El Senado paraguayo se convirtió en escenario de un debate que hace tiempo madura en el interior del país, pero que pocas veces alcanza la visibilidad nacional. En una audiencia pública convocada por la Comisión de Recursos Naturales, el 3 de julio, la discusión sobre el uso del cianuro en la minería, con foco en Paso Yobai, encontró por fin un espacio institucional donde desarrollarse constructivamente.
La sala reunió a senadores, técnicos, representantes del Ministerio del Ambiente, productores yerbateros, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Todos con un diagnóstico compartido: el actual modelo minero, basado en la utilización de cianuro, ha desbordado los marcos de control estatal y genera consecuencias alarmantes para la salud, el ambiente y la economía local.
La propuesta que se puso sobre la mesa es clara: una ley que prohíba expresamente el uso del cianuro en todas las etapas de la minería metálica en Paraguay. Se trata de una medida de alcance nacional, sin excepciones, que responde tanto a la evidencia técnica como al clamor de las comunidades.
Los argumentos del porqué hay que parar
Los estudios ambientales presentados en la audiencia mostraron que en zonas de Paso Yobai los niveles de cianuro detectados en arroyos, suelos y hasta en cultivos como la yerba mate exceden ampliamente los límites tolerables. La preocupación ya no es sólo ambiental: es sanitaria, productiva y política.
El caso de Paso Yobai se vuelve emblemático por el volumen de actividad minera en la zona y por el modo en que esta ha avanzado. Cientos de tajos ilegales operan al margen de la regulación, sin controles efectivos ni infraestructura de contención de residuos. La formalidad existe, pero es una excepción: una sola empresa, LAMPA S.A., trabaja con permiso. El resto lo hace desde la informalidad, en un vacío normativo donde el cianuro circula sin trazabilidad, con consecuencias que pagan quienes viven cerca.
Quienes hablaron en nombre de las comunidades recordaron que no se oponen al desarrollo ni al trabajo. Pero que la forma actual de extracción minera no puede seguir siendo normalizada. El oro se lleva en camiones; el daño se queda en los arroyos, en los cuerpos, en los suelos donde la yerba ya no brota igual. Las hojas, expuestas a la contaminación, ya presentan restos del mismo veneno utilizado para separar el metal. Y esa yerba no solo pierde valor comercial: pierde seguridad, pierde confianza. En una economía campesina como la de Paso Yobai, eso significa perder el sustento.
Reconocen peligro ambiental
Desde el Ministerio de Ambiente se reconoció que la situación es crítica. Pero durante el intercambio, también hubo alegatos referentes a que una prohibición total del cianuro podría tener consecuencias económicas adversas, y que es preferible mejorar los mecanismos de control. El argumento fue recibido con escepticismo: la capacidad del Estado para fiscalizar lo que ya ocurre hoy es, por propia admisión institucional, limitada. ¿Cómo garantizar entonces que una sustancia altamente tóxica no siga circulando sin control?
Representantes del sector minero presentes en la audiencia defendieron la continuidad del uso del cianuro. Dijeron que su eliminación empujaría aún más a la clandestinidad a quienes ya trabajan con precariedad. Insistieron en que la minería puede coexistir con el ambiente si se aplican buenas prácticas. Pero los estudios sobre el terreno muestran que esas prácticas, en el actual contexto, son más excepción que regla.
En paralelo, la actividad yerbatera sigue ofreciendo una alternativa de producción local, vinculada al territorio y con potencial económico sostenible. Productores que cultivan sin agrotóxicos, que entienden el monte no como obstáculo sino como aliado, sostienen una economía que no depende de venenos ni de remediaciones futuras. Su modelo no promete riqueza rápida, pero sí permanencia, salud y arraigo.
Un paso importante pero sin lograr aún una solución concreta
La audiencia realizada a inicios de julio no solucionó el conflicto. Pero logró lo que durante años fue esquivo: colocar el problema en el centro del debate público. Nombrar lo que ocurre en Paso Yobai con claridad. Darle voz a quienes lo viven. Lo que sigue es responsabilidad del Congreso: escuchar, legislar y decidir si el país apuesta por un modelo extractivo que no ha sabido cuidarse de sí mismo, o si elige poner límites en nombre de la vida.
Mientras tanto, en las lomadas del Guairá, la yerba sigue creciendo. No lo hace sin esfuerzo, pero sí con dignidad. En cada hoja, hay una respuesta posible a la pregunta que hoy se hace el país: ¿de qué estamos dispuestos a prescindir para que lo demás pueda seguir existiendo?
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