# “Queremos hacer un periodismo de fondo, interpretativo, de ideas. Un periodismo que sea al mismo tiempo comprobación reiterada y estandarte de nuestra libertad. El periodismo que procuramos hacer no puede existir sin libertad…”
# “…entendemos que asumimos una posición que tiene sus riesgos. Pero hasta la vida intrascendente y opaca es riesgosa. Y correr riegos por la libertad es algo que se acerca a lo sublime…”.
# “Tenemos amigos y adversarios. No nos encandilan los primeros ni nos asustan los segundos. Tememos a los indiferentes, a los que viven amarrados en un egoísmo lleno de tinieblas…”.
# “No vamos a rehuir a nuestro compromiso. Que no les quepa la menor duda”.
Son extractos de un extenso editorial que el periodista Pablo Medina escribió para la primera edición de El Vocero, un humilde periódico regional impreso en tamaño tabloide, de solo 12 páginas, en blanco y negro, que él empezó a editar en 1994, con ayuda de sus hermanos y sus amigos, en la ciudad donde creció con su familia, Capiibary, departamento de San Pedro.
Acaso sin saberlo, el periodista estaba escribiendo un artículo que, a la vez, era un presagio de lo que podía ocurrirle a él, como a sus hermanos.
Pablo era el director y principal redactor de El Vocero. Su hermano menor, Salvador Medina, era uno de los columnistas y periodistas, además de encargarse de la publicidad, junto a su otro hermano, Gaspar. Otro de los hermanos, Francisco Javier Medina, era el gerente comercial.
Salvador fue asesinado el 5 de enero de 2001, emboscado por un sicario enmascarado, cuando acudía a una cena familiar en moto, con su hermano Gaspar, quien pudo sobrevivir. Casi dos años después, otro de los hermanos, Salomón Medina, fue asesinado a balazos en la fronteriza ciudad de La Paloma, Canindeyú, el 15 de diciembre de 2002, en circunstancias nunca aclaradas. Era docente y activo luchador social. Sus denuncias molestaban a muchos poderosos de la región. El 16 de octubre de 2014, Pablo Medina, ya muy reconocido como corresponsal del diario ABC Color en Curuguaty, era acribillado por sicarios del narcotráfico en un desolado camino próximo a Villa Ygatimí, cuando regresaba de una cobertura periodística. Junto a él fue asesinada la joven Antonia Almada, y una hermana de ella pudo salvarse tras ocultarse en el asiento trasero.
Estos fueron los tres asesinatos que marcaron trágicamente a la familia Medina Velázquez y que, como consecuencia, por el gran dolor causado, provocarían también la muerte de la mamá de todos ellos, doña Ángela Velázquez de Medina, quien falleció el miércoles 14 de enero de 2015, al no soportar una cirugía del corazón. En abril de 2022 falleció también el papá, Pablo Medina Bernal.

De todos los casos, fue el homicidio del tercer hermano el que más conmoción produjo, quizás porque Pablo era corresponsal de un importante medio periodístico, el diario ABC Color. El escándalo del crimen sacudió el avispero y facilitó una mayor revelación sobre los poderosos nexos del narcotráfico en el mundo político. Fue también el único de los 22 casos de periodistas asesinados que la Justicia paraguaya pudo investigar con eficacia, llegando a individualizar, a enjuiciar y a aplicar penas a los ejecutores, como al principal autor intelectual.
En octubre de 2024, en el proceso investigativo para elaborar este informe, llegamos hasta la granja rural de los Medina Velázquez, en Capiibary, en donde pudimos entrevistar en forma conjunta a los hermanos, Francisco, Gaspar, Delia y María Ángela. Todos ellos coinciden en rescatar la valentía, el compromiso y la entrega a su vocación de comunicadores de sus hermanos asesinados. “Sin embargo, también estamos convencidos de que, si existiera mejor seguridad en el Paraguay, con mejores condiciones de vida, con la debida protección desde el Estado a un trabajo tan importante y esencial como es el periodismo, ellos no tendrían que haber dado la vida para cumplir su trabajo y aún estarían compartiendo con nosotros”, nos dice Gaspar Medina.
