«Pedimos disculpas y queremos dialogar» expresa un comunicado que hizo llegar a nuestra redacción la empresa Petrohue Real Estate SA, que construye el lujoso barrio cerrado Highlands Lagoon Lifestyle —ubicado entre Ypacaraí y San Bernardino— y que desde hace un año mantiene una disputa con los pobladores de la compañía Zanja Jhũ, en Atyrá, debido a la construcción de un pozo artesiano en el lugar, desde el cual pretenden llevar el agua hasta el proyecto inmobiliario, a diez kilómetros de distancia, a lo cual los vecinos se oponen terminantemente.
«Desde Petrohue Real Estate SA, expresamos nuestras sinceras disculpas a la comunidad de Atyrá y sus alrededores, por no haber compartido oportunamente la información vinculada al proyecto que fue autorizado tiempos atrás por las autoridades pertinentes, para la extracción del agua. Entendemos la preocupación que genera el cuidado del agua, un recurso vital para todo ser humano y asumimos que debimos acercarnos antes», reconocen los directivos en su comunicado.
«Hoy queremos dar ese paso: manifestamos nuestro compromiso genuino de dialogar, escuchar a la comunidad, compartir de manera abierta los resultados de los estudios hidrológicos y trabajar juntos para analizar cada inquietud y construir soluciones y programas comunitarios responsables. Creemos en el respeto, la transparencia y el trabajo conjunto como único camino posible. Estamos abiertos al diálogo. Queremos construir confianza y mejorar Atyrá juntos», agregan.

La disputa estalló en diciembre de 2024, cuando los vecinos y vecinas detectaron la instalación de gruesas cañerías diseñadas para extraer agua de un pozo artesiano local. Acusaron que el pozo se había construido sin brindarles información y que iba a consistir en un despojo de un recurso natural vital. Cuando se supo que la propia intendencia municipal de Atyrá y la Junta Departamental habían autorizado la construcción del pozo, las autoridades procedieron a anular los permisos y acompañaron la lucha de la comunidad, procediendo a retirar los caños con una topadora, alegando que la empresa no había declarado las reales intenciones del proyecto. Los antecedentes del caso se pueden leer con mayor detalles en este reportaje.
Desde entonces empezó una lucha social, jurídica y mediática con idas y vueltas, en que la empresa obtuvo órdenes judiciales para reconectar las cañerías, pero los vecinos no lo permitieron, formando barreras humanas ante los obreros, a pesar del acompañamiento de comitivas fiscales y judiciales.

El pasado 12 de noviembre se llevó a cabo una masiva “audiencia pública en defensa del agua” en la Municipalidad de Atyrá, dirigido por el intendente Juan Ramón Martínez, con asistencia del gobernador de Cordillera, Denis Lichi, los diputados por Cordillera Hugo Meza, Carlos María López y Graciela Aguilera, el intendente de Altos, Cesar Ferreira y la intendenta de Nueva Colombia, Rosa Escobar, quienes se comprometieron a apoyar la lucha de los pobladores “para evitar el despojo del agua”.
Paralelamente, la magistrada María Celeste Talavera, presidenta del Tribunal de Cuentas de la Capital, otorgó una medida cautelar a favor de la empresa para que las cañerías sean reconectadas, que motivó una declaración aprobada en Diputados, el 18 de diciembre, instando al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a solicitar copia del expediente caratulado «Petrohue Real Estate S.A. y Highlands Park & Lagoon S.A.» y a revisar la actuación de la jueza Talavera “a favor de la empresa y en contra de los pobladores”.
El conflicto escaló el pasado miércoles 17 de diciembre, cuando un nutrido número de pobladores se manifestó cerrando la Ruta PY02, a la altura del Kilómetro 48, en el Kurusu Peregrino de Caacupé, rechazando la medida cautelar de la jueza Talavera, asegurando que “no se permitirá el robo del agua de la compañía Zanja Jhũ”.
