El tema de la educación y los derechos humanos en cuestiones de género ha vuelto a ser materia de controversia en los últimos días.
En momentos en que unos libros del programa EASE (colección de Educación en la Afectividad y Sexualidad, una adaptación del plan “12 Ciencias para la afectividad y la educación sexual”), distribuidos a las escuelas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), enfrentaban fuertes cuestionamientos políticos y sociales debido a sus enfoques sobre el machismo, la inclusión y hechos históricos, una comisión propulsora de la Iniciativa Popular «Ideología de Género es Abuso Infantil», junto a federaciones y organizaciones de padres de familia de los sectores considerados “provida” o “profamilia”, realizaba la denominada Marcha por la Vida y la Familia en el centro de Asunción, para entregar al Congreso una propuesta de modificación del Código Penal que busca imponer sanciones de hasta diez a veinte años de cárcel “a quienes promuevan o difundan contenidos que puedan alterar la percepción de niños sobre la sexualidad o su identidad biológica”.
La marcha se realizó el 21 de octubre, con una multitudinaria concentración en la Plaza de la Democracia, en la capital, pero venía siendo organizada desde varios meses antes por las agrupaciones vinculadas al Movimiento Somos Más, Muchos Más, con la participación de sectores evangélicos, organizaciones provida, profamilia y grupos de padres de familia.
Entre sus principales propulsores aparecían figuras como el gobernador del Departamento de Caaguazú, Marcelo Soto y su esposa Laura Samudio; el reconocido pastor evangélico Miguel Ortigoza, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Estudiantes del Paraguay (Fenapep) y representante en Paraguay de la organización conservadora estadounidense Capitol Ministries; la senadora colorada cartista Lizarella Valiente ; el senador también colorado cartista Gustavo Leite, entre otros. Por la organización, quienes más asumían la coordinación fueron la abogada Dannia Ríos Nacif, Cora Torres, Doris Medina y Edgar Benítez. En la organización también se incluye al movimiento “Con mis hijos no te metas”, capítulo paraguayo de una organización política ultraconservadora nacida en Perú.
De acuerdo con lo explicado por los organizadores, la Iniciativa Popular empezó a accionar en abril de 2023, “con el objetivo de modificar el artículo 135 del Código Penal, en el sentido de incorporar un inciso con nuevas conductas”, dando seguimiento a campañas y acciones anteriores en contra de los que ellos consideran “la amenaza de la ideología de género”.
Precisamente, el lema principal, tanto de la marcha como de la propuesta del proyecto de ley que busca modificar el Código Penal, expresa: “Ideología de género es abuso infantil”.
Verificando la afirmación
Aunque existe una larga discusión al respecto, varias organizaciones internacionales y pensadores sostienen que el término «ideología de género» no existe como una categoría científica o académica reconocida en las ciencias sociales, sino que es un concepto político y retórico.
Como detalle más concreto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no reconoce ni utiliza el término “ideología de género”, ya que “este no constituye una categoría científica ni un concepto académico”. En su lugar, la ONU promueve el enfoque de género y la igualdad de género como derechos humanos fundamentales.
Con respecto al enfoque de género, la organización ONU Mujer explica que se trata de “una estrategia adoptada por organismos internacionales para evaluar cómo las normas sociales, culturales e históricas influyen en las oportunidades y derechos de hombres y mujeres. Busca eliminar la discriminación y garantizar la paridad de derechos y deberes”.
Acerca de la igualdad de género, la misma organización aclara que “es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, enfocado en empoderar a todas las mujeres y niñas y poner fin a todas las formas de discriminación y violencia de género”.
También indican que “La ONU impulsa iniciativas para la despenalización universal de la homosexualidad y la protección de las personas frente a la violencia y la discriminación por su orientación sexual o identidad de género”, que sería el punto que más molesta a los sectores conservadores.
