—Mba’erã umi caño guasu ojecolocába yvyguýpe, amo tape ykére? (¿Para qué son esos caños enormes que están colocando allá, bajo tierra, al costado del camino?)
Fue lo que Ña Felicita, pobladora de la compañía Zanja Jhũ, de Atyrá, le preguntó a su vecino, el profesor Ismael Candia, una mañana de noviembre de 2024, cuando veía a unos diligentes obreros instalando una red de gruesas cañerías bajo tierra, al costado del camino que une a la comunidad con la compañía Pirayú’í, de San Bernardino.
A don Ismael, reconocido docente y directivo de una de las comisiones de fomento y desarrollo del lugar, también le despertó curiosidad la instalación de los caños, que sobresalían de un terreno totalmente rodeado de una gran muralla, que se había construido en una zona alta, donde algunos pobladores mencionaban que ya hace un año se había cavado un pozo artesiano con mucha profundidad, pero que no se podía ver por los altos muros de color gris.
Los caños eran mucho más gruesos que los que se utilizan normalmente para llevar agua a las viviendas del lugar, así que don Ismael sospechó que algo raro estaba ocurriendo allí.
Tras varias averiguaciones, supieron que el misterioso terreno amurallado, individualizado como Finca número D04 12735, padrón número 11059, se encontraba a nombre de la firma Petrohue Real Estate Sociedad Anónima, que integra la sociedad empresarial multinacional Highlands Park & Lagoon, la misma que está llevando adelante un gran proyecto inmobiliario en el distrito de San Bernardino, en la frontera con Ypacaraí, un futuro lujoso barrio cerrado, denominado Highlands Lagoon Lifestyle. El empresario que aparece como principal directivo del emprendimiento es el ingeniero Martín Tampe, de nacionalidad chilena.
De acuerdo con su página web, Highlands “contará con una laguna cristalina desarrollada con la tecnología Crystal Lagoons y su playa propia, lotes para viviendas, edificios de departamentos, townhouses, club house y amenities, que, junto con la incorporación de un paseo comercial con servicios de hotelería y gastronomía, ofrecerá a sus propietarios y visitantes, un ambiente atractivo para su distracción y relajo”. Menciona que el predio tiene 90 hectáreas, con 469 lotes para viviendas, 6 edificios de departamentos y 75 towhouses.
—¿Será que están queriendo llevarse nuestra agua? —se preguntó Ismael Candia, junto con sus vecinos.
El “traspié” del gobierno municipal
Zanja Jhũ es una de las compañías rurales más tradicionales de Atyrá, distante del centro urbano, de aproximadamente 600 habitantes, con una larga tradición de organización vecinal.
Es una zona de chacras agrícolas y frutihortícolas, con hermosos paisajes naturales de serranías, con el histórico Kurusu Cerro, que ha sido declarado patrimonio natural paisajístico, escenario de uno de los viacrucis más realistas que se organizan cada Semana Santa, que atrae cada año a cientos de turistas.
Zanja Jhũ tiene además una valiosa historia como uno de los enclaves de defensa de la Campaña de las Cordilleras, durante la Guerra de la Triple Alianza (1864 – 1870) y durante la Guerra de Chaco (1932 – 1935) ha acogido a prisioneros bolivianos que han trabajado en la construcción de una ruta empedrada, que hoy se guarda como una reliquia histórica.
La confirmación de que existía una evidente intención de apropiarse del agua de los atyreños, para utilizarla en el proyecto inmobiliario del lujoso barrio cerrado de Highlands, se confirmó a las pocas semanas, cuando se supo que la Junta Municipal de Atyrá había aprobado, en sesión de fecha 13 de diciembre de 2024, la resolución número 198/24, “por la cual se autoriza a la firma Highlands Park & Lagoon SA la excavación superficial de la vía pública, para extensión de agua potable”.
El intendente municipal atyreño, Juan Ramón Martínez, contó a El Otro País (leer la entrevista, al final de este reportaje), que el pedido de autorización por parte de la empresa Highlands Park & Lagoon llegó a su despacho en noviembre, sustentado por varios documentos que indicaban que se trataba de una interesante iniciativa privada de inversión inmobiliaria, entre ellos con un registro del MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) y una autorización del ERSSAN (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), situación que les dio a entender que el proyecto tenía todo en regla, ya estaba aprobado por ambas instituciones y al Municipio solo le quedaba darle curso.
