Nacido en Asunción, hijo de Ana Morra y Santiago Leguizamón. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción con cursos de especialización en Derecho Penal en el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal y masterando en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Actualmente trabaja en la Coordinadora por los derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y es investigador sobre temas penales y penitenciarios. Abogado y activo colaborador de la Federación Nacional Campesina. Fue comisionado (2016-2020) y presidente (2019) del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), también Coordinador del Equipo Jurídico de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. En Argentina fue abogado del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires e investigador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia sobre causas penales de corrupción. Ha realizado y coordinado investigaciones, escrito artículos, protocolos de monitoreos, informes de trabajo, entre otros documentos relacionados a derechos humanos en general y específicamente sobre el funcionamiento del sistema penal, el sistema penitenciario y el sistema de privación de libertad de adolescentes, la criminalización de la lucha campesina y la protesta social, impunidad en casos de torturas y malos tratos, entre otros.
Es hijo del primer mártir del periodismo post-dictatura en el país, el comunicador Santiago Leguizamón, asesinado en 1991 por sicarios de la mafia fronteriza, en represalia por sus investigaciones sobre narcotráfico y crimen organizado. Ante la falta de voluntad del Estado paraguayo en investigar el crimen, la familia con el apoyo de las organizaciones de periodistas presentó el caso de Santiago Leguizamón ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dante asumió la representación del caso en colaboración con otros profesionales. La CIDH concluyó que el Estado paraguayo violó derechos del periodista y sus familiares, y presentó la demanda ante la Corte IDH. Finalmente, el gobierno paraguayo decidió allanarse ante la demanda y aceptar la responsabilidad del Estado.