El concepto de la presunta “ideología de género” comenzó a ser utilizado en la década de 1990 por sectores de la Iglesia católica y, posteriormente, por grupos evangélicos y movimientos conservadores, especialmente tras conferencias internacionales de la ONU (como las de El Cairo en 1994 y Beijing en 1995), según destaca en un estudio la historiadora mexicana Areli Veloz Contreras, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
La experta sostiene que el término “ideología de género” es utilizado “como una etiqueta o estrategia discursiva para agrupar, cuestionar y oponerse a las políticas públicas sobre igualdad de género, los derechos de las mujeres, la diversidad sexual (LGBTIQ+) y la educación sexual integral (ESI). Los sectores que lo emplean argumentan que busca alterar el orden biológico y familiar tradicional”.
Los académicos aclaran que, más que una ideología, lo que realmente existe es el enfoque o perspectiva de género, una herramienta metodológica que busca analizar cómo se construyen socialmente los roles de hombres y mujeres para promover la igualdad de oportunidades y erradicar la discriminación y la violencia, algo muy distinto a como conciben el término los sectores conservadores.
En cambio, para la agrupaciones provida, líderes religiosos y sectores de derecha o neoconservadores, la «ideología de género» es un conjunto de ideas reales e impuestas que busca transformar la sociedad.
Afirman que esta corriente busca desvincular el sexo biológico (cromosómico y anatómico) de la identidad de las personas, promoviendo que el género es puramente una construcción cultural o una elección subjetiva.
Argumenta que la “ideología de género” amenaza a la familia tradicional. Consideran que agendas como el matrimonio igualitario, la deconstrucción de los roles tradicionales y la educación sexual inclusiva debilitan el núcleo de la familia y buscan imponer un adoctrinamiento en los niños.
En el ámbito educativo, denuncian que los currículos escolares con educación sexual integral (ESI) o enfoque de género son en realidad un mecanismo de adoctrinamiento para cambiar la percepción de la sexualidad en la infancia, tal como lo vienen sosteniendo en el proceso de batalla cultural en el Paraguay, en donde los sectores conservadores tienen mucha influencia en el actual gobierno, principalmente en el movimiento Honor Colorado, dirigido por el expresidente Horacio Cartes, aunque una actual fractura interna entre este sector y el que aglutina al presidente de la República, Santiago Alliana y el vicepresidente Pedro Alliana, ha quebrado las mayorías en las cámaras del Congreso y están permitiendo algunas posibles modificaciones de leyes más conservadoras, como la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de una declaración que insta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a derogar las resoluciones Nº 29664/2017 y Nº 1803/2025, relacionadas a la difusión y utilización de materiales educativos referentes a la teoría o ideología de género. La propuesta fue presentada por la diputada Johanna Ortega y contó con aprobación sobre tablas, algo que meses atrás no hubiera sido posible, cuando la bancada cartista era una sola y mayoritaria.
Los cuestionamientos al proyecto
La afirmación de que la «ideología de género es abuso infantil” forma parte de un intenso debate político y social, particularmente visible en Paraguay, donde agrupaciones conservadoras y sectores progresistas sostienen posturas totalmente opuestas. No existe un consenso legal ni científico que valide esta equiparación, sino un conflicto entre diferentes visiones sobre la educación, los derechos humanos y la protección de la niñez.
La propuesta entregada a autoridades del Congreso, propone agregar un inciso “c” al artículo 135 del Código Penal, con el siguiente texto: “El que elaborara, distribuyera, comercializara, promocionara, difundiera, publicara materiales impresos, digitales, visuales, audiovisuales o realizara actos que pudieran interferir, alterar o dañar la percepción natural del niño acerca de la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica, será castigado con pena privativa de libertad de cuatro a diez años”.
La propuesta fue recibida oficialmente por el senador Basilio Bachi Núñez, presidente del Congreso.
