En la mañana del 11 de setiembre de 2024 llegamos a la ciudad de Carlos Antonio López, al Norte de Itapúa, a 380 kilómetros de Asunción, en busca de datos acerca de Ángela Acosta, quien integraba la lista de hasta entonces 21 periodistas asesinados en el Paraguay, y una de las tres mujeres comunicadoras que integraban esa lista.
De Ángela sabíamos muy poco. Los datos de su biografía en los informes de derechos humanos sobre crímenes de periodista hasta entonces eran muy escasos. Ni quiera había una foto de ella y siempre se la mostraba como una silueta negra, desconocida.
Cuando a mediados de 2024 la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) nos encargó realizar una investigación pormenorizada sobre los crímenes de silenciamiento contra periodistas, en los propios territorios donde ocurrieron, lo hicimos con muchas reservas, porque sabíamos que en muchas de esas regiones aún imperan las mafias que tuvieron participación en esos asesinatos y que cualquier intento de remover los casos les podía llegar a incomodar.
Además, sabíamos que muchos familiares y testigos tenían miedo de hablar de esos temas, otros se habían tenido que mudar, incluso cortar vínculos con lo que había sucedido.
De modo que emprendimos los viajes sin hacer citas previas con los posibles entrevistados, para no alertar anticipadamente de nuestra presencia.
De Ángela Acosta sabíamos que fue hallada muerta el 21 de diciembre de 2006 con una herida de bala en un camino vecinal de la ciudad de Mayor Otaño, y el principal acusado fue su pareja sentimental, el agente de Policía Agustín Alfonso Verón.
Sabíamos que Ángela había sido una comunicadora popular que vivía en la ciudad de Mayor Otaño, que había mantenido programas en la emisora comunitaria Radio Naipí FM, de la ciudad de Carlos Antonio López, hasta el día en que apareció asesinada. Así que, tras buscar datos sobre esa radio, encontramos que aún estaba funcionando y que su propietaria y directora era Gloria Pereira. una popular comunicadora local, que realiza programas radiales y transmite desde las redes sociales con el nombre artístico de Glorieta Bella.
Pudimos conseguir su número de teléfono y al llegar a la ciudad, la llamamos. Nos atendió. En principio se mostró amable, pero cuando le dijimos que queríamos hablar sobre una antigua locutora de la emisora, asesinada en 2006, se mostró cortante.
Le explicamos que queríamos conocer cómo fue el paso de Ángela Acosta por su emisora, de qué hablaba en sus programas como para que la asesinen, pero ella nos interrumpió en forma tajante:
—¡No quiero hablar de cosas políticas! —exclamó
Cortó la llamada.
Después, ya no atendió el teléfono.
Tras llegar a la ciudad, buscamos el local de Radio Naipí 92.5 FM, instalada en una pequeña y coqueta vivienda. La puerta estaba cerrada, pero escuchamos que se estaba transmitiendo una programación desde el interior. Llamamos varias veces, pero la puerta no se abrió. Una chica apareció en la vivienda vecina, le dijimos que estábamos buscando a la directora de la radio, Gloria Pereira, prometió avisarle, entró por la parte trasera de la casa, pero ya no regresó. Al cabo de una larga espera, decidimos retirarnos. No queríamos forzar a quien no quería hablar. Al parecer, el nombre de Ángela Acosta era una cuestión molesta.
En la señal de la radio, 92.5 FM, solo se pasaba música, reguetones frenéticos y propagandas comerciales. Luego se transmitió un acto de inauguración desde la seccional colorada. Si acaso alguna vez hubo un periodismo crítico en la radio, por el cual mataron a Ángela, había quedado perdido en el tiempo.
En la rotonda de la avenida principal, una colorida estatua del presidente Carlos Antonio López, creador del primer periódico paraguayo en 1845, nos daba la bienvenida con su mutismo de monumento histórico. La estatua de Carlos Antonio López tampoco quería hablar de Ángela Acosta.
Rompiendo el silencio
Fuimos hasta la ciudad de Mayor Otaño, a 10 kilómetros de Carlos Antonio López, buscando la huella de Ángela Acosta.
Allí la historia fue muy diferente.