Aunque el intendente podía autorizarlo ejecutivamente, decidió pasar la nota a la Junta Municipal, que la trató en el primer punto de la sesión ordinaria del 25 de noviembre, decidiendo los miembros que se estudie en la Comisión de Legislación. Luego, con un dictamen a favor, el proyecto de resolución de autorización a la empresa fue tratado en la sesión del 13 de diciembre, en donde fue aprobado sin reservas.
—Fue entonces cuando empezamos a preocuparnos —cuenta Ismael Candia—. Nos dimos cuenta de que con esos caños enormes iban a llevarse mucha agua nuestra. ¿Por qué venían a buscar el líquido en Atyrá, para un barrio cerrado que estaban construyendo en San Bernardino e Ypacaraí, teniendo que acarrear por una distancia de unos siete kilómetros? Y si tenían que llenar la enorme laguna artificial que iban a construir para su playa exclusiva, eso significaba que nos iban a dejar prácticamente sin agua en nuestros otros pozos, en una época en que justamente ya estamos sufriendo mucha falta por la sequía. ¿Cómo era posible que el intendente y los concejales hayan autorizado algo así, sin hablar con nosotros, los vecinos que íbamos a resultar perjudicados?
Felicita Robles, una de las más activas pobladoras en la lucha por el agua de Zanja Jhũ, narra en el siguiente video como fue el proceso del despertar ciudadano ante el problema, con una fuerte participación de las mujeres:
Corregir la “metida de pata”
La alarma empezó a correr por la población… y llegó rápidamente al propio intendente Martínez y a los concejales.
¿Qué fue lo que habían hecho?
Roberto Agüero, uno de los nueve ediles municipales de Atyrá, admite que él no votó a favor de la autorización a Highlands Park en la sesión de la Junta, aunque tampoco se opuso, porque le parecía que todo estaba en regla, pero cuando se enteró de que los pobladores estaban alarmados ante el posible despojo de su agua, fue hasta la compañía Zanja Jhũ, a reunirse con el profesor Ismael Candia y enterarse mejor de lo que estaba sucediendo.
En el siguiente video, el concejal Agüero explica con reveladores detalles cómo los vecinos se fueron organizando para exigir que las autoridades municipales corrijan la “metida de pata”, al autorizar la oscura operación de la empresa multinacional:
Cuando hubo plena conciencia de que la comunidad atyreña sería perjudicada por la operación empresarial, el intendente Martínez, acompañado de varios concejales, promovió una audiencia pública con los vecinos de Zanja Jhũ, para analizar el tema.
Fue una reunión de ánimos exaltados y mucha tensión ante la crisis, en donde el jefe comunal aceptó que no habían analizado a fondo el caso (“fuimos ingenuamente engañados”, admitió), pero aseguró que él se comprometía personalmente a trabajar con los concejales para anular la autorización otorgada y recurrir, junto con los pobladores, hasta las oficinas del MADES y del ERSSAN, en Asunción, para aclarar la situación y hacer cumplir la voluntad de los pobladores.
En enero, los concejales estaban de vacaciones y la Junta Municipal se encontraba en receso, pero ante la gravedad de la crisis, se dieron cita a una sesión extraordinaria el viernes 3 de enero de 2005, en donde emitieron la Resolución JM N° 3/05, “que revoca la resolución JM N° 198/2024” que autorizaba a Highlands Park y Lagoon a excavar las veredas para llevar el agua desde su pozo amurallado hasta San Bernardino.
Igualmente, el lunes 27 de enero, una delegación compuesta por el intendente Martínez, varios concejales y dirigentes de la comunidad de Zanja Jhũ, viajaron a Asunción para reunirse con el ministro del MADES, Rolando De Barros Barreto y la presidenta del ERSSAN, Cristina Muñoz, oportunidad en que pudieron aclarar que no existía licencia ambiental ni autorización ministerial por parte del MADES para el sistema de llevar agua a San Bernardino desde Atyrá y que la Municipalidad local tenía plena autonomía y máxima autoridad para autorizar o denegar el pedido.