Al igual que la mayoría de sus hermanos, Pablo había nacido en Yaguarón, pero siendo aún niño, la familia se mudó a Caaguazú y luego a Capiibary, donde curso sus estudios primarios y secundarios.
“Desde muy jovencito, Pablo demostró que le gustaba el periodismo. Agarraba cualquier lata de sardina para usar como micrófono y practicar locución. Después ya dirigió un periódico que hicimos a pulso aquí en Capiibary, hasta que se mudó a Curuguaty y se convirtió en corresponsal de ABC Color, donde hacia muy fuertes denuncias sobre narcotráfico, contrabando, crimen organizado. Todas sus notas aparecían con su firma y eso le ocasionó la muerte, porque desde su diario no lo resguardaban debidamente”, dice Francisco.


Los sicarios al acecho
El 16 de octubre de 2014, poco después de las 9 de la mañana, la camioneta Mitsubishi L-200, doble cabina, color blanco, conducida por Pablo Medina Velázquez, corresponsal del diario ABC Color en Canindeyú, llegó hasta la humilde vivienda de la familia Almada Chamorro, en el centro urbano de Villa Ygatimí, a 45 kilómetros al norte de Curuguaty.
Con el periodista viajaban Juana Ruth. (30) y su hermana Antonia Maribel (19), quienes vivían y estudiaban en Curuguaty, aunque sus padres residían en Ygatimí. Antonia, estudiante de análisis de sistema, colaboraba con Pablo y lo acompañaba con frecuencia en sus coberturas. Ese día, junto con su hermana, iban a aprovechar el viaje y quedarse unas horas en la casa paterna, mientras el periodista realizaba sus coberturas, pero al final decidieron solo pasar a saludar un rato a sus padres y luego acompañar el recorrido, que los llevaría a las colonias Ko’ê Porã, Ára Vera y Crescencio González.
Tras concluir las entrevistas con dirigentes campesinos de Ko’ê Porã acerca de una plaga de gusano marandova que amenazaba a los cultivos, poco después del mediodía, Pablo y sus acompañantes regresaron en la camioneta por el desolado camino de tierra hacia Ygatimí.
Pablo iba al volante. En el asiento del acompañante iba Antonia, quien se ocupaba de cebar el tereré. Detrás iba la hermana, Juana Ruth con las ventanillas de vidrios polarizados oscuros totalmente cerradas, con el aire acondicionado funcionando, para evitar que entre el polvo y el calor.
Lo que ninguno de ellos sabía era que habían estado siendo vigilados y seguidos desde el mismo momento en que la camioneta salió de Ygatimí.
Según lo estableció luego la investigación realizada por el Ministerio Público, un hombre en motocicleta los seguía a distancia en todo momento e iba informando sobre sus movimientos por llamadas de teléfono celular a otros cómplices.
El hombre de la moto era Flavio Acosta Riveros, sobrino del entonces intendente municipal de la fronteriza ciudad de Ypehú, Vilmar Neneco Acosta, denunciado reiteradas veces como presunto jefe de una banda de narcotraficantes, en una serie de publicaciones periodísticas realizadas por Pablo Medina.
Escondidos detrás de los matorrales, al costado del camino, aguardaban Wilson Acosta Márquez, hermano de Neneco, y uno de sus pistoleros más fieles, Arnaldo Javier Cabrera, quien también se desempeñaba como chofer del intendente, siempre según la versión establecida por la Fiscalía.
Aproximadamente a las 14.20, cuando la camioneta de Pablo se aproximó al lugar, los dos hombres armados y vestidos con uniformes de combate tipo camuflaje (para’i), salieron de la espesura y le hicieron señas al conductor para que detenga el vehículo.
