El murmullo de las risas y charlas en el recreo se detiene para dar paso a un muy breve, pero absoluto silencio, que es seguido por la tos de niñas y niños, que se encuentran en el patio de la escuela, durante su tan ansiado receso. Algunos estudiantes alegan estar acostumbrados a ese irritante olor y van a la canchita a jugar a la pelota, mientras otros prefieren el encierro y desaprovechar el esparcimiento que ofrece el recreo, para tratar de huir de ese fétido aire. Desde el otro lado del alambrado, un líquido blanco rocía los cultivos cercanos con una llovizna invisible de veneno.
Ya sucedió antes y, ahora de nuevo, en un ciclo desesperante e infinito que viven año tras año, niñas y niños que habitan zonas rurales, rodeadas por el agronegocio y contaminadas por la constante fumigación de fuertes químicos.
Pérdida de cultivos y medios de vida
En el departamento de Alto Paraná, la tierra roja y fértil, desde hace muchos años es aprovechada por los pequeños productores. Anteriormente, tenían la libertad de cultivar yerba mate y una diversidad de verduras, para luego venderlas y contribuir a su sustento. Lo han hecho desde siempre, el trabajo en la chacra, que heredaron de sus anteriores generaciones, como medio de vida.
Hoy la realidad es distinta, los campos ya no ofrecen una diversidad de cultivos. El avance del agronegocio cubre miles de hectáreas con soja. Además del desmonte, el aumento del calor y la falta de caminos asfaltados, el principal problema radica en las constantes fumigaciones con productos tóxicos.
Estos campos, rociados con veneno, van cercando a los pequeños productores. Así lo relata Hilda Santacruz, agricultora y defensora de los derechos territoriales y ambientales, que integra la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, Conamuri.
Hilda cuenta, en un fluido guaraní y con mucho pesar en la voz, que si bien hay cultivos como el poroto, que todavía cosechan con regularidad, hay otros que ya no pueden cosechar. “En nuestra región, en Alto Paraná, ya es grande la producción (del agronegocio), entonces nuestra producción, como por ejemplo, el maíz blanco ya no sale bien, ya casi no sale”, refiere.
“Acá mucha gente está alquilando la tierra, mucha gente cultivó rama y como no se vendió, ahora volvieron a alquilar. Mucha gente cultivó la rama (semilla de mandioca) y sólo podemos vender a 300 guaraníes”, comenta.
Agrega que los pequeños productores venden muy poco la mandioca. “Es demasiado difícil vender, algunos también cultivan yerba mate y a 700 guaraníes el kilo nomás también venden”, cuenta.
Hilda afirma que las organizaciones realizaron varias manifestaciones y exigencias al Estado paraguayo, para promover la agricultura familiar, pero no tuvieron respuestas efectivas. “Esa luego es la política de ellos, para que el pequeño productor se canse, venda su lote y se vaya”, recalca.
Los efectos nocivos en la salud
Hilda, desde su experiencia de décadas en esa región, afirma que sienten mucho los efectos nocivos, no sólo en los cultivos y en los animales, sino en la salud de las personas. “Las enfermedades que más nos atacan son: la gripe, el vómito, el malestar y hay mucha alergia, los bebés desde que nacen tienen alergia. Eso es lo que más nos ataca”, agrega.
El día a día de los pobladores de zonas que son fumigadas muestra en gran medida lo que atraviesan. Sin embargo, los efectos no se quedan en el relato, hay una serie de estudios, de países de la región, que resaltan el impacto nocivo en la salud de personas que están expuestas a las fumigaciones en zonas rurales. Por ejemplo, el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de un informe reveló que la tasa de muerte por cáncer en jóvenes de comunidades fumigadas de Santa Fe, Argentina, es 2,5 mayor a la media nacional (Agencia Tierra Viva, 2024).