Ese mismo día, la página oficial de la Municipalidad en Facebook informó sobre el viaje de la delegación, compartió fotos y comunicó lo siguiente:
“La Municipalidad de Atyrá comunica a la ciudadanía, preocupada por la situación de crisis generada por la instalación de un pozo profundo en la compañía Zanja Jhũ para alimentar de agua a un barrio cerrado en la ciudad de San Bernardino; que, el Intendente Juan Ramón Martínez Saldívar, acompañado de concejales municipales y diferentes líderes de comunidad han concurrido a las oficinas del MADES y ERSSAN, de donde han recogido los procedimientos que se deben realizar para salvaguardar los intereses de la comunidad, en éste caso el agua.
El Intendente solicitará una nueva reunión extraordinaria de la Junta Municipal para tratar la ampliación de la resolución que revocará la autorización de perforación superficial de veredas, incluyendo los siguientes puntos:
1. Comunicar la prohibición de innovar dentro del proyecto de explotación de agua, (en el lugar indicado) por carecer de aprobación de la Municipalidad.
2. Revocar el permiso otorgado por resolución Municipal.
3. Intimar el retiro de los caños colocados en el plazo perentorio.
4. Remitir el expediente al juzgado de faltas para la aplicación de sanciones por ejecutar un proyecto sin la debida aprobación de la Municipalidad de Atyrá”
El viernes 31 de enero, suspendiendo sus vacaciones, los concejales volvieron a reunirse para ampliar la resolución que anulaba la autorización dada a la empresa Highlands Park, estableciendo sanciones más específicas:
En el artículo segundo de la resolución, se resuelve “intimar a la firma Highlands Park & Lagoon SA a retirar las cañerías en el plazo de 5 (cinco) días hábiles”.
En el artículo tercero se decide “prohibir la realización de mejoras dentro del inmueble individualizado como Finca N° D04/12375, ubicado en la compañía Zanja Jhũ de la ciudad de Atyrá”.
Una batalla judicial
De acuerdo al testimonio de los pobladores, la empresa Highlands no acató la disposición de suspender los trabajos ni de retirar los caños ya instalados en Zanja Jhũ. Por el contrario, aseguran que pudieron ver que los obreros seguían trabajando, y cuando lo intentaron impedir, aparecieron policías y una asistente fiscal de la ciudad de Itauguá, explicando que la empresa había apelado la ordenanza de la Municipalidad y que contaban con una orden judicial para continuar con los trabajos.
El martes 12 se cumplía el plazo dado por la Municipalidad, a partir de la fecha de la notificación recibida por la empresa, pero en Zanja Jhũ no hubo señales de que la gente de Highlands esté dispuesta a acatar las disposiciones.
En ausencia del intendente Martínez (quien viajó a Extremadura, España, para un intercambio de experiencias de gestión), el presidente de la Junta Municipal e intendente interino, Wualberto Figueredo Saguier, dispuso que la asesoría jurídica municipal disponga la clausura del pozo artesiano de Highlands en Zanja Jhũ y que un equipo de obreros de la comuna, con la ayuda de un tractor motoniveladora, proceda a excavar y retirar parcialmente los caños ya instalados en las veredas, a un metro de profundidad bajo tierra, el día miércoles 12 de febrero.
Paralelamente, los dirigentes de la comunidad convocaron a una movilización vecinal para acompañar los trabajos y asegurar que no haya marcha atrás, ya que temían que la empresa logre apoyo judicial externo para frenar el desalojo.
Una victoria ciudadana
Poco antes de las 9 del miércoles 12, más de una veintena de pobladores se concentraron en la Escuela Brígido Rodríguez de Zanja Jhũ, para marchar desde allí con cánticos y banderas hasta la zona de conflicto.
A media mañana ya se habían reunido más de medio centenar de vecinos, protegidos por un cordón de policías, a medida en que llegaban las autoridades y los obreros municipales.