Juristas señalan que la redacción que penaliza actos o materiales que puedan «interferir, alterar o dañar la percepción natural del niño» es sumamente ambigua. Al no delimitar con precisión la conducta delictiva, viola la exigencia constitucional de que los tipos penales sean claros y taxativos, dejando un margen peligroso para la interpretación arbitraria.
La abogada Alejandra Peralta, especialista en derechos humanos, sostiene que la propuesta “desconoce modificaciones recientes de la legislación paraguaya y podría representar un retroceso en la protección de niños y adolescentes”.
Aunque los impulsores de la iniciativa aseguran que buscan endurecer las penas, el texto plantea sanciones inferiores a las que establece la legislación actual. “El problema es que los redactores utilizaron como referencia una normativa que ya fue derogada”, enfatizó.
Para Alejandra Peralta, uno de los principales riesgos de la propuesta presentada es que permitiría criminalizar materiales educativos y contenidos relacionados con la diversidad sexual y de género. Una disposición redactada en esos términos podría desatar una “cacería de brujas” en instituciones educativas y otros espacios, abriendo el camino a condenas arbitrarias por libre interpretación.
La abogada pone en duda la posibilidad de medir el supuesto daño psicológico que determinados contenidos podrían causar en niños y adolescentes. “El proyecto no establece parámetros objetivos que permitan evaluar ese impacto. La percepción es algo subjetivo, absolutamente subjetivo e imposible de establecer parámetros de medición que puede percibir un niño o una niña”, destaca.
La organización Kuña Poty, del Alto Paraná, emitió un pronunciamiento en el que afirma que “Cambiar el Código Penal no previene el abuso sexual”.
En el comunicado exige al Congreso Nacional “el rechazo total del proyecto de ley impulsado bajo la consigna Ideología de Género es Abuso Sexual Infantil«.
Kuña Poty sostiene que la propuesta presentada al Poder Legislativo contradice los siguientes derechos constitucionales:
# Libre expresión de la personalidad (artículo 25 de la Constitución).
# Libertad de expresión (artículo 26).
#El derecho a la igualdad (artículo 46).
# Derecho a la protección contra la violencia (artículo 60).
# Derecho a la educación y sus fines (artículo 73).
# El derecho a aprender y de la libertad de enseñar (artículo 74).
Un pronunciamiento de 36 organizaciones
Un total de 36 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la defensa de derechos suscriben un pronunciamiento en el que sostienen: La infancia no se protege con mentiras ni con leyes que restringen derechos: exigimos medidas concretas contra el abuso sexual.
En el documento, señalan: “las mujeres, madres y padres, tías y tíos, abuelas y abuelos, hermanas y hermanos, madrinas y padrinos, tutores y tutoras que defendemos una infancia libre de toda forma de violencia manifestamos nuestro rechazo y profunda preocupación ante el proyecto de ley que pretende modificar el artículo 135 del Código Penal. Lejos de ofrecer respuestas concretas al abuso sexual, esta iniciativa se sostiene en argumentos ideológicos que desvían la atención de las verdaderas necesidades de la niñez y pueden poner en riesgo derechos fundamentales”.
Destacan a que el proyecto es impulsado por sectores político-religiosos que pretenden convertir sus creencias particulares en normas obligatorias para toda la sociedad. “Repudiamos que se utilice la vida y el bienestar de niños, niñas y adolescentes como instrumento de disputas ideológicas e intereses electorales. La protección de la niñez es un asunto demasiado serio para someterlo mediante la desinformación, la manipulación y la fabricación de enemigos”, refieren.
“El proyecto tampoco define con claridad qué entiende por «ideología de género» y utiliza conceptos amplios y ambiguos que pueden abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias. Se busca confundir deliberadamente la perspectiva de género —una herramienta de análisis utilizada en las ciencias sociales— con supuestas amenazas a la niñez. Además de sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión, de pensamiento, de prensa y de cátedra, nos preocupa que este tipo de iniciativas contribuya a legitimar la persecución y la discriminación contra quienes no responden a los mandatos tradicionales de género y sexualidad”, afirman en el mismo texto.