El periodista creyó que eran militares o agentes de una tropa de elite de la Policía, ante lo cual detuvo la marcha para conversar.
Wilson Acosta le habría preguntado en guaraní: «¿Nde piko ha’e la Pablo Medina? (¿vos sos Pablo Medina?)», a lo que el periodista contestó afirmativamente.
Wilson entonces lo encañonó con la potente escopeta calibre 12, ante lo cual Medina solo alcanzó a implorar «¡Anina che jukati! (No me mates!)».
El potente disparo le segó la vida casi al instante.
El ataque fue reforzado con disparos de una pistola 9 milímetros, y los balazos alcanzaron a Antonia, quien quedó mal herida y fallecería varios minutos después.

Juana Ruth Almada, quien viajaba detrás, alcanzó a ver a los desconocidos con armas e instintivamente se agachó en el piso, ocultándose detrás del respaldar de los asientos delanteros.
Debido a los vidrios polarizados alzados de la parte trasera del vehículo, aparentemente los asesinos no se dieron cuenta de que había una tercera persona y tras cerciorarse de que Pablo Medina estaba muerto y su acompañante malherida, se alejaron con prisa del lugar.
Juana Ruth sí pudo ver sus rostros y reconocerlos luego en fotografías, lo cual la convirtió en testigo principal del caso, protegida por la Fiscalía.
Ese día, tras el ataque, aún en estado de shock, la mujer pudo tomar el teléfono celular de Pablo y llamar al último contacto con quien este había conversado, uno de los dirigentes campesinos del asentamiento Ko’ê Porã.
Fue así como en pocos minutos la terrible noticia empezó a propagarse a través de los medios electrónicos, de las radioemisoras, de las redes sociales en internet y los canales de televisión: «Periodista del diario ABC color es asesinado por sicarios de la mafia».
Era el golpe criminal más audaz que una banda del narcotráfico asestaba contra un miembro de la prensa, en este caso el corresponsal de uno de los diarios más importantes del país, generando una gran conmoción en la sociedad.
Pablo Medina se convertía en el periodista número 15 asesinado en el Paraguay de la era democrática, pero no iba a ser el último.

La narcopolítica al desnudo
El asesinato de Pablo y Antonia, además de causar un gran shock en toda la sociedad paraguaya, puso en foco la dimensión que habían adquirido en los últimos años las actividades ilícitas del crimen organizado, y en particular del narcotráfico, con sus nexos directos en el mundo de la política y las instituciones del Estado, alcanzando por igual a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El impacto que el crimen provocó en los medios de comunicación y en diversas instancias de la sociedad, generando numerosas movilizaciones de protestas de los gremios periodísticos y reclamos de organizaciones internacionales, obligó a las autoridades a actuar y a responder de modo especial a la crisis.
El Ministerio Público desplegó un esfuerzo investigativo pocas veces visto y pudo individualizar en pocas semanas, con mucha precisión, que el intendente de Ypehú, Vilmar Neneco Acosta Marques fue quien ordenó el crimen.
También se estableció, principalmente a través del cruce de llamadas telefónicas, que los involucrados realizaron entre sí desde horas antes del asesinato, que los ejecutores del crimen eran Wilson Acosta Marques (hermano de Neneco), Flavio Acosta Riveros (sobrino de Wilson y Neneco) y Arnaldo Javier Cabrera, chofer y sicario.
La gravedad de lo ocurrido motivó además que los principales medios periodísticos —especialmente el diario ABC Color, seguido por Última Hora—, realicen varias investigaciones a fondo sobre la realidad de la narcopolítica, reflotando aún con más fuerza lo que Pablo Medina venía publicando, mostrando cómo Neneco Acosta ejercía desde su cargo de intendente municipal de Ypehú —logrado con apoyo del oficialista Partido Colorado— una doble función paralela como jefe narco, manejando todo el mercado de producción y venta ilegal de marihuana y el tráfico de cocaína en la región, además de ser señalado por supuestamente haber ordenado el asesinato de más de una veintena de personas.