El local amurallado de la empresa Highlands permanecía cerrado y un solitario funcionario, con uniforme de guardia de seguridad, salió a atender a los concejales, quienes avisaron que el pozo artesiano quedaba intervenido por orden municipal y pegaron sendos carteles por el portón, con la leyenda “Clausurado – Resolución Junta Municipal N° 04/2025”.
—Aquí no se encuentra ningún directivo de la empresa —informó el funcionario de seguridad—. Solo estoy yo. Me han autorizado a recibir y firmar cualquier notificación.
La abogada Lía Ojeda, asesora jurídica de la Intendencia de Atyrá, le entregó una notificación al funcionario, mencionando que una nueva resolución de la Intendencia Municipal, con fecha de ese mismo día, 12 de agosto, establece:
“1). Disponer como medida de urgencia el retiro inmediato de las cañerías de distribución, en forma parcial, ubicadas en la vía pública, en la compañía Zanja Jhũ de este distrito y la suspensión del funcionamiento del pozo artesiano ubicado en el inmueble individualizado como finca N° D04 12375, de dicha compañía, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución.
2) La suspensión es por el plazo de 60 días.
3) Comisionar al Departamento de Obras, a fin de que funcionarios de la misma procedan al retiro parcial de las cañerías ubicadas en el espacio de dominio público municipal (vereda), ubicadas en la compañía Zanja Jhũ de este distrito.
4) Comisionar a la Asesora Jurídica de la Municipalidad de Atyrá para la notificación a la empresa y a terceros que realicen actividades de obras dentro del inmueble.
5) Notificar la presente resolución a los afectados.
6) Comunicar a la Fiscalía de turno, a los efectos pertinentes.
7) Autorizar a la Asesoría Jurídica de la Intendencia Municipal a acudir en la forma dispuesta en el artículo 125 de la Ley 3.966/2010 ante el Juzgado de Paz, si necesario fuere, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 106 del citado cuerpo legal.
8) Remitir los antecedentes al Juzgado de Faltas, dentro del plazo de 48 horas.
QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS”.
Mientras el funcionario de la empresa Highlands firmaba el acuso de recibo de la intimación, a pocos metros del lugar, separados por una cinta amarilla colocada por la Policía, los integrantes de la improvisada asamblea de pobladores estallaban en vítores de júbilo y aplausos, mientras hacían resonar petardos de celebración, observando como la máquina retroexcavadora de la Municipalidad se acercaba a remover la tierra, para proceder a quitar los gruesos caños.
Entre los manifestantes encontramos a Ñeco Rabito, un legendario artista y técnico del teatro paraguayo, ex integrante del grupo Teatro Popular de Vanguardia (TVP) en los años 70, perseguido por la dictadura del general Alfredo Stroessner. Ñeco es considerado el mejor técnico iluminador de espectáculos en el Paraguay. Actualmente se encuentra jubilado, viviendo en una quinta que adquirió en la compañía Zanja Jhũ de Atyrá y como poblador se sintió muy afectado por el conflicto, uniéndose a sus vecinos en las jornadas de protesta.
En el siguiente reportaje, Ñeco Rabito comparte sus reflexiones sobre esta importante victoria ciudadana:
Las Guerras del Agua
“El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI, ya que se espera que, en el año 2025, la demanda de este elemento tan necesario para la vida humana será un 56% superior que el suministro… y quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado. Se calcula que para los 6.250 millones de habitantes de la Tierra se necesitaría ya un 20% más de agua. La pugna es entre quienes creen que el agua debe ser considerada un bien comerciable (como el trigo y el café) y quienes expresan que es un bien social relacionado con el derecho a la vida. Los alcances de la soberanía nacional y las herramientas legales son también parte de este combate”, dice Elsa Bruzzone, historiadora argentina, especialista en geopolítica, en su libro Las Guerras del Agua.
En el Paraguay, la gente tiene la idea generalizada de que si algo sobra es el agua. Somos copropietarios del Acuífero Guaraní, considerado unos de los mayores reservorios subterráneos de agua dulce.