Tras este episodio, el empresario Diego Verón, CEO de la empresa Petrohue Real Estate Sociedad Anónima, cursó una nota al intendente de Atyrá, Juan Ramón Martínez, planteando mantener una reunión con los pobladores de Zanja Jhũ para brindar “información clara, técnica y veraz sobre la situación del agua en la zona”, además de ofrecer colaboración para desarrollar programas comunitarios en conjunto que ayuden a resolver los problemas.
La respuesta del intendente fue que, para propiciar el diálogo, la empresa debe comprometerse primero a desistir de todas las acciones judiciales contra los pobladores y las autoridades municipales, como a desistir de los intentos de llevar el agua del pozo en disputa.

La versión de la empresa
En este punto del conflicto, el CEO de la empresa Petrohue Real Estate, Diego Verón, por primera vez accedió a responder a las preguntas de El Otro País.
A continuación, la entrevista:
—¿Cuál era el propósito inicial de la empresa, al construir un pozo artesiano en la compañía Zanja Jhũ de Atyrá? ¿Era realmente para llevar el agua desde allí hasta el barrio cerrado Highlands Lagoon Lifestyle?
—El propósito es claro y transparente desde el primer día: asegurar el suministro de agua potable exclusivamente para los futuros residentes de nuestro complejo Highlands Lagoon Lifestyle en San Bernardino, que se ubica a 10 km de distancia. Para ello, siguiendo todos los requisitos legales, identificamos una fuente de agua adecuada y realizamos los estudios hidrogeológicos necesarios. Presentamos todas las solicitudes y planes a las autoridades competentes, obteniendo con total claridad y transparencia los permisos y habilitaciones de la Municipalidad de Atyrá (Resolución N° 198/2024 de la Junta Municipal), la Municipalidad de Ypacaraí, el MADES (Constancia de Inscripción N° 3222/2024 para Atyrá y N° 3216/2024 para Ypacaraí), y la ERSSAN (Resolución N° 02 del 22/11/2024). Esta última resolución de ERSSAN es crucial, ya que limita explícitamente nuestro servicio a uso exclusivo del proyecto Highlands, sin extenderse fuera de sus límites ni conectarse con usuarios externos en el trayecto de la aductora, respetando a los prestadores existentes. No estamos, ni estaremos, brindando agua a otras comunidades.
—Cuando diseñaron el emprendimiento, ¿no consideraron la reacción que tendrían los pobladores ante lo que ellos interpretan como un intento de sustraer un recurso hídrico, al cual consideran un bien de la comunidad?
—Comprendemos perfectamente la preocupación de la comunidad de Atyrá por un recurso tan vital como el agua. Es una inquietud legítima y por eso hemos sido extremadamente rigurosos. Nuestros estudios hidrogeológicos, realizados por prestigiosos técnicos, y auditados por las autoridades, demuestran de manera contundente que nuestra extracción no afectará el acuífero ni el abastecimiento de Atyrá. La problemática histórica de agua en la zona, como confirmaron nuestros estudios y también los diagnósticos de la ERSSAN en su Resolución N° 02, se debe a la precariedad de la infraestructura de las aguateras locales, no a una falta del recurso hídrico en sí mismo. Esta es una realidad estructural preexistente al proyecto Highlands. Queremos ser parte de la solución, no del problema, y estamos abiertos a colaborar activamente para fortalecer la infraestructura local, como hemos propuesto.
—¿Cuáles consideran que fueron los errores de procedimiento y comunicación de parte de la empresa, que permitió que se agrave este conflicto?