Asimismo, la organización Human Rights Watch, registró intoxicaciones agudas en comunidades rurales debido a la falta de control en la aplicación de plaguicidas. En Chile, el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica reportó casi 23.000 envenenamientos por agroquímicos en 10 años, los cuales son relacionados con enfermedades como leucemia y Parkinson (HRW, 2018; BCN Chile, 2016).
Una ley vigente que muchos no cumplen
En Paraguay, también hay Investigaciones, como “Escuela Rurales Fumigadas en Paraguay” hecha por BASE IS, que recopilan una serie de relatos de referentes de la comunidad. Docentes, que comparten sus experiencias, cuentan cómo el fuerte olor de las fumigaciones hace que las niñas y niños ya no quieran jugar en la canchita de la escuela o simplemente salir al recreo.
Esto, a pesar de que la Ley N° 3742, promulgada en 2009, establece el marco legal para el registro y control de los productos fitosanitarios de uso agrícola en Paraguay.
Esta ley establece una franja de protección de 100 metros para pulverización terrestre. Además, dispone que debe haber una barrera viva de 5 metros de ancho y dos metros de altura y una franja de protección de 50 metros de caminos vecinales poblados sin barrera viva, entre otras medidas de seguridad y monitoreo.
El estudio de BASE IS –realizado en 2020– reveló que 327 escuelas están ubicadas cerca de cultivos que son fumigados. De ese total, 99 enfrentan un alto riesgo de exposición; de las cuales 51 se encuentran a sólo 100 metros de monocultivos, que incumplen la distancia de seguridad establecida en el Art. 68 de la Ley 3742, por lo que son considerados ilegales.
Además, otras 48 escuelas están entre 100 y 200 metros de estos cultivos, donde la fumigación aérea está prohibida. El 80% de estas escuelas se encuentran en los departamentos de Alto Paraná e Itapúa.
Aunque se cumpliera la ley, necesita ajustes
El geógrafo e investigador de BASE IS, Miguel Lo Bianco, explica que, durante el trabajo realizado en la zona de afectación, notaron que muchas veces la distancia de la fumigación no es referencia para evitar que alcance a alguna población. Explicó que, en algunos casos, por más de que haya 2.000 o 3.000 metros de distancia, igual podía sentirse el fuerte olor.
Comenta que esto guarda relación con la fuerza de los vientos, las condiciones del terreno, la topografía del lugar, que tan plana es.
Asimismo, agrega que están buscando demostrar que no sólo hay que tener en cuenta a las escuelas en relación a la zona de fumigación. “En la escuela puede no tener efecto, pero en los caminos, si se fumiga, los niños no van (a la escuela) porque se está fumigando ese día. Y ahora, en el proyecto, lo que hicimos fue hacer un seguimiento a 16 escuelas, a ver cómo están, ver si se retrocedió, si se aplicó el protocolo o no”, señala.
La campaña comunicacional que logró un protocolo
“No fumiguen la educación”, es el nombre de la campaña que se realizó en 2022, impulsada por los hallazgos de BASE IS. A partir de eso, se articuló una plataforma a nivel de organizaciones campesinas y organizaciones estudiantiles.
Miguel Lo Bianco resalta que la campaña tuvo una repercusión, pero no la que esperaban. Desde la organización pensaron que habría un mayor impacto en la opinión pública. No obstante, lograron la aprobación de un protocolo que cataloga como muy importante.
“En el 2023, el Ministerio de Educación y Culto, MEC, aprobó un protocolo contra todas las fumigaciones en escuelas. Que fue un protocolo elaborado desde la plataforma. Se tomó ese protocolo y se aprobó. Hasta ahora sigue vigente el protocolo”, resalta.
Respecto a su trabajo, Miguel cree que el hecho de que la organización –con la que trabaja– realice visitas a la zona y publique estas investigaciones o informes, de alguna forma anima a algunas comunidades a sentir que no están solas, que alguien está mirando lo que pasa en esos lugares.
