafia y gobiernos, autoridades, poderes del Estado.
Es decir, la falta de libertad, debido a las acciones de la mafia es también directa responsabilidad de los sucesivos gobiernos que se han instalado en el Paraguay, principalmente del Partido Colorado, como ha quedado demostrado en el caso del crimen del periodista Santiago Leguizamón, en abril de 1991.
Las diversas formas de violencia
Los periodistas corresponsales del interior del país y los que ejercen periodismo en comunidades, son quienes están más expuestos a ataques y represalias que los enviados desde la capital o de las urbes más pobladas. Una ciudad o un pueblo pequeño permiten menor protección institucional y mayor vulnerabilidad ante la violencia.
Igualmente, un comunicador poco capacitado, escasamente remunerado, que depende de anuncios oficiales o privados para su subsistencia profesional, suele ser más vulnerable a las amenazas y le resulta más difícil trabajar con espíritu crítico e independiente.
Al publicar una investigación sobre casos de corrupción o revelar en sus reportajes un hecho delictivo o criminal, el periodista se puede enfrentar a los siguientes tipos de ataques:
1) La advertencia. Generalmente se produce con una alguna llamada anónima por teléfono, un mensaje de texto intimidatorio, casi siempre de remitente anónimo, un mensaje verbal que se hace llegar por terceras personas, a grupos de amigos o círculos familiares. En ocasiones incluye el uso de símbolos mafiosos: el envío de una bala con el nombre escrito en un papel, un candado cerrado, una mordaza.
2) Las amenazas (sutiles o directas). Consiste en insinuar que cometerán daño físico como represalias (“No sabés lo que te puede pasar”, “Esto te puede costar muy caro”).Incluye la posibilidad de dañar a familiares (“Sabemos dónde encontrar a tu esposa o tus hijos”). En casos más extremos, mencionan directamente la posibilidad de un asesinato. (“No vas a vivir para contarlo”).
3) Las presiones. Tratan de detener la publicación influenciando al editor, al dueño del medio o a personas que puedan tener ascendencia en los mismos.
Buscan elementos de debilidad del periodista, con el cual forzarlo a no publicar (chantaje).
4) El soborno. Ofrecen dinero al periodista, para que no publique.
Ofrecen pautas publicitarias millonarias al medio, para influenciar a los propietarios y detener la publicación.
5) La amenaza jurídica. El envío de un escribano suele ser el primer intento de intimidación. Se le envía para que el periodista “se ratifique o rectifique” acerca de lo publicado. Luego puede venir la querella judicial, generalmente “por difamación o calumnia”. El o los afectados (muchas veces pertenecientes a sectores con mucho poder económico, o con influencias políticas en el Poder Judicial) recurren a los estrados judiciales, pidiendo resarcimientos millonarios por supuesta injuria, calumnia o daño a la imagen.
En los últimos años, mujeres autoridades afectadas por las publicaciones han encontrado un instrumento útil, al distorsionar el uso de la nueva ley 5777, “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”.
6) Las agresiones físicas. a) El escarmiento: Envían matones a golpear físicamente (garroteadas, apaleadas, asaltos simulados). b) Balazos intimidatorios. Disparan contra el periodista, sin herirlo. Dejan huellas de balas en las paredes de la casa, en el auto. c) El asesinato: El caso más extremo. Contratan sicarios para “matar al mensajero”.
El “garrote judicial”
Entre los diversos ataques, se ha vuelto común el uso del “garrote judicial”, es decir, la instrumentación del sistema legal y jurídico para coartar la libertad de prensa y de expresión, al igual que el derecho a la información.
A las situaciones de amedrentamiento más tradicionales, como las de enviar escribanos a los medios y a los periodistas, intimándoles a que “se rectifiquen o ratifiquen” en el contenido de sus publicaciones, con una clara intención intimidatoria, o a las querellas por difamación y calumnia ante las denuncias periodísticas, se ha sumado en los últimos años la perversa utilización de una nueva ley que penaliza la violencia de género contra las mujeres.