El resultado más fructífero fue lograr la detención del ex intendente Vilmar Neneco Acosta Marques, el 4 de marzo de 2015, en la ciudad de Naviraí, estado de Minas Gerais, Brasil, mediante un seguimiento de agentes policiales paraguayos, en colaboración con la policía brasileña. Se logró su extradición al Paraguay, en donde fue sometido a juicio oral y público. El 19 de diciembre de 2017, Neneco fue condenado a 29 años de cárcel, más 10 años por medida de seguridad, pena luego confirmada por la Cámara de Apelaciones de Canindeyú.
Flavio Acosta Riveros fue detenido en Brasil a inicios de 2016 y procesado en el país vecino. El 2 de diciembre del 2021 recibió una condena de 36 años de prisión a régimen cerrado (21 años por el crimen de Pablo Medina, y 15 años por el de Antonia Almada).
Wilson Acosta Marques, fue capturado en Brasil el 29 de mayo de 2020. La extradición fue rechazada por tratarse de un ciudadano brasileño y revocaron su prisión.
Por este mismo caso, Arnaldo Javier Cabrera López, fue sobreseído en la investigación por homicidio doloso, pero condenado a 5 años de prisión por omisión de aviso de un hecho punible; Fermín Ponciano Ramoa fue condenado a 2 años de prisión por producción de riesgos comunes y reducción; y Eliodoro Ramón Ibáñez, con suspensión a prueba de la ejecución de la condena de 2 años y 3 meses.

Como punto negativo, no se ha investigado en serio desde la Justicia a los sindicados como principales protectores o «padrinos políticos» del ex intendente Vilmar Neneco Acosta, entre ellos la diputada colorada y ex gobernadora de Canindeyú, Cristina Villalba, apodada «la reina del Norte», además de su hermano, el actual intendente municipal de La Paloma, Carlos «Cabrito» Villalba, y el entonces gobernador departamental, Alfonso Noria Duarte, a quienes varios indicios también ligan con las actividades fronterizas.
Por el contrario, desde las esferas más altas del Poder Ejecutivo y del Partido Colorado, se ha establecido un operativo de blanqueo del llamado «clan Villalba«. El propio presidente de la República, Horacio Cartes, en un acto oficial de inauguración de la estación de energía de Salto del Guairá, el jueves 13 de octubre de 2015, a solo tres días de conmemorarse el primer año del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada, brindó públicamente su respaldo a los cuestionados personajes, dejándose fotografiar abrazado con Villalba y Noria.

El revelador informe de la CBI Caso Medina
Otro de los logros importantes de la presión mediática y ciudadana que siguió al asesinato de Pablo y Antonia, fue que el Congreso Nacional establezca una Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2014, integrada por tres senadores y tres diputados (Arnoldo Wiens, Miguel Ángel López Perito, Luis Alberto Wagner, Olimpio Rojas, Tomas Rivas y Pablino Rodríguez).
El trabajo de la Comisión permitió, por primera vez en la historia política del Paraguay, exponer en forma pública, desde el pleno del Congreso, en base a informes e investigaciones en curso de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), los nombres de varios de los principales legisladores y políticos sospechados de mantener nexos con el narcotráfico. Sin embargo, la mayoría de ellos no han sido sometidos a procesos, ni siquiera se les ha abierto una investigación seria por parte de la Fiscalía y de la Justicia.
El informe final de la CBI sobre el caso Pablo Medina, entregado oficialmente en junio de 2015, afirma que hay «infiltración del crimen organizado» en los tres poderes del Estado; que el país se encuentra «ante un sistema delincuencial de magnitud internacional», y que se está «al borde de ser un Estado fallido«.
Además, confirma graves situaciones, como «el alto nivel de corrupción policial en la zona» de Canindeyú, «la precariedad con la que funciona el Poder Judicial«, y el reconocimiento explícito de autoridades de que el 35% de los pobladores se dedican al cultivo ilegal de la marihuana como medio de subsistencia.