Llegamos hasta el local de la emisora Estación 101 FM Paraná Pytú, en donde su propietaria, Lourdes López de Lovera, sola hace prácticamente de todo: locución, leer noticias, pasar música y avisos, recibir a los visitantes. Además de ser comunicadora, es concejal municipal por la Alianza y se mostró más que dispuesta a hablarnos de los casos de los dos periodistas asesinados en la región: Ángela Acosta y Tito Palma.
“A Ángela la conocíamos más como Marisol, que es su segundo nombre. Era una chica campesina, muy guapa, muy activa, que hacía programas de radio, colaboraba mucho con el periodista chileno Tito Palma, a quien también mataron después. Creo que los dos casos de asesinatos están muy relacionados”, nos contó.
Mayor Otaño fue durante muchos años un lugar aislado y alejado del resto del país, al igual que Carlos Antonio López, zona de obrajes, de inmensos naranjales, también de tráfico ilegal con la Argentina, debido a su ubicación fronteriza a orillas del río Paraná.
“Mucha gente que tenía cuentas pendientes con la Justicia venía aquí a refugiarse, porque era difícil que los encuentren. Ahora eso cambió con la nueva ruta asfaltada que nos conecta con el resto del país, con más instituciones y una sociedad que va despertando, pero todavía existen muchos problemas, hay tráfico ilegal y la influencia de caudillos políticos, que no quieren que el periodismo denuncie sus fechorías”, dijo Lourdes.
El veterano periodista encarnaceno Juan Augusto Roa, corresponsal del diario ABC Color en Itapúa, afirma que Mayor Otaño “está en el límite del departamento de Itapúa con Alto Paraná, como muchas otras ciudades de fronteras es una zona de producción y paso de drogas desde hace mucho tiempo. Hay cultivos de marihuana y una gran actividad delictiva, por la facilidad del cruce a la Argentina, porque hay una frontera extensa del Rio Paraná, difícilmente controlable. Con una canoa de remo se puede cruzar el rio, y dentro de ese contexto operan las mafias locales, en alianzas con otra, que utilizan la zona como vía de salida de sus mercaderías”
Lourdes López nos ayudó a llegar hasta la residencia de Lidia Méndez, tía de Ángela Marisol. Es una casa humilde, junto a una chacra, en el popular barrio 8 de Diciembre, de Mayor Otaño. Ña Lidia es una mujer campesina que habla en guaraní. Ella recuerda con cariño y aflicción a su sobrina asesinada.
“Marisol es hija de mi hermana. Ellos son de una compañía agrícola, Santa Rosa. Ella vino siendo muy joven a la ciudad, para seguir su colegio. Era una chica muy sacrificada, muy inteligente, con muchas ganas de estudiar y con mucho esfuerzo pudo terminar su colegio. Se embarazó muy joven, tuvo una hija que le parece mucho a su mamá, pero igual ella siguió estudiando y trabajando, haciendo sus programas en las radios. Le gustaba mucho la comunicación, hacía programas en guaraní y era muy escuchada”, nos contó.
Así pudimos conocer más de cerca la historia de Ángela Marisol Acosta, hablar con su única hija, saber qué tipo de periodismo realizaba con mucha precariedad y valentía, obtener por primera vez fotografías de ella, ponerle un rostro a la silueta negra que hasta entonces se difundía.
La historia completa de Ángela Marisol, al igual que la de otros 21 periodistas asesinados, la pueden leer en el informe Rompiendo el Silencio, el cual pueden descargar gratuitamente en su versión pdf en este enlace, u obtener una copia impresa, si se encuentra disponible, con los integrantes de Codehupy.
Denunciando la impunidad
El caso de Ángela Acosta es solamente un ejemplo de lo que pudimos encontrar durante el trabajo de investigación para este informe.
Su asesinato quedó en absoluta impunidad. El expediente fiscal y judicial está perdido. Se catalogó su caso como “crimen pasional”, aunque los datos apuntan a un homicidio para castigar su trabajo periodístico. El episodio está estrechamente relacionado con el asesinato del periodista chileno Tito Palma, ocurrido el 22 de agosto de 2007, también en impunidad total.
Igualmente, el caso de otra periodista, Yamila Cantero Cabrera, hallada muerta con su pareja policía el 6 de julio de 2002 en San Patricio, se presentó oficialmente como “crimen pasional”, pero sus familiares y colegas sostiene que fue un asesinato encubierto, en represalia por sus denuncias en la radio donde trabajaba. El expediente del Caso Yamila tampoco pudo ser encontrada en el sistema judicial. Las muertes de las dos mujeres han sido las más invisibilizadas y las más silenciadas por el sistema.