Del mismo modo, indican: “Nos preocupa especialmente que se termine criminalizando la existencia de las personas trans y de la comunidad LGBTIQ+, incluso por estar en la calle, expresar su identidad de género o vivir libremente su sexualidad. Ninguna identidad, expresión de género u orientación sexual constituye, por sí misma, una amenaza para la niñez. La protección de niños, niñas y adolescentes no puede utilizarse como excusa para perseguir, silenciar o excluir a una parte de la población”.
Igualmente, sostienen: “El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes existe, tiene responsables y requiere acciones urgentes. No vamos a aceptar que se utilice el dolor de las víctimas para sembrar miedo, promover prejuicios o restringir derechos. ¡Dejen de utilizar a la niñez como instrumento de manipulación política! ¡Dejen de sembrar miedo y odio! La protección de niños, niñas y adolescentes no se garantiza con discursos moralistas ni con leyes ambiguas, sino con prevención, educación, presupuesto, instituciones fortalecidas y justicia”.
El pronunciamiento está firmado por Callescuela, Feipar, Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas (APIF), Consultorio Jurídico Feminista, Plataforma Feminista Liberal, Kuña Róga, Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), Centro Paraguayo de Teatro, Maternidades Diversas, Somos Pytyvohara, JOPÓI, Asociación de Audiovisualistas, Fondo de Mujeres del Sur (FMS), Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay, Decidamos, Escalera Azul, Centro de Documentación y Estudios, Kuña Pyrenda, Casa Diversa, Fundación Vencer, Emancipa Paraguay, Kuña Sorora, Nhi Mu – teatro aéreo, Católicas por el Derecho a Decidir Paraguay, SITRAFACSO-UNA, Unión Nacional de Trabajadores Estatales (UNTE-SN), Central Nacional de Trabajadores (CNT), Equipo Mujer de la OTEP AUTÉNTICA, SERPAJ, entre varias otras organizaciones.
La Arquidiócesis decidió no apoyar
Un detalle llamativo fue que el cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción y principal figura de la Iglesia Católica paraguaya comunicó varios días antes que no apoyaba la Marcha por la Vida ni la propuesta de modificar el Código Penal.
En respuesta a una nota en que los organizadores habían invitado al Cardenal Martínez a participar de la marcha, una nota firmada por el secretario canciller, padre Aldo Bernal, fechada el 12 de octubre, comunicaba que el Arzobispado de Asunción decidió no asumir institucionalmente la convocatoria ni difundir como propia la marcha del 21 de octubre.
La Iglesia aclaró que la propuesta de ley que impulsa el grupo (bajo la consigna «La ideología de género es abuso infantil«) “merece una consideración serena y un estudio atento en sus dimensiones jurídicas y pastorales”, destacando que que solicitó a expertos una opinión jurídica sobre la modificación legislativa.
“Mientras ese análisis y el discernimiento pastoral estén en curso, el Arzobispado no asumirá institucionalmente la convocatoria ni la difundirá como una convocatoria propia”, decía la nota.
Como otro detalle llamativo, la respuesta del Arzobispado citaba la exhortación apostólica Amoris laetitia, en la que el Papa Francisco sostiene que “toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto. En ese mismo pasaje, pide evitar toda forma de discriminación injusta, así como cualquier agresión o violencia. Este respeto a cada persona forma parte de la enseñanza de la Iglesia”.
El tono de la nota, así como las citas que contiene, fueron interpretadas como una sutil desautorización a la iniciativa de la Marcha y del proyecto de ley.
Una actitud muy diferente asumió el obispo emérito de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, conocido por sus posturas ultraconservadoras, quien invitó a la marcha, acudió personalmente y pronunció un mensaje de apoyo desde el estrado.