El Comité de Derechos Humanos ya dictaminó sobre esto
En agosto de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, dictaminó sobre el caso conocido como “Colonia Yeruti”. En dicho documento, refiere cuanto sigue:
“El Estado parte tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados. En este sentido, el Estado parte debe: a) investigar efectiva y exhaustivamente los hechos; b) sancionar, en las vías penales y administrativas, a todos los responsables de los hechos del presente caso; c) reparar integralmente a los autores por el daño sufrido, incluido mediante una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro”.
Escuelas y comunidades que desaparecen
Miguel Lo Bianco explica que las escuelas son un termómetro de la comunidad. “Las escuelas que son parte de una comunidad con una organización fuerte tienden a tener más barreras protectoras en el sentido, no literal. Las escuelas tienen más formas de denunciar, tienen diálogo con los productores para que no se fumiguen a ciertas horas”, manifiesta.
Agrega que las escuelas que no están en comunidad, están por desaparecer o ya desaparecieron. “Es un poco de todo, porque las comunidades van desapareciendo por el efecto del agronegocio. Entonces las escuelas cierran también, porque se mudan los vecinos por las fumigaciones, debido a lo que implica vivir rodeado de agronegocios”, subraya.
La resistencia, un camino de luchas que victorias y derrotas
Lo Bianco reconoce que es un camino muy difícil, porque a veces se encuentran con comunidades derrotadas, que pudieron ganar tres veces y perder 100. “Muchas personas dicen que van a denunciar y ganar un año y luego van a volver y va a ser peor”, comenta.
En ese contexto, asegura que las comunidades luchan desde todos los frentes: Con estudios en terreno, ordenanzas municipales, conversaciones bilaterales. Mientras que las organizaciones tratan de apoyar con campañas de comunicación, realizando estudios que evidencien lo que está sucediendo en esos lugares e informando sobre toda la ley vigente.
El experto indica que hay distintos tipos de lucha, desde los que tratan de plantar árboles alrededor de los cultivos para evitar el avance de pesticidas hasta organizaciones que tratan de atacar y se organizan para enfrentar a los tractores.
“Las comunidades están asfixiadas por la falta de comida, por la falta de camino, por la falta de estructura, entonces descomprimir un poco las dificultades que generan la fumigación, ya es una victoria para algunas y es una victoria grande, más allá de que sea momentánea”, afirma.
38 años de lucha: hay cansancio, pero también esperanza
Al igual que Lo Bianco, la agricultora Hilda Santacruz ratifica que hace mucho tiempo vienen luchando. “Ya hablamos con las autoridades, pero no funciona. Ellos (los agroganaderos) tienen plata, entonces pueden con todo. Mucho ya luchamos, pero en estos últimos tiempos, sentimos ya el cansancio”, reconoce.
Agrega que actualmente, por lo menos, piden que en las zonas fumigadas pongan la barrera viva –como se llama a la fila de árboles, arbustos o pastos que se utiliza para controlar la erosión del suelo, proteger los cultivos del viento y mejorar el paisaje, para que el impacto no sea tan grande–. “Ellos cada vez avanzan más y eso es lo único que le pedimos ahora a las autoridades”, apunta y cuenta que, a pesar del cansancio, siempre insisten en conversar con la Municipalidad.
“Nosotros siempre nos organizamos, entre las mujeres. Acá la lucha no termina, la gente pelea lo que puede, siempre tenemos esperanzas. Nos organizamos en comisiones y asociaciones, para tratar de poner un freno. Hace 38 años que estamos en esta zona, hace 38 años estamos luchando, no tenemos caminos, no tenemos luz, la mayoría somos feriantes, producimos lo que podemos y salimos a vender en ferias”, concluye.
La lucha de estas comunidades presenta soluciones provisorias, son batallas diarias y de mucha resistencia a lo largo del tiempo. Para Miguel, la única manera de encontrar una solución real consiste en que se elaboren leyes y normativas a partir de la base científica y la participación ciudadana, además del verdadero control por parte de las autoridades para que la ley se cumpla.
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