Pobladores se movilizan para impedir que la soja contamine el Cerro Tres Kandú

Una larga lucha de pobladores de la localidad de General Eugenio Garay, Guairá, vuelve a recrudecer ante la arremetida de un productor sojero brasileño, quien, tras haber sido condenado por delitos ambientales, inició de nuevo la siembra extensiva de soja con el uso de productos agrotóxicos cerca de sus viviendas, en la zona del Cerro Tres Kandú, amenazando con contaminar el tanque comunitario de agua potable y el patrimonio natural. Cuestionan el poco apoyo de las autoridades y no confían en las acciones del MADES.

Desde hace días, la mayoría de los pobladores de la histórica localidad de General Alejandrino Garay, la antigua Chararã, en el Departamento de Guairá, a 215 kilómetros de Asunción, viven en un estado de alerta y zozobra permanente. Una amenaza que creían que ya había quedado atrás hace casi un año, cuando la Fiscalía de Medio Ambiente obtuvo sentencias condenatorias en dos causas penales por delitos ambientales, contra el productor sojero de origen brasileño José Carlos Casagrande, por el hecho punible de incumplimiento de medidas de mitigación, previsto en la Ley n.° 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente», recientemente se ha reinstaurado, cuando el mismo empresario agrícola inició tareas para la siembra extensiva de soja junto al área donde los pobladores tienen su pozo artesiano y su tanque de distribución de agua potable, con el grave riesgo de contaminación con los productos agrotóxicos.

El conflicto afecta directamente al entorno de uno de los destinos turísticos y patrimonios naturales más valorados, el Cerro Tres Kandú, en la Cordillera del Ybytyruzú, que constituye el punto más alto del Paraguay, con 842 metros sobre el nivel del mar, uno de los recursos más defendidos por los pobladores.

La imagen áerea muestra el campo sembrado de soja muy cerca del tanque comunitario y del pozo artesiano. / Gentileza

Condenado pero libre

La lucha de los pobladores contra la contaminación de los cultivos de soja empezó en 2023, cuando el empresario brasileño Casagrande puso en marcha su emprendimiento de agronegocio en la zona del Cerro Tres Kandu, afectando directamente al sector donde la Junta de Saneamiento local mantiene un pozo artesiano y un tanque de provisión de agua potable, como al área de reserva del Yvytyruzú.

Tras diversas movilizaciones, lograron la promulgación de la Ordenanza N° 9/2024 de la Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay, «Por la cual se crea la Zona de Fomento y Conservación Municipal para el Desarrollo Sostenible y la Salud Ambiental en Gral. Eugenio A. Garay, y se prohíben el monocultivo de soja y los agroquímicos asociados a su cultivo«. La normativa busca proteger las fuentes de agua potable, la salud de los pobladores y el entorno natural de la Cordillera del Ybytyruzú y el Cerro Tres Kandú. La validez de la ordenanza fue reconocida por la sentencia judicial (S.D. 227/2024).

La lucha de los pobladores también logró que Casagrande sea procesado y que, en diciembre de 2025, reciba dos condenas de un año y seis meses de prisión cada una por incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, pero el tribunal de Villarrica suspendió la ejecución de ambas penas a prueba por un plazo de dos años. El productor quedó en libertad bajo reglas de conducta en lugar de ir a prisión y pudo volver a amenazar a los pobladores.

Hace pocos días, Casagrande volvió a las andadas. Sus maquinarias empezaron a preparar el terreno para la siembra de soja en el mismo sector cercano al pozo artesiano y el tanque comunitario de distribución de agua potable, lo cual también reactivó la movilización de los pobladores.

El intendente de Garay, Arsenio Jara Rotela, presentó una denuncia policial con la firma de numerosos pobladores, reclamando por el nuevo atropello. Tras las denuncias, la fiscal Jadiyi Ortiz tomó intervención, comprobando que el sojero ya había iniciado la siembra.

Ante el requerimiento fiscal, Casagrande presentó documentos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para justificar sus trabajos de siembra y fumigación. El empresario sostiene que esta licencia nacional tiene mayor jerarquía legal que las prohibiciones locales.

Ante la presión ciudadana y el choque normativo con el municipio, el MADES abrió un sumario administrativo y suspendió de forma provisoria el permiso del productor el 16 de noviembre de 2026, otorgándole 10 días hábiles para presentar descargos.

Pobladores reunidos junto al tanque comunitario y el pozo de agua, buscando defender los intereses de la comunidad ante el riesgo de contaminación. / Gentileza

A la espera de una solución

“Los pobladores no tienen mucha confianza en las autoridades, que generalmente acostumbran respaldar los intereses de estos sectores con gran poder adquisitivo, antes que garantizar los derechos comunitarios”, destaca el reconocido filósofo José Manuel Silvero, también poblador de Eugenio Garay, quien es parte de la movilización social.

El obispo de Caazapá, monseñor fray Marcelo Benítez y el cura párroco Juan Pablo Zimmerman se unieron activamente a las manifestaciones ciudadanas. En medio del conflicto, el párroco fue echado de la propiedad del brasileño.

Los pobladores y organizaciones ambientales solicitaron al Ministerio Público que pida al juzgado de ejecución revocar la suspensión condicional de la pena contra el sojero brasileño, para ordenar su encarcelamiento por reincidencia antes de que el conflicto se agrave aún más.

El periodista guaireño Juan Carlos Decoud, de la revista País, sostiene que “la posibilidad de una nueva transgresión que comprometa este servicio esencial (el agua), reviste especial gravedad, considerando las sentencias anteriores. El riesgo de contaminación por agroquímicos exige una respuesta inmediata, conforme al principio de precaución y a la prioridad jurídica del consumo humano del agua. Ningún interés económico particular justifica exponer a centenares de familias a peligros evitables, menos aun cuando existen disposiciones destinadas a proteger su salud y los recursos hídricos”.

Decoud plante además que el emblempatico cerro Tres Kandú “forma parte de un patrimonio natural protegido, fuente de agua, regulador climático y territorio de comunidades con derechos. Las amenazas que enfrenta justifican evaluar técnicamente la ampliación de su zona de amortiguamiento, nunca su debilitamiento arbitrario. Defenderlo exige que la ley prevalezca sobre la prepotencia y que su conservación deje de depender exclusivamente del coraje de los pobladores ante la insuficiencia de las instituciones”.

Otra vista de la zona de conflicto, con el imponente Cerro Tres Kandú al fondo. / Gentileza
Momento de la intervención de las autoridades ante el conflicto. La resolución aún no está decidida. / Gentileza

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