La Ley 5777 “de Protección Integral a las Mujeres, contra toda Forma de Violencia”, fue sancionada en 2016, respondiendo a los reclamos de organizaciones feministas, ante los muchos casos de feminicidios y hechos de violencia cometidos contra mujeres, pero algunas autoridades y dirigentes mujeres que ejercen la gestión pública encontraron en ella un mecanismo para atacar y silenciar a la prensa, con el pretexto de que las publicaciones en las que se ven acusadas de hechos de corrupción o de abusos en el ejercicio del poder, constituyen “violencia de género contra ellas”. Ello ha sido posible gracias a la acción de “jueces amigos”, vinculado al poder político o vulnerables de ser corrompidos, que siguen el juego perverso de usar este instrumento jurídico para amordazar a la prensa.
El caso de la periodista Mabel Portillo demuestra claramente cómo funciona el sistema, que se viene aplicando de manera muy similar contra otros medios y periodistas, igual que el caso de la empresaria Gisele Mousques contra el empresario periodístico Cristian Chena y su medio RDN; el acoso al investigador digital Alfredo Guachiré; el de la senadora Yami Nal contra la periodista Letizia Medina del diario ABC Color, el del periodista Fredy Chamorro, de Encarnación; entre varios más.
La intendenta de Yataity, Gloria Duarte, al igual que la jueza de paz de la misma localidad, Rosa Alderete, son conocidas por su relación con Honor Colorado, movimiento interno del Partido Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes, al cual pertenece también el actual presidente de la República, Santiago Peña.
De acuerdo con el análisis del mecanismo en vigencia, la jueza sigue las directivas del actual poder político, al igual que lo hacen muchos funcionarios judiciales en otras localidades del país, distorsionando el principio de independencia que debe existir entre poderes del Estado.
Al retomar el control del Poder Ejecutivo, tras ganar las elecciones en 2023, el cartismo ha logrado consolidar igualmente un control mayoritario de las dos cámaras del Poder Legislativo y avanza en controlar instituciones claves del Poder Judicial, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura y la propia Corte Suprema de Justicia. En estas circunstancias, son frecuentes los casos en que se imponen medidas antidemocráticas por el sistema de “aplanadora”, con votaciones mayoritarias que no permiten debates ni cuestionamientos.
Reforzando aún más este esquema antidemocrático, el grupo empresarial y político de Horacio Cartes ha adquirido, en forma directa o solapada, más de una quincena de empresas y medios de comunicación, las cuales utiliza para atacar a sus adversarios políticos y hacer propaganda a favor el gobierno y de su proyecto político. Un informe de la revista digital Hina, indica que el oficialismo cartista maneja a través del Grupo Cartes de Comunicaciones, los siguientes medios periodísticos: Diario La Nación, Radio 970 AM, Diario Popular; Diario Crónica, Hoy digital, Radio Montecarlo 100.9 FM, GEN TV (cable), Diario ADN, Radio Laser Stream Digital; Hei Radio 91.9 FM, Canal Hei (cable) y Canal Tropicalia (cable), Universo 970 AM y Corazón 99.1 FM. “Además, Cartes es propietario, a través de testaferros, de Canal 13 y tiene la mayoría de las acciones de Radio Ñandutí”, destaca.
Derechos de mujeres y libertad de expresión
Ante la aviesa manipulación de la Ley 5777 “de Protección Integral a las Mujeres, contra toda Forma de Violencia”, para intentar someter a la prensa, un análisis de la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC), apunta que existe “la necesidad de un enfoque equilibrado, que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. La ponderación de ambos derechos debe ser diferenciado en casos de interés público y persona pública”.
El informe sostiene que “es importante reconocer que existen situaciones legítimas, en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, pero remarca “la importancia de distinguir entre el hostigamiento y la libertad de expresión, y destacar los usos indebidos de esta ley en asuntos de interés público. Las decisiones judiciales no clarifican cómo se aplican los conceptos de violencia definidos en la ley 5777. Además, se observa una vinculación problemática entre las expresiones críticas o cuestionadoras hacia la mujer y formas de violencia simbólicas, sin un análisis preciso ni fundamentado sobre la materia”.
