A tres semanas de las elecciones municipales, el ministro del Interior, Enrique Riera, visitó Ciudad del Este para anunciar nuevos operativos de seguridad, pero aprovechó el momento para inmiscuirse de lleno en la campaña de las elecciones municipales durante un acto oficial, realizado el 10 de septiembre, pidiendo votos para el candidato colorado Rigoberto Chamorro, a quien hizo participar del evento (a pesar de no ser funcionario estatal, sino un empresario gastronómico), atacando a su principal contendiente, el candidato a intendente del Partido Yo Creo, Daniel Mujica y al primer candidato a concejal, Miguel Prieto, buscando desprestigiar a los adversarios con el relato de que durante la primera gestión de Prieto como intendente, este «asaltó la terminal de ómnibus (…) sacó 60 funcionarios privados y nadie los defendió».
Esta es la versión que brindó Enrique Riera a los periodistas, según las declaraciones grabadas en video:
“Esta historia yo conozco desde que asaltó la terminal de ómnibus. Busquen en sus archivos y van a ver a un Prieto un poco más joven y más seco, tocando un tambor diciendo ‘La terminal es del pueblo’. Y salió el finado Nino Villasanti a decirle ‘esto está concesionado’. “¡Nooo, esto es un negociado!” (le dijo Prieto) Y sacó 60 funcionarios privados. Es como si yo entrara a tu radio, ‘El pueblo quiere la radio’ y vos tenés que salir. Nadie le defendió, nadie se movió y se tomó la Terminal. Y el tipo, que era Nino Villasanti, se murió. Era hermano de Vito Villasanti, presidente de la Rural, amigo de mi papá, me llamó desesperado y yo ingenuo, ‘mostrale el contrato’, le dije. Y sacó el contrato, ‘no esto está concesionado’, le dijo y le rompió el contrato en la cara. No hubo ningún juez, ningún fiscal que se animó a hacer justicia. Se murió peleando. Este es el que quiere ser presidente. Japoina!”.
El relato de Riera sobre este punto resulta engañoso, ya que la medida tomada en 2019 por el equipo de Mujica y Prieto fue una acción con “medida de urgencia” para recuperar la administración de la Terminal, que fue concesionada en términos irregulares por el Clan Zacarías (que había manejado el municipio por casi dos décadas) a una empresa privada ligada al anterior entorno político, que venía manejando el local con utilidad comercial a través de una concesión que debía durar hasta 2023.
La acción se tomó en base a la Resolución Nº 322 de la Intendencia Municipal, del 18 de julio de 2019, “ante las millonarias pérdidas económicas que generaba la concesión de este predio municipal e incumplimiento de varias cláusulas”, según revela esta publicación realizada por el medio digital “El mundo del bus”.
La empresa Itá Paraná S.A., representada por Benigno Villasanti Kulman, administraba la terminal de ómnibus desde 1990, por lo cual la Municipalidad dejaba de percibir cerca de un millón de dólares en forma anual, según la estimación de las autoridades.
Tras la intervención, que se realizó en medio de discusiones con los representantes de la empresa, la Intendencia Municipal, con acuerdo de la Junta, decidió destinar la recaudación de la Terminal, estimada en 500 millones de guaraníes al mes, al Consejo local de Salud para mejorar los servicios del Hospital Regional.
Una disputa jurídica compleja
Al contrario de la interpretación dada engañosamente por el ministro Riera, la recuperación de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este fue una disputa legal compleja y de alta tensión contra la empresa privada Itá Paraná S.A., la cual administraba de forma exclusiva la estación de buses durante 33 años bajo concesiones otorgadas originalmente por administraciones anteriores vinculadas al clan Zacarías Irún, pero refrendadas y apoyadas luego por dicha administración.
El conflicto comenzó el 19 de julio de 2019, cuando el intendente Prieto emitió la Resolución N° 322. La intendencia ordenó la recuperación inmediata alegando una medida de urgencia basada en el artículo 99 de la Ley Orgánica Municipal (Ley N° 3966/10), motivada por las millonarias pérdidas económicas detectadas para el municipio y el presunto incumplimiento de varias cláusulas contractuales por parte de la empresa concesionaria.
Acompañados de asesores jurídicos, una escribana pública y contingentes de la Policía Nacional, las autoridades locales ingresaron a las instalaciones y nombraron a un administrador provisorio, desplazando a la gerencia de Itá Paraná S.A.
La empresa concesionaria reaccionó en los tribunales, desatando una «guerra de resoluciones». Itá Paraná querelló al entonces intendente y a su asesora jurídica por presuntos delitos como violación de domicilio, hurto agravado y lesión de confianza, alegando que el procedimiento municipal fue un atropello ilegal. La firma promovió un juicio de amparo alegando que sus derechos contractuales vigentes habían sido vulnerados. A finales de julio de 2019, la jueza penal de garantías Nélida Alvarenga dictó una orden que obligaba a la Municipalidad a devolver la administracióna Itá Paraná.
La Municipalidad se mantuvo firme y se negó a entregar las oficinas. Paralelamente, la Junta Municipal y la Intendencia avanzaron formalmente con la anulación y rescisión definitiva de la concesión. Los asesores jurídicos del municipio argumentaron que, al haber sido ya extinguida formalmente la relación contractual por vía legislativa y administrativa local, el objeto del amparo judicial interpuesto por la empresa había quedado sin efecto jurídico real.
A finales de 2019 y mayo de 2020, la situación jurídica se decantó a favor del municipio. Los recursos presentados por la comuna y la intervención de instancias superiores terminaron por ratificar la permanencia del control municipal. En mayo de 2020, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad y acabó dando la razón a la Municipalidad de Ciudad del Este, que sigue hasta ahora administrando el local y destinando parte de las recaudaciones al sector salud, situación que pone en entredicho lo afirmado por el ministro Enrique Riera con afán proselitista a favor de su partido.
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