Hay «ausencia de investigaciones serias y responsables sobre personas y situaciones, que son de conocimiento generalizado en las regiones en que gobierna el crimen organizado«, reconoce el informe.
También destaca el nulo interés de la Seprelad (Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) y de otros organismos en investigar a los sospechosos de tráfico ilícito y lavado de dinero,
Un punto clave que confirma el trabajo de la comisión parlamentaria fue la actuación del entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, en liberar al entonces político colorado Vilmar Neneco Acosta de un caso en que había estado preso, en el año 2011, junto con su padre, Vidal Acosta, acusados de homicidio, tras hallarse restos humanos de presuntos asesinados en una propiedad de la familia, en Ypehú.
El ministro Núñez fue quien facilitó la liberación de Neneco, a pesar del grave delito por el que estaba procesado y detenido, y de todos los indicios de que era un capo criminal, ayudando a que fuera habilitado para presentarse a elecciones, para ganar la intendencia de Ypehú, con el apoyo político del Partido Colorado y en especial del clan Villalba en la región.
«Un clan envuelto en varios casos de asesinatos es el de los Villalba y un caso señalado es el que involucra al esposo y suplente de la diputada colorada Cristina Villalba, Félix Antonio Abente, quien fue señalado en el 2005 por varios testigos como el autor del homicidio de Ramón Concepción Villamayor; sin embargo, el juez Silvio Flores lo sobreseyó del crimen«, apunta el informe.
Agrega que «otra víctima de asesinato, que supuestamente involucra al clan Villalba, es el caso de Rosimar dos Santos, quien era candidato a concejal en la localidad de La Paloma (Canindeyú) y era líder de un movimiento contrario a los intereses de la familia».
El Informe oficial de la CBI por el caso Medina fue entregado al Ministerio Público, para que inicie investigaciones sobre los puntos detectados, pero no se hizo nada al respecto. Actualmente ni siquiera se puede hallar una copia digital del informe en el sitio web del Congreso Nacional.

Una placa en medio de la nada
Cuando se cumplieron dos años del asesinato, los familiares del comunicador, con el apoyo de organizaciones sociales y gremios de periodistas, inauguraron una placa que recuerda a Pablo y Antonia, en el mismo lugar donde fueron asesinados.
«Con este acto queremos exigir un combate serio a la narcopolítica, porque hasta ahora todo queda en discursos de las autoridades. No se ha realizado una investigación seria, quienes son padrinos de los asesinos siguen en el poder», dijo en la oportunidad Dyrsen Medina, hija de Pablo.
La placa de homenaje, sostenida por un monolito de cemento y construida por la Intendencia Municipal de Villa Ygatimí, en medio del desolado camino fronterizo, dice textualmente: «Fueron unas personas muy especiales, mártires de la verdad y acallados por la mafia…».
En Capiibary, en casa de los Medina Velázquez, el recuerdo de Pablo, al igual que el de los otros hermanos fallecidos, es constante. Delia y María Ángela viven en el lugar, Gaspar ha regresado después de mucho tiempo y Francisco vive en Luque, pero cada vez que puede viene a visitar y acompañar a sus hermanas.
Francisco es determinante en su reflexión final:
“La condena de 39 años de cárcel que recibió el intendente narcotraficante que ordenó matar a mi hermano es alta, quizás la más alta que se recibió hasta ahora por la muerte de un periodista, pero para mí nunca será suficiente, porque no pone fin a la narco-política y a la corrupción que están matando al Paraguay. Todo sigue igual, en el Congreso, en el Gobierno, en las estructuras de poder, todo lo que Pablo denunciaba en sus valientes artículos, sigue plenamente vigente. Entonces, ¿de qué sirvió su muerte? En este caso se hizo justicia, pero en los casos de Salvador, de Salomón, de muchos otros periodistas, no hubo justicia. Son casos que siguen en la impunidad. Por eso, para mí, la justicia que se logró en el caso Pablo Medina no es suficiente”.