Entre los casos llamativos, también encontramos por primera vez imágenes de Calixto Mendoza, un joven campesino que también se hizo comunicador popular con mucho esfuerzo en Radio Yby Yaú, Concepción. Su muerte, ocurrida el 2 de marzo de 1997, se archivó como accidente de tránsito, cuando sus familiares y colegas sostienen que fue muerto a golpes, en represalia por sus denuncias.
El hallazgo más importante fue el del asesinato de otro periodista campesino, Arsenio López Martínez, muerto por sicarios en un camino rural de Itakyry, Alto Paraná, el 12 de febrero de 2014, cuando se dirigía al asentamiento Chino Kue, donde dirigía una radio comunitaria. López Martínez era miembro de ASAGRAPA (Asociación de Agricultores del Alto Paraná) y fue presentado como supuesto involucrado en el asesinato de su compañero periodista radial Merardo Romero, por los integrantes de un clan político que manejan el poder en Itakyry desde hace dos décadas, pero hay muchos testimonio y evidencias que prueban lo contrario. López Martínez se convierte en el 22 periodista asesinado que se incorpora a la lista.
También relevamos errores anteriores en las fotos del periodista Merardo Romero, ya que la foto que publicaban los medios de comunicación en realidad correspondía al intendente de Itakyry, Miguel Soria, a quien se involucró en el asesinato del comunicador.
Un detalle también llamativo fue encontrar que en la casa de la mayoría de los familiares de las víctimas hay altares domésticos que recuerdan a los periodistas asesinados, con una devoción de religiosidad popular.
Un informe que clama justicia
En aproximadamente dos meses recorrimos más de 4.000 kilómetros, desde Mayor Otaño, Itapúa, en el sur, hasta Pedro Juan Caballero, Amambay, en el Norte, pasando por 20 localidades de 7 departamentos.
Encontramos distintas reacciones por parte de familiares de las víctimas, testigos, colegas periodistas, agentes de justicia.
En algunos casos hallamos sorpresa y esperanza por las posibilidades de darle visibilidad a casos que ya permanecían en el olvido más absoluto.
En otros casos hallamos que había miedo a hablar y brindar datos, porque las situaciones de violencia e impunidad en el entorno persisten, a pesar de que en la mayoría de los casos han pasado años, pero los involucrados en el crimen siguen teniendo el poder y controlan las instituciones del Estado.
El informe se presentó oficialmente ek viernes 28 de noviembre de 2024, a la mañana, en la Sala Plenaria del Congreso Nacional, con asistencia de varios parlamentarios y personas vinculadas a las organizaciones de periodistas y de derechos humanos.
Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de Codehupy e hijo del periodista asesinado Santiago Leguizamón, dijo: “La libertad de expresión debe entenderse no sólo como un derecho individual, sino como un bien público. Defender a quienes comunican, investigan y denuncian no es defender a un gremio, es cuidar el tejido democrático. Por eso, este trabajo también busca hacer visibles las estructuras de poder e impunidad que sostienen la violencia contra periodistas, y señalar que no habrá justicia posible mientras esas estructuras no se desmantelen. Recuperar la memoria de las y los periodistas silenciados es también recuperar la posibilidad de una sociedad más justa y transparente. La memoria no es un acto de nostalgia, sino un compromiso con el presente. Este informe es un homenaje, pero también un llamado a seguir defendiendo la palabra, a seguir denunciando la impunidad, a seguir creyendo que la verdad y la justicia, por más amenazadas que estén, tienen siempre la última palabra”.
Los desafíos que plantea el informe es reclamar que la Fiscalía y el Poder Judicial revisen sus actuaciones en la gran mayoría de los casos, las claras deficiencias en sus investigaciones, o las situaciones en que ni siquiera han investigado, o en otros casos directamente han tapado los crímenes y han ayudado a los acusados a escapar de la Justicia.
Por nuestra parte, desde Ñe’ẽ Raity – Espacio Creativo y nuestro medio El Otro País ha sido un gusto y un honor colaborar con la investigación y la redacción de este informe, como en la compilación del archivo fotográfico, que contó con la asesoría del Sindicato de Periodistas del Paraguaya (SPP) y la edición de un equipo de Fábrica Memética.