Aumento de inseguridad en el periodismo
El clima de creciente peligro en que se desarrolla el ejercicio del periodismo en el Paraguay se reafirma con los resultados del Estudio y Encuesta sobre Violencia contra Periodistas que entregó el pasado 4 de julio el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP) de la Universidad Católica, en el marco del proyecto “Periodismo libre y seguro para la Democracia”, auspiciado por UNESCO y apoyado por la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay y los gremios de comunicadores sociales.
El informe revela que más de la mitad de periodistas que ejercen la profesión han sido objeto de algún tipo de violencia en el último decenio y en el caso de periodistas mujeres, la cifra ronda el 70%.
Igualmente, un 37% de profesionales considera que “no existe seguridad para el ejercicio de la profesión” en el país, y un 39% cree que la seguridad para hacer periodismo es “baja”.
Los encuestados sostienen que la amenaza es el tipo de violencia más recurrente, referida en un 57,8%, mientras que otros dos tipos de violencia con mayor porcentaje son las agresiones (46,6%) y la violencia digital (37,9%).
El sector del crimen organizado y el de los políticos en general fueron señalados como los que más incidencia tendrían en la generación de amenazas y violencia contra periodistas, según la encuesta. Asimismo, se destaca el alto nivel de incidencia que se otorga a autoridades (nacionales o municipales) así como al estamento de la policía.
Sin libertad de prensa no hay verdadera democracia
Los continuos ataques a periodistas y medios de comunicación, con un esquema que se escuda en la legalidad, constituyen una amenaza para el sistema republicano. Sin libertad de expresión no hay libertad de prensa, y sin libertad de prensa no hay verdadera democracia.
Lo que está sucediendo en el Paraguay debe llamar la atención y exigir la movilización no solamente de los periodistas y responsables de medios, sino de toda la ciudadanía y en especial de los abogados, juristas, líderes políticos y sociales, que defienden un modelo de sociedad en donde se respete la institucionalidad y la convivencia democrática.
Manipular la ley para censurar y tratar de acallar a los periodistas es casi tan grave como contratar sicarios para asesinarlos, porque apunta igualmente a consolidar una sociedad sometida al totalitarismo, a la ignorancia, a la desinformación, al miedo y al silencio.
Por fortuna, hasta ahora no consiguen silenciar a las voces valientes que se oponen a este esquema que busca imponer a un modelo de Gran Hermano configurado por el novelista británico George Orwell en su clásico libro 1984, o imponer a nuevas caricaturas del legendario dictador retratado por el gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos en su ejemplar novela Yo el Supremo.
Las constantes denuncias y movilizaciones ante los abusos autoritarios son una llamada de alerta, como son también muy importantes las acciones de los gremios de comunicadores, como el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), el Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP), la Asociación de Reportero Gráficos (ARG), la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP), Red Activa Paraguay – Asociación de Comunicadores (RAP) y principalmente las acciones conjuntas en la Mesa para la Seguridad de Periodistas, como instancia de articulación entre el sector público y la sociedad civil, en donde se cuenta con el respaldo institucional de varios organismos del Estado.
Es de esperar que este trabajo mancomunado y sostenido de monitoreo y vigilancia, como de construcción de nuevas herramientas para articular mejores mecanismos de protección y seguridad, no solo para el oficio de los periodistas, sino para el mismo perfeccionamiento de la democracia, consiga vencer a quienes desde sectores del mismo Estado están torpedeando y tratando de destruir las valiosas conquistas logradas y por lograr.
Solo de esta manera, el Paraguay dejará de ser este país donde ejercer el periodismo es cada vez más peligroso.
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El libro Sin periodismo libre y seguro no hay democracia puede ser descargado gratuitamente en este enlace.