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Carátula del expediente judicial del caso Pablo Medina: “M. P. C/ ELIODORO RAMÓN IBAÑEZ ZARACHO S/ S. H. P. DE HOMICIDIO DOLOSO, PRODUCCIÓN DE RIESGOS COMUNES Y REDUCCIÓN, ARNALDO JAVIER CABRERA LÓPEZ/ S. H. P. DE OMISIÓN DE AVISO DE UN H. P., FERMÍN PONCIANO RAMOA S/ S. H. P. DE HOMICIDIO DOLOSO Y PRODUCCIÓN DE RIESGOS COMUNES, CECILIO RAMOA S/ S. H. P. DE HOMICIDIO DOLOSO Y REDUCCIÓN, VILMAR ACOSTA S/ S. H. P. DE HOMICIDIO DOLOSO Y WILSON ACOSTA MARZQUEZ S/ S. H. P. DE HOMICIDIO DOLOSO.
Juez: Carlos Martínez. Agentes fiscales: Lorenzo Lezcano y Sandra Quiñónez. Querella adhesiva: Abogados Rodolfo Aseretto y Julio C. Villanueva Acuña.
Procesados: 1) FLAVIO ACOSTA RIVEROS. Se solicitó a Brasil su extradición; fue detenido en Brasil y procesado poe estos asesinatos. El 2 de diciembre del 2021 recibió una condena de 36 años de prisión a régimen cerrado (21 años por el crimen de Pablo Medina, y 15 años por el de Antonia Almada). 2) ARNALDO JAVIER CABRERA LÓPEZ. Sobreseído en la investigación por homicidio doloso, pero condenado a 5 años de prisión por omisión de aviso de un hecho punible; 3) VILMAR “NENECO” ACOSTA. Condenado a 39 años de prisión; 4) WILSON ACOSTA MARQUEZ. Con rebeldía y orden de captura internacional. Fue detenido en Brasil el 29 de mayo del 2020. Paraguay solicitó su extradición, la que fue rechazada por tratarse de un ciudadano brasileño. Al rechazar los tribunales brasileños dicha extradición, revocaron su prisión. 5) CECILIO RAMOA. Sobreseído definitivamente de la causa por trasgresión a la ley de armas; 6) FERMÍN PONCIANO RAMOA. Condenado a 2 años de prisión por producción de riesgos comunes y reducción; y 7) ELIODORO RAMÓN IBÁÑEZ. Con suspensión a prueba de la ejecución de la condena de 2 años y 3 meses.
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Antonia Almada: La asistente a quien mataron por acompañar a un periodista
Rostro de niña, sonriente en las fotos, Antonia Maribel Almada Chamorro, de 19 años de edad, disfrutaba de aquel viaje, el jueves 16 de octubre de 2014, como si fuera un paseo de domingo, junto con su hermana mayor, Juana Ruth, de 30 años, porque era una excelente oportunidad de visitar a sus padres, residentes en Villa Ygatimí, que les quedaba en el camino.
Antonia vivía en Curuguaty, en una pieza alquilada, junto con Juana Ruth, para poder estudiar la carrera de análisis de sistema en un centro de estudios. La necesidad de trabajar para mantenerse la había puesto en contacto con Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en la región, quien necesitaba de una asistente o secretaria que lo ayude en tareas de oficina.
Aquella relación con Pablo también introdujo a Antonia al mundo del periodismo y descubrió que era algo que le apasionaba. Poco a poco, se fue involucrando más en las tareas de la corresponsalía, convirtiéndose también en una comunicadora aficionada, que acompañaba en varias coberturas o se encargaba ella misma de conseguir información para los reportes de Medina.