Sin embargo, desde hace un par de años, la escasez de agua en tiempos de sequía se viene sintiendo con mayor fuerza. Los efectos del cambio climático han agudizado el problema y en diversas ciudades del país, las Juntas de Saneamiento que distribuyen el líquido vital informan que los pozos artesianos no tienen suficiente agua y deben racionar el uso, obligando a sus usuarios a pasar largas horas y días enteros sin el servicio.
Lo ocurrido en la compañía Zanja Hũ de Atyrá sienta un valioso precedente. En nuestro país no es muy frecuente que la gente reaccione por defender el agua como derecho social y menos que logre frenar un proyecto en que se ha invertido mucho dinero y cuyos accionistas tienen mucho poder e influencia entre las autoridades, pero por el momento ha sido posible frenar este despojo de un valioso recurso hídrico.
La fiebre inmobiliaria desatada en los últimos años, con la construcción de lujosos barrios cerrados con playas artificiales, por parte de grandes empresas (algunas multinacionales) que intentan adueñarse de los recursos de sectores más humildes, para el disfrute de personas con mucho poder adquisitivo, debe ser analizado con mayor detenimiento por las instituciones del sector y debidamente regulado y controlado para no perjudicar a otros.
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ENTREVISTA
Juan Ramón Martínez: “Aprendimos de esta crisis”
Desde Extremadura, España, donde se encuentra junto con el gobernador de Cordillera, Dennis Lichi, y otras autoridades del departamento, participando de un intercambio de experiencias de gestión, el intendente municipal de Atyrá, Juan Ramón Martínez, responde a las preguntas de El Otro País por vía telefónica.
—¿En que se basó la Intendencia para pedir a la Junta Municipal que autorice “la excavación superficial de la vía pública para la extensión de agua potable”? ¿Sabían que era para llevar agua desde Atyrá a un gran lujoso proyecto inmobiliario en otros municipios, a costa de restar el recurso hídrico de los pobladores de Zanja Jhũ?
—El expediente ingresó a la Municipalidad a nombre de esta empresa (Highlands Park & Lagoon). Con los recaudos y los documentos, pudiendo yo aprobarlo directamente, lo derivé a la Junta Municipal y luego de una verificación, los concejales lo sometieron a comisión, lo aprobaron y yo firmé.
Nuestro espíritu siempre fue apoyar las iniciativas privadas. En este caso, no dimensionamos todo lo que significaba, porque era un pozo que ya existía hacía más de un año. En la zona de Zanja Jhũ hay entre 20 a 25 pozos de agua excavados, sin autorización municipal.
Esta crisis nos ayudó a comprender también nuestra ignorancia sobre el alcance del municipalismo. Creíamos que autorizar un sistema de agua eran atribuciones del MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) y del ERSSAN (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), pero gracias a esta crisis aprendimos que la última palabra la tiene la Municipalidad.
Cuando se inició el conflicto, se hizo una audiencia pública con los pobladores y allí, rápidamente, comprendí la preocupación de la gente. Entonces, llamamos a una sesión extraordinaria de la Junta Municipal, en pleno periodo de receso. Los concejales en seguida revocaron la autorización para la excavación superficial, con lo cual prácticamente se solucionó el problema.
Lo fundamental en este caso es que también comprobamos que esa excavación del pozo no tiene una licencia del MADES, solo un registro ante ese ministerio, y que es la Municipalidad la que debe aprobar el proyecto. Así que, rápidamente, ampliamos la resolución y prohibimos toda innovación en la finca donde hicieron el pozo, ya que no había expediente alguno. Revocamos nuestra resolución y emplazamos a la empresa a que retire los caños que había instalado, en un plazo de cinco días, lo cual finalmente, cuando se cumplió el plazo, lo tuvo que hacer la gente de la Municipalidad.
—¿En qué momento se dieron cuenta de que la resolución municipal de autorizar el sistema de llevar el agua al barrio cerrado, podía perjudicar a los pobladores y decidieron anular la resolución, pasando a acompañar el reclamo vecinal?
—Hay que reconocer que nosotros, o sea, yo personalmente, como los concejales, veníamos acusando al MADES por diferentes daños ambientales que se estaban dando en la comunidad, por una supuesta licencia no existente, porque según el MADES ellos no tienen atribuciones ejecutivas, sino que ellos solamente toman nota de la existencia del proyecto y es la Municipalidad la que debe decidir al respecto.