—Mirando hacia atrás, y con la perspectiva que da el tiempo, quizás el principal aprendizaje para nosotros, como inversores extranjeros que confían plenamente en el marco institucional, fue que debimos haber fortalecido una comunicación directa y constante con la comunidad de Atyrá desde el inicio, explicando en detalle el proyecto y los estudios técnicos, incluso antes de iniciar los trabajos. Confiamos en que las autorizaciones obtenidas de las instituciones (MADES, ERSSAN, Municipalidad) serían suficientes, pero subestimamos la importancia de un diálogo constante y cercano con los pobladores. Reconocemos este punto como un error en la estrategia de comunicación y pedimos disculpas por cualquier malentendido o preocupación generada por esta falta de acercamiento inicial. Sin embargo, queremos dejar claro que, desde el punto de vista legal y técnico, siempre hemos actuado conforme a la ley, obteniendo todas las habilitaciones correspondientes. De hecho, cuando la Municipalidad de Atyrá, sin fundamento técnico o legal, revocó nuestras autorizaciones, recurrimos a la justicia y obtuvimos dos fallos judiciales favorables del Tribunal de Cuentas, que suspendieron provisionalmente dichas revocaciones, reafirmando la legalidad de nuestras acciones. Estamos aquí para corregir, aprender y, lo más importante, trabajar de la mano en una mesa de diálogo para construir soluciones y beneficios para todos.
—A un año de idas y vueltas en lo judicial y mediático, ante la resistencia permanente de los pobladores a que se pueda usar el agua del pozo en Zanja Jhũ y la postura clara de las autoridades regionales en apoyar los reclamos de la comunidad, ¿cuáles serían los pasos de la empresa para avanzar en este proceso?
—A pesar de las idas y vueltas, nuestra voluntad es inquebrantable: avanzar en el diálogo y la construcción de confianza. El primer paso es concretar la mesa de trabajo permanente que venimos proponiendo, donde la empresa pueda no solo escuchar activamente a la comunidad y a sus representantes, sino también presentarles directamente todos los estudios técnicos y los documentos legales que avalan nuestra operación. Esto incluye los estudios hidrogeológicos, las constancias de MADES, la Resolución ERSSAN que explica nuestro uso exclusivo y no perjudicial, y las sentencias judiciales favorables que demuestran la legalidad de nuestros permisos. Queremos que entiendan la verdad técnica y legal, y que juntos, bajo la coordinación de la Gobernación y los municipios, identifiquemos planes de acción para mejorar la infraestructura hídrica de la zona. Nuestro compromiso con el desarrollo de Atyrá, reconocida como la ‘Ciudad Más Limpia del Paraguay’, es real y queremos contribuir a ese liderazgo.
—¿Tiene la empresa otras opciones de uso de agua para el proyecto inmobiliario, que no afecten los intereses de una comunidad como la de Zanja Jhũ, Atyrá?
—Nuestros rigurosos estudios hidrogeológicos y técnicos, validados por MADES y ERSSAN, confirman que la ubicación actual y nuestro volumen de extracción no afectan ni afectarán el recurso hídrico de la comunidad de Zanja Jhũ o Atyrá. La problemática de la zona, como ya hemos explicado y demuestran las evaluaciones técnicas, radica en la precariedad de la infraestructura, no en la disponibilidad del recurso. Por lo tanto, buscar ‘otras opciones’ de ubicación no cambiaría esta realidad de fondo, y seguiría sin resolver los problemas estructurales de la región. Estamos convencidos de que la verdadera solución para mejorar la calidad de vida en Atyrá y sus alrededores es, precisamente, el trabajo conjunto en la mesa de diálogo propuesta, donde autoridades, comunidad y empresa podamos diagnosticar y ejecutar planes de acción concretos para el fortalecimiento de la infraestructura y el bienestar general.
—Algo que desee agregar acerca de este conflicto.
—Nos gustaría reiterar nuestro firme compromiso con el Paraguay y con el desarrollo de esta región. Highlands es una inversión de más de 100 millones de USD que ya genera 300 empleos directos y más de 1.000 indirectos que ira aumentando a medida que avanza la obra, priorizando siempre la mano de obra local. Esto dinamiza la economía y mejora la calidad de vida de muchas familias paraguayas.
Reconocemos la importancia del agua y la preocupación legítima. Por ello, reiteramos nuestra total disposición a conversar abierta y transparentemente, con todos los datos e informaciones disponibles, para construir soluciones y beneficios tangibles para Atyrá y San Bernardino. Queremos ser un motor de progreso y confianza.