Cuando Pablo le contó que iba a viajar a la colonia Crescencio González, una de las bases de la Federación Nacional Campesina (FNC), para verificar una denuncia de los pobladores de que habían aparecido unas plagas amenazadoras en los cultivos, Antonia le pidió que ella y su hermana Juana Ruth puedan viajar con él, ya que eso les permitía viajar a sus padres, quienes vivían en la entrada de la ciudad de Villa Ygatimí, distante a 45 kilómetros de Curuguaty.
Los padres de las chicas, Delio Almada Giménez y María Teresa Chamorro de Almada, vivían a la entrada de la ciudad fronteriza, donde mantenían una pequeña despensa y un precario local de gomería o reparaciones de cubiertas.
En el viaje de ida, Pablo detuvo su camioneta frente a la vivienda de los Almada y las chicas pudieron abrazar a sus padres, pero en contra del plan inicial de quedarse allí a esperar al periodista mientras él iba a la cobertura, decidieron acompañarlo.
(Tiempo después, en febrero de 2016, Delio sería arrestado e imputado por la Fiscalía, acusado de haber estado involucrado en el homicidio de un jefe policial, en complicidad con un grupo dedicado al tráfico de drogas. Finalmente, la familia abandonó Ygatimí, para mudarse a un barrio periférico de Asunción).
«¡Estaban tan contentas, tan alegres, cuando se despidieron! Unas horas después llegó la triste noticia de que mataron a Pablo y a Antonia… ¡hasta ahora no puedo creer!”, nos contó la mamá, María Teresa, la primera vez que la visitamos, luego del homicidio. Ese día nos pidió encarecidamente de que no le tomemos fotos ni le grabemos ninguna entrevista, porque seguían recibiendo amenazas y tenían mucho miedo a represalias.
Diez años después, en octubre de 2024, la buscamos de nuevo para elaborar este informe, sabiendo que ya no vivían en Villa Ygatimí, pero nos hizo decir nuevamente que no quería dar entrevistas ni hacer declaraciones.

Sicarios vestidos de militares
Eran aproximadamente la 14:00 de ese jueves 16 de octubre, cuando Pablo regresaba de la cobertura en el asentamiento campesinos, con sus dos pasajeras, por el polvoriento camino de tierra hacia Curuguaty. Antonia iba a su lado, cebando tereré. Juana Ruth iba en el asiendo trasero.
Como a unos 12 kilómetros antes de llegar al cruce de Villa Ygatimí, Pablo observó que dos hombres vestidos con uniforme de camuflaje salían al camino y le hacían señas para que que se detenga. El periodista creyó que eran agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a quienes solía acompañar en operativos de destrucción de campos de marihuana, así que detuvo la marcha.
Tras preguntarle si él era el periodista Pablo Medina, y obtener la confirmación positiva, los sicarios apuntaron sus armas y empezaron a abrir fuego.
Pablo fue acribillado y las balas alcanzaron a Antonia. El periodista falleció al instante, la chica quedo malherida, pero seguía con vida. Juana Ruth se había tirado al piso del auto y quedó paralizada. Los sicarios probablemente no se percataron de su presencia, por los vidrios polarizados. Al ver que los sicarios se marchaban raudamente, Juana Ruth tomó el teléfono de Pablo y pidió auxilio. Cuando un equipo médico llegó al lugar, Antonia ya había fallecido.
Pablo recibió disparos de pistola 9 milímetros y de escopeta, Antonia proyectiles 9 milímetros.
Hubo alguna discusión acerca de si ella debe figurar o no en la lista de periodistas fallecidos, ya que no era una comunicadora profesional, pero el consenso en el gremio es que sí, ella venía cumpliendo una importante labor como asistente del corresponsal de ABC Color, por más que su muerte se produjo debido a que ese día acompañaba a quien fue elegido como blanco de los sicarios.
Una joven vida segada por la criminalidad de la narcopolítica.


La versión en pdf del libro «Rompiendo el silencio: Informe sobre crímenes de silenciamiento contra periodistas del Paraguay» se puede descargar gratuitamente en este enlace.
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