A nosotros, cuando nos llegó la declaración de la empresa con una autorización del ERSSAN, creímos que era ya un proyecto consumado, por lo que acabamos también autorizando. Con esta crisis, yo personalmente, como intendente Municipal, he aprendido una lección, al igual que también probablemente los concejales.
Más que buscar culpables, yo quiero reconocer una ignorancia que he mantenido por mucho tiempo acerca de nuestras atribuciones en el manejo del agua.
De ahora en adelante, gracias al reclamo y a la movilización de la comunidad, podemos incorporar un mejor conocimiento al respecto y creo que también la comunidad ha aprendido a defender su derecho sobre el uso del agua. Esto nos permitirá verificar y regularizar los casos de los 20 o 25 pozos ya excavados que existen en la zona, quizás para establecer una ordenanza municipal que regule la perforación de pozos profundos y ayude a proteger mejor un recurso hídrico que pertenece a todos los pobladores.
—¿Existieron los presuntos permisos, ya otorgados por el MADES y el ERSSAN, en los que supuestamente se fundamentó el pedido de autorización municipal?
—Como ya he señalado, entendimos que la empresa tenía autorización y licencia ambiental de estas instituciones, que el MADES había otorgado la licencia arbitrariamente, sin nuestra participación municipal y no nos quedaba otra opción que autorizar también, hasta que la propia comunidad nos motivó a revisar mejor el caso.
Lo ocurrido nos da la oportunidad de revisar minuciosamente, en adelante, todos los proyectos de intervención dentro de nuestra comunidad.
Yo creo que no se va a volver a repetir un caso como este, del cual todos hemos aprendido.
Hoy tenemos que celebrar, porque demostramos que nuestra institución municipal tampoco se ha involucrado en hechos que puedan significar tomar partido en favor de una multinacional, por prebendas o por coimas, sino que está acompañando el reclamo de la gente.
Hemos establecido un esquema de intervención con asesoría jurídica y con la fuerza que nos da la autonomía municipal. Hemos intervenido como corresponde, sin ningún complejo, porque no tenemos compromiso con nadie más que con la comunidad.
Hoy podemos decir que la ciudadanía atyreña ha demostrado una vez más su alto espíritu de civismo, a pesar de que ciertos sectores quieren atribuirse méritos o atacarnos en forma desmedida, anticipando un poco las cuestiones electorales partidarias. Respetamos todas las opiniones y podemos decir que, como administración municipal, hemos manejado esta crisis con mucha madurez. Durante mi viaje, el intendente encargado del despacho, el profesor Wualberto Figueredo, presidente de la Junta Municipal, ha actuado a la altura de las circunstancias.
Este ha sido un capítulo más de nuestra construcción cívica, de respetar todas las posiciones, de saber administrar los conflictos, de escuchar a todos y de actuar conforme a la ley.
—¿Qué lecciones deja esta experiencia a las actuales autoridades municipales de Atyrá?
—La principal lección es no volvernos soberbios ante las decisiones que tomamos, por más que ellas estén dentro del marco legal.
Lo que la Junta Municipal aprobó en un primer momento fue en el marco de la ley, pero posteriormente nos dimos cuenta de que aquello ponía en riesgo el abastecimiento de un servicio básico para la comunidad, y cuando los pobladores nos manifestaron esa preocupación, rápidamente asumimos el compromiso de defender la posición de la comunidad.
Una vez más, ha triunfado la madurez de una gestión ejercida con diplomacia, de actuar conforme a lo que corresponde, de saber convivir con la disidencia, de escuchar a las minorías y, sobre todo, de actuar en consecuencia a los intereses superiores, sin dejarnos llevar por la presión, sino actuando conforme a la lógica de la ley y de los intereses ciudadanos.
Nos queda la lección de saber reconocer cuando uno comete un error o cuando realiza acciones que puedan quebrantar la tranquilidad de la comunidad.
En nuestro caso, hemos asumido la responsabilidad de enmendar la cuestión. Creo que es un precedente que no se da en cualquier parte.
